El mercado ajusta

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Mal que les pese a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a su marido, al ministro de Economía Amado Boudou y al del Interior, Florencio Randazzo, entre otros, detrás de los aumentos constantes de los precios al consumidor de casi todos los bienes y servicios está el crecimiento explosivo del gasto público. Frente a la negativa obstinada del gobierno a ajustar, o sea a tomar medidas para asegurar que el “reacomodamiento de precios” se vea seguido por una etapa signada por la estabilidad, el mercado se ha encargado de la tarea ingrata así supuesta. Lo está haciendo mediante la inflación que día a día reduce de manera indiscriminada el poder de compra de la gente, obligando a los relativamente solventes a modificar sus hábitos y a la mitad de la población que tiene dificultades para llegar a fin de mes a prescindir de lo que hoy en día se considera de primera necesidad. Una consecuencia un tanto paradójica de esta situación es que quienes están en condiciones de hacerlo están adelantando compras de bienes como los electrónicos que de otro modo postergarían por entender que su dinero valdrá cada vez menos. Así las cosas, el que desde el punto de vista de los vinculados con el turismo las breves vacaciones de Semana Santa fueran un éxito rotundo no puede tomarse por una buena noticia. Antes bien, reflejó el temor ya generalizado de que tarde o temprano el país se precipite en otra crisis y que por lo tanto convendría aprovechar las oportunidades mientras aún haya tiempo. Al gobierno le gustaría hacer pensar que lo que está ocurriendo se debe a la codicia de empresarios y la propaganda de medios de difusión que le son hostiles y que si no fuera por ellos todo volvería a “la normalidad”. Se trata de una variante de la tesis que fue adoptada por el entonces presidente Néstor Kirchner cuando decidió intentar reducir las expectativas manipulando las estadísticas del Indec. Aunque fuera concebible que, si todos se convencieran de que no hay inflación, el fenómeno dejaría de constituir un problema, a esta altura el gobierno debería entender que sus esfuerzos por solucionarlo con medios que podrían calificarse de psicológicos han fracasado por completo. Lejos de obrar a favor del gobierno, las expectativas se han convertido en su peor enemigo. Para que tanto los consumidores comunes como los “agentes económicos” llegaran a la conclusión de que la inflación es un mal pasajero atribuible a factores coyunturales, el gobierno tendría que tomar medidas lo bastante contundentes como para convencerlos de que no permitirá que, una vez más, la Argentina se deslice hacia la hiperinflación. Desde hace varios años, la prioridad del gobierno consiste en encontrar los recursos que necesita para financiar sus actividades, de ahí el conflicto con el campo por las “retenciones móviles”, la estatización de los fondos jubilatorios privados, el uso del dinero de los jubilados ya manejado por Anses y, últimamente, la apropiación de las reservas del Banco Central “para pagar la deuda externa”. De esta forma el gobierno ha logrado ganar tiempo, pero puesto que ya no hay más fuentes de recursos adecuados a su alcance salvo los que podría suponerle el mayor acceso al crédito internacional que, espera, posibilitará el canje que está instrumentando Boudou, pronto tendrá que elegir entre el ajuste que tanto teme y resignarse a convivir con una tasa de inflación tendiente a acelerarse que tendría un impacto devastador en los presupuestos de millones de familias. Si bien es comprensible que el gobierno sea reacio a tomar medidas para enfriar la economía que, según Randazzo, implicarían que “millones de argentinos pierdan el trabajo, consuman menos” –además, claro está, de costarles a los Kirchner muchos votos–, la alternativa podría resultar ser peor todavía. Si sólo fuera cuestión de optar entre ajustar y dejar que la economía crezca, todo sería maravillosamente sencillo, pero en el mundo real la disyuntiva es otra. Debido a los errores que ha cometido en los años últimos, el gobierno puede elegir entre un ajuste controlado, acompañado por medidas destinadas a atenuar el impacto sobre los sectores más vulnerables, y dejar todo en manos del mercado que, como todos sabemos, suele ensañarse más con los débiles que con quienes poseen los medios necesarios para defenderse.