Acusaron a una pareja por defraudación con tarjetas de crédito en Bariloche

El juez Sergio Pichetto admitió los cargos que el fiscal adjunto Gerardo Miranda formuló contra una pareja como presuntos coautores del delito de defraudación con tarjetas de crédito o débito.

La imputación de la fiscalía sostiene que el 12 de agosto pasado, alrededor de las 12.14, una mujer se comunicó desde otra ciudad del país por Whatsapp con la responsable de una tienda, que está ubicada en Moreno 237 de esta ciudad, donde venden ropa para niños.

La mujer le manifestó a la dueña del comercio que quería hacer una compra y que la retiraría su hijo que vive en Bariloche. La compradora -que dio una identidad falsa- hizo un pedido de ropa por 30.745 pesos y le pidió los links para efectuar el pago con tarjeta de crédito.

Miranda relató que la mujer le indicó a la comerciante que pagaría 20.000 pesos, con una tarjeta de crédito, y 10.745 pesos con otra tarjeta. Después, le envió por Whatsapp los comprobantes de pago, informaron fuentes judiciales a RÍO NEGRO.

Luego, un hombre se comunicó con la dueña de la tienda y le aseguró que era el hijo de la mujer que había hecho recientemente la compra. El desconocido le informó que pasaría a retirar las compras.

El fiscal adjunto sostuvo en la audiencia -que se hizo esta semana- que los imputados efectuaron las compras utilizando sin autorización alguna los datos de las tarjetas pertenecientes a unas mujeres que viven en otras ciudades del norte del país.

Relató que la pareja se presentó a las 15.20 del 13 de agosto último en el comercio y pretendía cargar la mercadería comprada en un Fiat Siena. Pero la dueña de la tienda se había comunicado con las titulares de las tarjetas de crédito y había descubierto que se trataba de una defraudación.

Luego, la mujer avisó a la Policía y personal de la comisaría Segunda, que se encontraba en el interior del comercio, detuvo a la pareja cuando entró al local para retirar las compras.

Por eso, el fiscal adjunto sostuvo que los imputados defraudaron a las titulares de las tarjetas de crédito, porque las compras fueron procesadas y ellas debieron después hacer los trámites para anular las transacciones.

Miranda sostuvo la acusación con el acta de procedimiento policial, el testimonio de la dueña del comercio y las entrevistas a las titulares de las tarejas.

Los defensores oficiales que asistieron a los acusados, no se opusieron a los cargos formulados, aunque tienen otra hipótesis para explicar lo que ocurrió, explicaron fuentes del Ministerio Pública de la Defensa. Los imputados por recomendación de sus defensores optaron por no declarar.

Pichetto les dio un plazo de 4 meses a la fiscalía y los defensores para hacer la investigación. Y dictó una prohibición de acercamiento de los acusados al comercio donde se desarrollaron los hechos y a la dueña. A los acusados se les impuso como medida cautelar que comparezcan en forma periódica ante la Policía.