La abolición de la Oncca

https://www.rionegro.com.ar/la-abolicion-de-la-oncca-ATRN_570808/

Aunque parecería que fuera de los ámbitos gubernamentales la mayoría comparte plenamente la opinión sobre la recién disuelta Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) del ruralista Eduardo Buzzi, según el que “fue un lugar de corrupción, de discrecionalidad, de sospechas, de clientelismo”, pocos creen que el organismo destinado a reemplazarla, la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno, resulte ser mucho mejor. Por el contrario, muchos atribuyen la medida al presunto deseo oficial de cerrar un organismo que, en un año electoral, lo perjudicaría dando pie a una cantidad impresionante de escándalos. Incluso si, como algunos suponen, la medida decretada fue tomada con el propósito de reducir la influencia del pendenciero secretario de Comercio Interno, Guillermo Moreno, y el ex mandamás de la Oncca y actual titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, dos personajes que de todos modos formarán parte del cuarteto directivo de la flamante entidad, con el ministro de Economía, Amado Boudou, y de Agricultura, Julián Domínguez, será muy poco probable que funcione de manera transparente. Como señaló el creador de la Oncca, el peronista federal Felipe Solá, “la corrupción no se disuelve por decreto”. Por lo demás, a juicio de algunos opositores lo que se ha propuesto el gobierno es aprovechar una oportunidad para hacer desaparecer documentación que sería de gran interés para quienes están investigando lo hecho por los vinculados con la Oncca, razón por la que el diputado radical Ricardo Gil Lavedra quiere que la Justicia ordene el allanamiento de la entidad antes de que sea demasiado tarde. Lo mismo que tantas otras reparticiones del Estado nacional, la Oncca se vio transformada en un foco de corrupción politizada al optar el gobierno por usarla para ayudar a sus escasos aliados en el campo y castigar a los muchos que no lo eran, prohibiéndoles exportar sus productos, motivo por el que se las arregló para ahuyentar a funcionarios no comprometidos con el kirchnerismo mediante aprietes. La misión principal de la entidad consistía en atenuar el impacto del aumento de los precios internacionales sobre el mercado interno, de esta forma protegiendo al consumidor local, pero conforme a los ruralistas, los encargados de manejarla obraron de modo llamativamente arbitrario, con consecuencias muy negativas para el campo en su conjunto y desde luego para los consumidores, que han visto subir los precios de los alimentos básicos, y para el país, que por cierto no ha sido beneficiado en absoluto por la absurda cruzada del gobierno contra el sector más competitivo de la economía nacional. Las denuncias por corrupción en la Oncca se multiplicaron durante la gestión de Echegaray, dando pie a una serie de causas judiciales, detalle que no impidió que el “liberal” reciclado en kirchnerista fuera nombrado jefe de un organismo tan importante como la AFIP. Es lógico, pues, que tantos hayan reaccionado con escepticismo ante la decisión imprevista del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de abolir un organismo que se había desvirtuado hace años. Según Boudou, en el gobierno se ha producido un “cambio de paradigma”, por lo que es de suponer quiere decir que terminó reconociendo que los dolores de cabeza que le provocaba la Oncca eran tan severos que le convendría eliminarla y comenzar de nuevo con una entidad supuestamente distinta, pero mientras hombres tan cuestionados como Moreno y Echegaray desempeñen funciones clave seguirá rigiendo el mismo “paradigma” que el ministro dice creer desacreditado. En cuanto a la tesis de que la medida se inspiró en el deseo de la presidenta de reducir el poder de Moreno sin llegar al extremo de echarlo, lo que desde el punto de vista de los kirchneristas significaría ceder ante las presiones opositoras, parece un tanto aventurada, aunque no sería la primera vez que un funcionario importante haya sido blanco de un operativo en tal sentido, ya que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, también se ha visto privado de tantos poderes que en opinión de muchos se ha convertido en una especie de cadáver político cuya permanencia en el gobierno se debe a la resistencia de la presidenta a tomar medidas que serían interpretadas como síntomas de debilidad.