Viveza criolla
¿Es posible que la ley sea corrupta? Sí, cuando los que legislan subordinan los intereses comunes a su propia aspiración personal.
No todas las «jubilaciones de privilegio» son malas. Algunas son respetables. Por razones evidentes, el Estado debería poder recompensar de esta manera a quienes acepten abandonar la actividad privada a fin de servir al país en su conjunto. Pero, como es notorio, en la práctica este principio sencillo se ha visto desvirtuado por la codicia sin límites de una horda de aprovechados que han hecho de la política una fuente de ingresos casi inagotable, de ahí las jubilaciones exageradas percibidas por individuos cuyos servicios -es un decir- fueron mínimos y también, en ocasión, por parientes y amigos de poderosos. Asimismo, se dan muchos personajes relativamente jóvenes, que disfrutan de salud excelente, que gracias a sus vínculos tienen garantizada una jubilación vitalicia envidiable.
El integrante mejor conocido de esta cofradía es, cuándo no, Luis González, el hijo del ex ministro de Economía, Defensa, Acción Social y Trabajo, Erman González, el cual cayó en desgracia precisamente por cobrar su propia jubilación elevadísima, para no hablar de un pago retroactivo de 220.000 pesos, además de su sueldo. Aunque el joven González sólo tiene 38 años, parecería que tiene pleno derecho a su jubilación de 1.891,55 pesos mensuales, privilegio que comparte con muchos otros riojanos de condición similar, si bien en su caso la mensualidad suele ser decididamente mayor. Cuando la opinión pública se enteró de las particularidades del esquema jubilatorio riojano, la indignación se fue generalizando, pero por ser todo legal, la posibilidad de que estos abusos sean eliminados será escasa.
El que la ley esté del lado de la familia González y de otros relacionados con «el poder» no puede considerarse una casualidad. Ocurre que los beneficiados por regímenes jubilatorios claramente inmorales fueron los responsables principales de escribir las leyes correspondientes, con la intención indisimulada de sacar ventaja de una oportunidad acaso irrepetible, lo cual nos enfrenta con una pregunta interesante: ¿es posible que la ley sea corrupta? La respuesta es: claro que sí, sobre todo cuando quienes legislan no vacilan en subordinar los intereses comunes a sus propias aspiraciones personales. Sin embargo, el que se haya producido una situación en la que los malhechores se han adueñado de la ley para entonces utilizarla para saquear a los demás no quiere decir que la sociedad pueda reaccionar eliminando la anomalía así supuesta. A menos que se dé una ruptura revolucionaria, las sociedades que han optado por la legalidad se ven constreñidas a respetar los «derechos adquiridos», por monstruosos que éstos sean, aunque, obvio es decirlo, pueden esforzarse por encontrar tecnicalidades jurídicas que les servirían para privar a los privilegiados de los frutos de sus picardías y también asegurar que en el futuro nadie más se las ingenie para aprovechar las vetas abiertas por los oportunistas.
En todas partes hay personajes inescrupulosos que no titubearían en otorgarse privilegios flagrantes que los contribuyentes tendrán que costear, pero en las sociedades más maduras pocos logran salirse con la suya, porque la ciudadanía no lo permite. Aquí, empero, la mayoría siempre ha tolerado los excesos de sus «dirigentes», y en La Rioja la gente parece más dispuesta a aplaudir la astucia de los menemistas que a lamentar las consecuencias. En efecto, en última instancia, quienes otorgaron la jubilación de privilegio que será percibida por un individuo cuyo mérito más notable es ser hijo de un influyente son los riojanos, y del mismo modo, los habitantes de otras provincias han cohonestado los ingresos generosísimos que reciben funcionarios, jueces, legisladores, estatales y «jubilados» que, de cumplirse sus expectativas de vida, cobrarán más de un millón de dólares al Estado sin tener que trabajar un solo minuto más en los cuarenta años próximos. Dicha realidad es escandalosa, pero casos comparables seguirán produciéndose mientras «el soberano» no se rebele contra la insolencia de «dirigentes» de mentalidad antisocial para los cuales la política es, más que nada, una forma de acumular dinero.
No todas las "jubilaciones de privilegio" son malas. Algunas son respetables. Por razones evidentes, el Estado debería poder recompensar de esta manera a quienes acepten abandonar la actividad privada a fin de servir al país en su conjunto. Pero, como es notorio, en la práctica este principio sencillo se ha visto desvirtuado por la codicia sin límites de una horda de aprovechados que han hecho de la política una fuente de ingresos casi inagotable, de ahí las jubilaciones exageradas percibidas por individuos cuyos servicios -es un decir- fueron mínimos y también, en ocasión, por parientes y amigos de poderosos. Asimismo, se dan muchos personajes relativamente jóvenes, que disfrutan de salud excelente, que gracias a sus vínculos tienen garantizada una jubilación vitalicia envidiable.
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