Crisis sistémica

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Lo mismo que todos los gobiernos anteriores, el encabezado por el presidente Fernando de la Rúa ha estado celebrando reuniones con distintas entidades sectoriales, como la CGT y la Unión Industrial Argentina, en lo que se entiende como un esfuerzo por encontrar una «salida» para la «crisis» de turno. Y, como es tradicional, los interlocutores del gobierno hablan como si ellos mismos no tuvieran nada que ver con el estado actual del país. Por el contrario, tanto los sindicalistas como los empresarios hacen gala de la confianza absoluta en sus propios méritos de hombres que se saben víctimas de los errores y maldades de los demás, actitud que los representantes del gobierno tienen que respetar porque nada le dolería más que ser acusados de provocar una ruptura con «los obreros» o con «el empresariado». Dadas las circunstancias, la tolerancia oficial para con las pretensiones de las entidades aludidas es virtualmente inevitable: de difundirse la idea de que no está dispuesto a participar en negociaciones constructivas con ellas la oposición, acompañada por buena parte de la prensa, no vacilaría en denunciarlo por provocar divisiones sociales peligrosísimas. Sin embargo, a menos que sindicalistas y empresarios asuman su propia responsabilidad por la condición nada satisfactoria de la economía, no habrá ninguna manera de remediarla. Después de todo, ¿quiénes han contribuido más a formar la economía actual del país? El encuentro más reciente del equipo económico liderado por José Luis Machinea con los jefes de la UIA fue un ejemplo típico del género. Como siempre sucede, los empresarios se pusieron a exigir diversas medidas. Puede que en privado algunos de ellos reconozcan que no servirían para mucho, pero en su condición de voceros sectoriales no les sería dado confesar sus propias dudas.

Si existieran recetas seguras para «reactivar» las economías que se nieguen a crecer, no habría recesiones en ninguna parte porque todos los gobiernos aplicarían la receta indicada, pero sucede que el problema no es tan sencillo como los más parecen suponer. No sólo son incompatibles los intereses a corto plazo de los diversos sectores que conforman la sociedad, sino que también lo son el corto plazo y el largo. De ceder el gobierno frente a los «lobbistas» empresarios que están reclamando medidas proteccionistas y la reducción de los impuestos, lo que haría en efecto sería transferir ingresos desde los bolsillos de los consumidores en su conjunto, muchos empleados públicos y quienes dependen del Estado, hacia los de determinados empresarios en desmedro de otros. Tal maniobra podría justificarse si hubiera motivos para creer que los favorecidos reaccionarían produciendo mucho más para que todos terminaran beneficiados, pero a esta altura la mayoría debería entender muy bien que los métodos ya tradicionales sirven para poco. Al fin y al cabo, a pesar de la tan denostada «apertura», el mercado argentino sigue estando entre los más cerrados del planeta, mientras que abundan los empresarios que aún no están acostumbrados a pagar todos los impuestos, pero ni las barreras proteccionistas así supuestas ni el hecho de que en nuestro país los impuestos sean menos onerosos que en el mundo desarrollado parecen haber ayudado a desencadenar la «reactivación» deseada.

No se puede atribuir la duración de la recesión actual, la cual ya ha cumplido más de dos años, a factores meramente coyunturales, como si antes de comienzos de 1998 la Argentina hubiera sido un prodigio de vigor económico y que dejara de serlo por culpa de algunos errores ya patentes. Está «en crisis» desde hace muchas décadas, de suerte que convendría que los dirigentes dieran por descontado que las causas son muy profundas y que esto significa que eliminarlas requerirá una serie de medidas mucho más drásticas que las previstas por el gobierno actual. Pero, por desgracia, aun cuando las autoridades lograran diseñar un programa destinado a remediar las deficiencias básicas de la economía nacional, sus posibilidades de aplicarlo serían escasas porque son pocos los dispuestos a aceptar que su propia conducta pudo haber contribuido al atraso económico del país.