«Persecución política»
Tan resueltos han estado los partidos a apropiarse de "espacios de poder", que hay muy pocos cargos públicos ocupados por personas que no lo deban a la influencia de un partido.
Una razón, acaso la principal, por la cual la corrupción se ha institucionalizado en el país consiste en la excesiva politización de la vida nacional. Tan resueltos han estado los partidos a apropiarse de «espacios de poder» que existen muy pocos cargos públicos ocupados por personas que no lo deban a la influencia de un partido político, el cual por lo común será el PJ o la UCR. Entre los ámbitos más perjudicados por la injerencia política está el judicial: con escasas excepciones, los jueces llevan una camiseta partidaria y han sido muchos los militantes que han sido premiados con un juzgado por su labor, mientras que es frecuente que un juez abandone su carrera, a veces luego de haber protagonizado un caso resonante, para metamorfosearse sin solución de continuidad en político integrante del partido que más festejaba los fallos recién emitidos. Por eso, es inevitable que virtualmente toda denuncia de corrupción se convierta enseguida en un motivo de conflicto entre los dos movimientos tradicionales, con el resultado de que el destino de los presuntamente involucrados depende menos de lo que efectivamente ocurrió que de la conveniencia coyuntural de los líderes políticos. Mientras que en ciertas circunstancias éstos se muestran en favor de investigar «caiga quien caiga», en otras prefieren una «tregua» encaminada, juran, a permitir que el país progrese sin conflictos «estériles». Cuando esto sucede, la ciudadanía tiene motivos para sentirse más preocupada que complacida por el brote de armonía.
Así las cosas, era previsible que los peronistas atribuirían la de todos modos débil cruzada del gobierno aliancista contra la corrupción a su afán de aumentar su propio poder, y que acusarían al presidente Fernando de la Rúa de desatar una campaña de «persecución política» contra la oposición por razones que no tuvieran nada que ver con el deseo de poner fin al saqueo. El más locuaz últimamente en dicho sentido ha sido el gobernador de La Pampa, Rubén Marín, aunque también ha «protestado» con vehemencia el jefe de la bancada justicialista, el diputado Humberto Roggero, personaje que al parecer cree que incluso el sindicalista Juan Ladina de la UOCRA ha sido víctima de la saña moralizadora gubernamental. Por desgracia, hay muchos que tomarán en serio las argucias perversas esgrimidas por estos políticos porque nadie ignora que la Alianza también cuenta con su cuota de corruptos.
La convicción generalizada de que para demasiados miembros de la «clase política» local la corrupción es un fenómeno natural y que por lo tanto sería un error intentar combatirla, ha sido intensificada por la actitud del ex presidente Raúl Alfonsín, quien suele advertir contra los riesgos que a su entender conllevaría la «judicialización de la política», o sea, la transformación de los tribunales en un campo de batalla donde los partidos diriman sus diferencias. Tal planteo, a primera vista razonable, refleja la voluntad de muchos dirigentes de pasar por alto acusaciones contra otros políticos, lo que en la práctica supondría privilegiar el espíritu corporativo por encima de la Justicia.
Para Alfonsín y otros que se han habituado a manejarse conforme a los códigos no escritos de la política nacional, la eventual eliminación o, por lo menos, reducción a niveles tolerables, de la corrupción tendrá que ser fruto de una suerte de gran acuerdo multipartidario sin vencedores ni vencidos, pero sucede que no se da motivo alguno para creer que una «solución» tan indolora sea factible. Lejos de hacer mella en la corrupción, las treguas entre los grandes partidos sólo sirven para consolidarla, lo cual es lógico porque una de las precondiciones para ellas consiste en el compromiso tácito a dejar en paz a los sospechosos más importantes. Por ejemplo, nadie ignora que una hipotética embestida jurídica contra el ex presidente Carlos Menem tendría connotaciones políticas sumamente significantes, pero si por eso los responsables de luchar contra la corrupción se sienten obligados a concentrarse en blancos menos imponentes, cualquier campaña ética sería nada más que una farsa.
Una razón, acaso la principal, por la cual la corrupción se ha institucionalizado en el país consiste en la excesiva politización de la vida nacional. Tan resueltos han estado los partidos a apropiarse de "espacios de poder" que existen muy pocos cargos públicos ocupados por personas que no lo deban a la influencia de un partido político, el cual por lo común será el PJ o la UCR. Entre los ámbitos más perjudicados por la injerencia política está el judicial: con escasas excepciones, los jueces llevan una camiseta partidaria y han sido muchos los militantes que han sido premiados con un juzgado por su labor, mientras que es frecuente que un juez abandone su carrera, a veces luego de haber protagonizado un caso resonante, para metamorfosearse sin solución de continuidad en político integrante del partido que más festejaba los fallos recién emitidos. Por eso, es inevitable que virtualmente toda denuncia de corrupción se convierta enseguida en un motivo de conflicto entre los dos movimientos tradicionales, con el resultado de que el destino de los presuntamente involucrados depende menos de lo que efectivamente ocurrió que de la conveniencia coyuntural de los líderes políticos. Mientras que en ciertas circunstancias éstos se muestran en favor de investigar "caiga quien caiga", en otras prefieren una "tregua" encaminada, juran, a permitir que el país progrese sin conflictos "estériles". Cuando esto sucede, la ciudadanía tiene motivos para sentirse más preocupada que complacida por el brote de armonía.
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