Imputan a siete personas por realizar una cirugía estética clandestina en el hospital de Villa Regina

El equipo fiscal de Villa Regina, junto a la Fiscalía de Estado en el rol de querellante, formuló cargos esta mañana contra siete personas involucradas en una intervención quirúrgica estética irregular en el hospital local. El hecho, ocurrido en enero de 2025, consistió en una operación realizada fuera de todo protocolo administrativo y sanitario, utilizando recursos públicos para fines privados.

Los roles en la maniobra: del cirujano a las enfermeras

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Tras una serie de audiencias pospuestas por pedidos de las defensas, el Juez de Garantías admitió finalmente los cargos. La resolución judicial establece distintas jerarquías de responsabilidad en el presunto delito. El cirujano quedó mputado como autor de peculado de servicios. Se lo señala como el responsable de decidir, dirigir y ejecutar la intervención.

El la categoría de partícipes necesario se incluyó al anestesista, a la ayudante del cirujano y a la propia paciente (esposa del médico), quien consintió el uso de recursos estatales para su beneficio exclusivo.

Finalmente como partícipes secundarias se incluyó a tres enfermeras del área de quirófano, acusadas de facilitar la función específica, insumos y equipamiento del hospital.

Una «clínica privada» dentro del hospital público

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Según el relato de la fiscalía, la operación se realizó el 12 de enero de 2025, entre las 07:30 y las 18:00 horas. La acusación fue contundente al afirmar que la práctica se llevó a cabo «al margen del sistema regular de atención hospitalaria», sin orden médica registrada ni habilitación administrativa.

Para sustentar la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentó un sólido cuerpo de pruebas que incluye la denuncia del director del Hospital, copias de los libros de guardia y de quirófano, fojas de anestesia, la historia clínica de la mujer intervenida y un informe del Colegio Médico de Villa Regina.

Reparación millonaria y continuidad del proceso penal

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Un punto clave de la audiencia fue la intervención de la Fiscalía de Estado, que actúa en defensa del patrimonio público. Se informó que el cirujano realizó una transferencia de $6.077.520,98 en concepto de reparación económica por el perjuicio ocasionado a las arcas provinciales.

Dicha cifra surge de una auditoría que contempló el uso de las instalaciones, el valor de los insumos y el costo del personal destinado originalmente al servicio público. No obstante, el representante de la Fiscalía de Estado aclaró: «El perjuicio patrimonial ha sido reparado, el Estado está resarcido; sin embargo, vamos a acompañar la formulación de cargos en pos de la persecución del delito penal».

Plazos judiciales

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La Justicia ha establecido un periodo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria. Durante este tiempo, las partes podrán producir nuevas pruebas antes de avanzar hacia la etapa de juicio oral, mientras se determina el grado de responsabilidad de cada uno de los profesionales de la salud implicados en este uso indebido de la infraestructura pública.