El mapa de Uber en el Alto Valle: quién habilitó, quién prohibió y dónde aún no hay definiciones

La expansión de las aplicaciones de servicio de transporte en el Alto Valle aceleró un debate que cada municipio viene resolviendo con tiempos y criterios propios. En los últimos meses, el crecimiento del uso de plataformas como Uber, Cabify o Didi volvió a tensionar la convivencia con el sistema tradicional de taxis y remises, y empujó a los Concejos Deliberantes a tomar posición.

Lejos de una estrategia regional unificada, las respuestas fueron dispares. Ese escenario dejó un mapa fragmentado en el corredor del Alto Valle, donde algunas ciudades avanzaron con reformas normativas para ordenar el servicio y permitir su funcionamiento bajo ciertas condiciones, mientras que otras optaron por cerrar el paso a cualquier modalidad que no cuente con habilitación municipal.

El avance de Uber y otras aplicaciones de servicio de transporte no se detuvo en la región, pero el encuadre legal varía de una ciudad a otra.

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Uber en el Alto Valle: las ciudades que avanzaron con regulación

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Cipolletti avanzó por un camino integral y ya puso en vigencia un marco normativo específico para regular los servicios de transporte de pasajeros a través de aplicaciones. La ordenanza de fondo publicada en el Boletín Oficial formalizó la incorporación de estas plataformas al Código de Transporte de la ciudad y convirtió a la localidad en la primera del Alto Valle de Río Negro en establecer una regulación completa para este tipo de servicios.

La ordenanza establece la inscripción obligatoria tanto de las empresas de plataformas como de los titulares de los vehículos y los conductores. Las empresas de plataformas, como Uber, Cabify u otras, deberán inscribirse ante el municipio, acreditar su condición legal, constituir domicilio comercial en Cipolletti, obtener la habilitación comercial y pagar un canon de hasta 10 millones de pesos, entre otros requisitos.

Mientras que los titulares de los vehículos -propietarios que se incorporan al sistema de plataformas y quienes registran la unidad ante el municipio y asumen la responsabilidad administrativa del servicio- y los conductores deberán presentar documentación personal y fiscal, certificados de antecedentes provinciales y nacionales, acreditación de no figurar en registros de deudores alimentarios ni de violencia familiar o de género, contratación de seguros de responsabilidad civil y la verificación de que los vehículos no tengan inhibiciones, robos ni embargos.

Los conductores también deberán contar con la licencia profesional D1, con un plazo de gracia de seis meses para obtenerla. Su actividad queda limitada exclusivamente a los viajes solicitados por la aplicación: no pueden captar pasajeros en la vía pública.

En cuanto al vehículo, la ordenanza fija condiciones como estar radicado en Río Negro, tener menos de siete años de antigüedad, contar con calefacción, aire acondicionado y aprobaciones de Revisión Técnica cada seis meses. Una vez habilitado, el municipio otorga una oblea con código QR que identifica al titular, al vehículo y a los conductores asociados.

Por otro lado, Fernández Oro avanzó con una reforma del sistema de transporte urbano impulsada por el intendente Gustavo Amati, con un enfoque que se diferencia del resto de las experiencias del Alto Valle. La estrategia oficial no apunta a sumar trámites para quienes usen Uber sino brindar mayores beneficios a los taxistas.

Con esa lógica, el municipio se convirtió en la primera ciudad de la región en reducir de manera significativa las cargas económicas sobre el sector del taxi para garantizar una «competencia real», mientras avanza en una regulación simple y sin costo para las plataformas digitales de transporte.

La reforma elimina tasas municipales para los taxis, reduce en un 50% el costo de renovación de licencias de conducir y actualiza los requisitos operativos, manteniendo exigencias básicas como seguros obligatorios, verificación técnica e identificación de los choferes. En paralelo, el Municipio trabaja en el desarrollo de una aplicación municipal de taxis, gratuita tanto para conductores como para usuarios, con el objetivo de modernizar el servicio y mejorar su competitividad.

En cuanto a las plataformas digitales, el esquema prevé la creación de un registro municipal sin costo, que permite su funcionamiento «bajo reglas claras y dentro del marco legal local». La propuesta busca ordenar el sistema de transporte urbano sin incorporar nuevas barreras ni costos, en un contexto de expansión sostenida de las aplicaciones en el Alto Valle.

Uber no está habilitado en Allen y Roca

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Allen se consolidó como la primera localidad de Río Negro en avanzar con una prohibición formal a los servicios de transporte de pasajeros que operen sin habilitación municipal. La ordenanza fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante y publicada en el Boletín Oficial en septiembre, con un período de prueba de tres meses que ya venció sin que se introdujeran cambios, por lo que la norma quedó plenamente vigente.

Desde el cuerpo legislativo se explicó que la medida no apunta a prohibir una aplicación en particular, sino a reforzar el control sobre cualquier vehículo que preste transporte de pasajeros sin autorización. Finalizado el período de prueba, quedó firme la previsión de sancionar a quienes circulen por fuera del sistema habilitado, y el Municipio quedó facultado para ejercer el poder de policía que le otorga la ordenanza.

El régimen sancionatorio contempla el secuestro del vehículo, la retención de la licencia de conducir, multas económicas que parten de 1.000 USAMS y la inhabilitación para manejar por períodos que van de tres a doce meses. Además, la norma instruye a la Dirección de Tránsito y Transporte a realizar campañas de concientización, habilitar una línea telefónica para denuncias y crear un registro municipal de vehículos que operen fuera del marco legal.

Por otro lado, en Roca, desde el municipio se ratificó que el servicio no está autorizado en la ciudad. Advirtieron que la utilización de este tipo de servicios sin regulación implica riesgos para los usuarios, ya que los vehículos no atraviesan los controles de seguridad exigidos por la normativa local. En ese marco, se señaló que no se garantiza el cumplimiento de requisitos básicos como la licencia profesional del conductor o el seguro de responsabilidad civil para el transporte de pasajeros.

La Dirección de Tránsito y Transporte mantiene operativos de control para retirar de circulación a los vehículos no habilitados. En el Concejo Deliberante, la postura es coincidente: el concejal oficialista Juan Mercado sostuvo que la ordenanza vigente exige registro y licencia municipal, por lo que la actividad de las plataformas digitales sin autorización es considerada irregular.

Regina debate la regulación de Uber pero no define

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En Regina, el escenario sigue abierto y el debate se da en el plano legislativo. A fines de agosto, el bloque de concejales del PRO presentó un proyecto que busca establecer un marco legal para plataformas como Uber, Cabify y Didi, con una regulación más detallada que la discutida en otras ciudades de la región.

La iniciativa propone la creación de un Registro Municipal de Plataformas de Transporte, que exigiría a las empresas establecer domicilio legal en la ciudad, presentar documentación fiscal y contratar seguros de responsabilidad civil que cubran tanto a usuarios como a terceros. Para los conductores, el proyecto prevé requisitos como licencia profesional, certificado de antecedentes penales y seguros específicos para el transporte de pasajeros.

Además, la propuesta incorpora un Fondo Municipal de Movilidad, financiado con un aporte del 1% del valor de cada viaje, destinado a obras de infraestructura vial y mejoras en el sistema de transporte público. El proyecto aún no fue tratado en el recinto, por lo que la ciudad continúa sin una definición concreta sobre la habilitación o prohibición de las aplicaciones.