Estafa con planes sociales en Neuquén: la fiscalía de Estado impugnará el fallo e insistirá con la asociación ilícita

La Fiscalía de Estado apelará el fallo que condenó a 12 imputados por administración fraudulenta agravada en la estafa con planes sociales en Neuquén, e insistirá con la figura de asociación ilícita. La presentación se hará dentro del plazo legal ante el Tribunal de Impugnación, según se conoció este miércoles.

En su veredicto, los jueces Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla rechazaron la acusación de asociación ilícita planteada tanto por la fiscalía penal como por la Fiscalía de Estado, que actuaron como partes acusadoras en el juicio.

Ese criterio redujo el marco de las penas: los condenados podrían recibir entre 2 y 6 años de prisión. De haberse aceptado la figura más grave, las sanciones habrían ido de 4 a 10 años.

Planes plurales

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En un comunicado, la fiscalía de Estado entendió que si bien el tribunal de juicio «sustentó su decisión en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que han perfilado un criterio restrictivo en la materia, entendemos que en este caso se acreditaron los presupuestos del artículo 210 del Código Penal (la asociación ilícita), en particular la existencia de planes plurales de carácter delictivo, que exceden una única maniobra de fraude».

«A criterio de esta fiscalía, la valoración efectuada no reflejó adecuadamente la prueba incorporada, que da cuenta de una estructura organizada y estable, con roles diferenciados que daban cuenta de la existencia de una pluralidad de planes delictivos concatenados, ejecutados mediante diversas maniobras, entre las que se encuentran expresamente: la emisión de cheques y endosos simulados, la inclusión irregular de beneficiarios no habilitados, certificaciones de beneficiarios falsas, inclusión de empleados públicos como beneficiarios, y el uso y extracción de fondos con tarjetas de débito obtenidas ilícitamente de los verdaderos beneficiarios», agregó.

A criterio de la fiscalía que conduce Raúl Gaitán, «estas conductas no constituyen un hecho aislado o único, sino un conjunto de planes plurales, criminales y articulados, orientados de manera sistemática al desvío y apropiación de fondos públicos».

Penas de cumplimiento efectivo

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De todos modos, la fiscalía de Estado anticipó que en el juicio de cesura, que comenzará el 25 de noviembre, «solicitará la aplicación del máximo de las penas previstas para el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, que a criterio de esta acusación corresponderían penas de cumplimiento efectivo».

En esas audiencias estará como representante de la fiscalía de Estado el abogado Gustavo Kohon, quien sigue el caso desde el comienzo.

«En respeto a las instituciones y a las decisiones adoptadas, se ejercerán los recursos procesales correspondientes, confiando en que las instancias superiores revisarán la cuestión. Nuestro objetivo es que la respuesta judicial sea integral y proporcione la máxima tutela al patrimonio público y a la confianza ciudadana», concluyó el organismo.