Estafa con planes sociales en Neuquén: así manipulaban los registros para cometer la defraudación

En el semestre enero-junio del 2022, 1.577 personas que todos los meses figuraron en los registros como beneficiarios de planes sociales no cobraron ni un peso. Así lo detectó la pericia técnico contable de la fiscalía, y es un ejemplo para entender el núcleo de la maniobra que durante años cometió un grupo de personas para defraudar al Estado de Neuquén.

La contadora y licenciada en Administración de Empresas Agustina Martínez, quien declaró en las audiencias del miércoles y jueves, reveló el análisis minucioso al que sometieron a las planillas y registros hasta encontrar las diferencias.

Explicó que el expediente administrativo que se armaba cada mes tenía como finalidad darle apariencia de legalidad a la maniobra, pero poco tenía que ver con lo que sucedía en la realidad.

En los registros «hay beneficiarios que nunca cobraron, también surgió que otros beneficiarios cobraron el primer mes y los siguientes no, pero permanecieron en las certificaciones», dijo Martínez en su declaración. Además «hubo casos de personas aprobadas en los listados pero por importes menores a los que efectivamente cobraron, así como personas que cobraban y no estaban en los listados».

Planes sociales: El «Grupo Rivadavia»

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El trabajo pendiente de la fiscalía es demostrar quiénes tenían poder para manipular los listados de beneficiarios, quiénes de los imputados estaban al tanto de la maniobra y quiénes además participaban activamente.

Se sabe, por el flujo de correos electrónicos y por testimonios recogidos en el juicio, que el listado de beneficiarios se armaba en la dirección de Planes Sociales, en calle Rivadavia 46. Los nombres los aportaban punteros del MPN (la mayoría), dirigentes del partido, y organizaciones sociales: las fuentes eran variadas.

El llamado «Grupo Rivadavia» que participaba de la confección del listado lo integran Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz y Marcos Osuna, tres de los presuntos cabecillas de la organización.

El «Grupo Anaya»

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Vía correo electrónico, esa planilla iba todos los meses al Ministerio de Desarrollo Social. Allí entraba en escena el grupo «Anaya» (por Anaya y Planas, la dirección de esa cartera): en general la recibía el director general de Finanzas Luis Gallo (luego reemplazado por Laura Reznik), quien la reenviaba al Coordinador Provincial de Administración Tomás Siegenthaler y al ministro Abel Di Luca.

La contadora Martínez explicó: «vimos que los totales aprobados en los expedientes coinciden exactamente con los totales que se abonan de subsidio». Por ejemplo: en septiembre del 2020 el Ministerio pidió un monto global para subsidios de 23.892.800 pesos, el gobernador Omar Gutiérrez lo autorizó por decreto, el circuito administrativo controló, autorizó y liberó el pago, y se depositó esa misma suma -global- en las cuentas de los beneficiarios.

El dinero se rindió meses después, y un auditor de la Contaduría General de la Provincia le puso el sello de aprobado sin observaciones (Julio Arteaga, no está en este juicio por razones de salud). El expediente fue al archivo y habría pasado a la historia si no fuera porque saltó este escándalo.

Las diferencias

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Lo que descubrió el trabajo de las contadoras de la fiscalía es que «existen diferencias entre la cantidad de beneficiarios que estaban en los expedientes, las certificaciones, y los pagos reales que se hacían tanto por transferencias como por cheques».

Lo explicó con un ejemplo. En enero del 2022 se tramitó un subsidio por 48.500.000 pesos, destinado a 4.518 personas que iban a cobrar por transferencia y 345 beneficiarios iban a cobrar mediante cheques, es decir un total de 4.863 beneficiarios.

«Sin embargo -dijo- al analizar lo que surge de las registraciones del Sicopro (el sistema contable de la provincia) y de banca empresa, de los pagos que hace el ministerio de Desarrollo Social, se observa que hay acreditaciones por 3.681 transferencias a beneficiarios y 59 pagos mediante cheques».

«Nos da un total del 3.740 pagos, una diferencia de 1.123 personas que estaban en la nómina pero en ese mes no recibieron ningún pago de subsidio», dijo la contadora Martínez.

Esto se repite todos los meses analizados: El monto global del subsidio siempre coincidía, pero había diferencias entre las personas que surgían de la certificación respecto de las personas que efectivamente se pagaban.

Descartaron un error

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Dijo que analizaron el semestre enero-junio del 2022, que consideraron el más representativo por la cantidad de movimientos. «Cruzamos el listado de las certificaciones con las órdenes de crédito que nos otorgó el Banco Provincia de Neuquén. De de ese cruce surge que hay 1.577 personas que en todo el semestre figuraban cobrando subsidios constantemente, los seis meses, pero en ninguno cobraron subsidios. Tampoco lo habían cobrado antes ni lo cobraron después».

Añadió que «tendíamos a analizar la posibilidad de que hubiera habido un error, una situación administrativa que por alguna razón una persona no pudo cobrar el subsidio por alguna situación bancaria. Sin embargo se debería haber resuelto en los meses subsiguientes. Estas 1.577 personas que en todo el semestre no cobraron el subsidio pero permanecían en el listado no es un error, porque es un importe bastante significativo».

¿Quiénes podían manipular las certificaciones, las listas de beneficiarios, las comunicaciones al Banco Provincia sobre a quiénes había que depositarles dinero y a quiénes no? El que responda esas preguntas habrá encontrado a los culpables.