Blanco y negro

Por desgracia, no hay motivo alguno para creer que los padres de la patria estén logrando incorporar el país "blanco" al "negro".

Redacción

Por Redacción

Aunque en todas partes existe una diferencia entre el «país formal» y el «país real», son pocos aquellos en los que la brecha es tan asombrosamente amplia como es el caso en la Argentina. Aquí, las reglas y por lo tanto el discurso de los políticos no suelen tener mucho que ver con lo que efectivamente sucede, de ahí la información presuntamente correcta difundida por una consultora de que más del setenta por ciento de los nuevos puestos de trabajo que se han creado a partir de 1990 corresponden al sector «negro» de la economía nacional. Igualmente informales o «negras» son extensas zonas del sistema previsional, al cual pocos aportan, el de salud y, claro está, todo lo vinculado con el aborto que en teoría está prohibido pero que en realidad es casi rutinario, con las leyes del tránsito, con la educación y con muchísimos ámbitos más.

Así, pues, hay dos Argentinas, una de las cuales se ve regulada meticulosamente gracias a la legislación que están perfeccionando políticos sabios, que es bien interpretada por jueces probos y aplicada por una administración pública sumamente eficaz, y otra muy distinta que es tan liberal que podría calificársela de anárquica, en la que las personas entienden que no les queda otra opción que la de improvisar sus propias soluciones para los problemas que enfrenten. ¿En cuál Argentina vivimos? En la segunda, claro está, aunque por tratarse de un país nada satisfactorio son muchos los que preferirían la alternativa planteada por la clase dirigente. Su actitud es comprensible, pero por desgracia no hay motivo alguno para creer que los padres de la patria estén logrando incorporar el país «negro» al «blanco». Por el contrario, como evidencia el aumento constante del trabajo en negro y la resistencia a abonar impuestos o a aportar a los fondos jubilatorios, todo hace pensar que la divergencia propende a intensificarse cada vez más.

Por ser cuestión de una realidad a la que todos los habitantes del país se han acostumbrado, la mayoría no parece considerarla un problema muy grave. Se equivoca. Las peores lacras sociales se deben a la ruptura entre el país formal y «la gente». Por razones evidentes, está en la raíz del crecimiento de los grandes bolsones de pobreza, la condición desesperante del sistema previsional, la desnutrición infantil, la degeneración de la educación pública, la corrupción institucionalizada, el nepotismo, la proliferación de «ñoquis», la evasión impositiva endémica, la inoperancia de casi todo lo conectado con el Estado, el desprecio generalizado por la Justicia y por lo tanto por las leyes.

Puesto que no hay ninguna posibilidad de que los «dirigentes» consigan imponer el país que fingen habitar al real, eliminando de este modo las anomalías más perversas, la eventual convergencia de los dos tendría que ser la consecuencia de un esfuerzo prolongado por adaptar la legislación a la Argentina tal como es. Por supuesto que existen límites: nadie en sus cabales sugeriría que el «realismo» debería redundar en la voluntad de convivir con la delincuencia, trátese de las actividades de asesinos, extorsionistas y ladrones o de aquellas de políticos, sindicalistas y funcionarios que se enriquecen de la noche a la mañana. Lo que sí podrá hacerse, en cambio, es simplificar lo más posible todas las leyes relacionadas con el empleo y con la creación de empresas, reconociendo de esta manera que la Argentina es en verdad un país incomparablemente más «liberal», en lo que atañe a la economía por lo menos, que los mismísimos Estados Unidos. ¿Estarán dispuestos los políticos a actualizar la legislación laboral, previsional y comercial para que pueda ser aplicada con eficiencia? No es muy probable. Toda vez que se sienten obligados a prestar atención a un problema, su reacción instintiva consiste en confeccionar una «solución» tan complicada que sólo sirva para agravarlo aún más, y es de prever que así actuarán frente al aumento impresionante del empleo en negro, ingeniándoselas para expulsar a otros empresarios y a su empleados de la Argentina imaginaria al país «negro» que, por los motivos que fueran, encuentran menos inhóspito que el «formal».


Aunque en todas partes existe una diferencia entre el "país formal" y el "país real", son pocos aquellos en los que la brecha es tan asombrosamente amplia como es el caso en la Argentina. Aquí, las reglas y por lo tanto el discurso de los políticos no suelen tener mucho que ver con lo que efectivamente sucede, de ahí la información presuntamente correcta difundida por una consultora de que más del setenta por ciento de los nuevos puestos de trabajo que se han creado a partir de 1990 corresponden al sector "negro" de la economía nacional. Igualmente informales o "negras" son extensas zonas del sistema previsional, al cual pocos aportan, el de salud y, claro está, todo lo vinculado con el aborto que en teoría está prohibido pero que en realidad es casi rutinario, con las leyes del tránsito, con la educación y con muchísimos ámbitos más.

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