Casi el 50% de los plaguicidas usados en cultivos de América Latina serían demasiado peligrosos para Europa 

Casi la mitad de los plaguicidas autorizados para su uso en los principales cultivos agrícolas de América Latina permanecen prohibidos en la Unión Europea debido a sus riesgos comprobados para la salud humana y el ambiente. 

El hallazgo fue realizado a partir de un estudio encabezado por Grecia de Groot y Carolina Morales, especialistas del instituto INIBIOMA, que depende del CONICET y la Universidad del Comahue en Bariloche.

La disparidad regulatoria revela el avance de sustancias objetadas a nivel internacional y cuestiona la capacidad de los marcos legales regionales para proteger a la población y los ecosistemas.

El estudio fue publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B, identificó 523 ingredientes activos utilizados en la soja, maíz, arroz, caña de azúcar, trigo, manzana, palta, café, girasol y uva en ocho países latinoamericanos. Entre ellos, 256 compuestos (48,9%) carecen de autorización en la Unión Europea por motivos documentados de peligrosidad, según los datos aportados por las autoras.

Esta cifra, destacó el grupo de investigadoras con colegas de Uruguay, afecta de forma directa a los productos agrícolas de mayor exportación de la región.

Los factores económicos desempeñan un rol determinante: los cultivos de mayor valor comercial, como la soja y el maíz, concentran la mayor cantidad de ingredientes activos aprobados localmente aunque vetados en Europa.

La primera autora, Grecia de Groot, sostuvo que “es una combinación de alta demanda de plaguicidas y débil regulación en materia de protección ambiental y sanitaria”.

Cómo se hizo el estudio 

El relevamiento abarcó Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, y comparó tanto la presencia de los ingredientes activos con el registro internacional de peligrosidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como con acuerdos internacionales.  

De Groot y Morales precisaron que “hay ingredientes activos de reconocida y probada peligrosidad que siguen aprobados en nuestra región”. 

El informe señaló consecuencias graves e inmediatas para la salud y documentó una serie de patologías asociadas al uso de estos compuestos.  

De Groot explicó que “las consecuencias del uso de plaguicidas peligrosos se manifiestan en el aumento de los casos de cáncer, malformaciones durante el desarrollo, problemas respiratorios y metabólicos, entre otros, que afectan a trabajadores y poblaciones rurales de forma directa”. 

La investigación puso énfasis en el impacto indirecto sobre otras producciones agrícolas y ecosistemas. Morales también detalló que “el uso extendido de los plaguicidas puede afectar a otras producciones como la apicultura, contaminando las flores y el agua de las cuales se alimentan; y exponiendo a las abejas melíferas a dosis letales y subletales de compuestos que alteran su comportamiento y desarrollo”. 

Exposición crónica 

Las científicas subrayaron que los marcos legales actuales son insuficientes frente a la diversidad y combinación de sustancias autorizadas.

Morales advirtió sobre un sesgo de corto plazo en la gestión del riesgo y explicó: “Los estudios de impacto ambiental y las evaluaciones de riesgo se focalizan en los efectos directos y agudos (letalidad) de los ingredientes activos, subestimando los efectos por exposición crónica a dosis subletales. Una vez liberados al ambiente, los plaguicidas pueden permanecer en el aire, agua y suelo, e interactuar con otros plaguicidas”.

El análisis detalló que la disparidad entre América Latina y la Unión Europea radica tanto en la rigurosidad de las evaluaciones como en la implementación desigual de los acuerdos internacionales sobre productos peligrosos.

De Groot precisó: “Existe una desigual implementación de los instrumentos internacionales evaluados y el necesario cuestionamiento del rol que cumplen para proteger de forma efectiva la salud del ambiente y las personas”.

Regulaciones globales 

El estudio alertó sobre el riesgo estructural de asimetría legal entre regiones y la ausencia de gobernanza global en materia de plaguicidas.

De Groot y Morales señalaron: “Sin una gobernanza global que contemple una normativa igualmente rigurosa para todos los países y regiones se generan asimetrías profundamente injustas, donde los países con legislaciones más débiles terminan aplicando en sus territorios compuestos que no están permitidos en países con legislaciones más rigurosas”.

Las investigadoras destacaron el rol clave del acceso público a la información en la protección efectiva del ambiente y la salud.

“El derecho a la información ambiental está garantizado por el Acuerdo de Escazú, así como también la participación pública en decisiones que afecten el ambiente y el acceso a la justicia ambiental”, recordaron.

“Cualquier ciudadano o ciudadana, pero en particular trabajadores del campo, consumidores y comunidades rurales, debe tener acceso a información oficial, confiable, rigurosa y actualizada de los productos que se usan en su país o región, datos sobre volumen de venta y aplicación de cada compuesto discriminados a la menor escala espacial posible, de la peligrosidad de los ingredientes activos aprobados, si se usa en otras partes del mundo o no, y por qué”, recalcaron.

En tanto, la experta de Groot subrayó que armonizar las regulaciones en América Latina es “un desafío en términos de gobernanza política, porque implica poner en cuestionamiento el paradigma agrícola hegemónico de nuestra región”.

Aseguró que su estudio reveló “una realidad alarmante para la salud de nuestros territorios, largamente denunciada por las comunidades que sufren las consecuencias de los plaguicidas, que requiere acciones concretas y urgentes en términos de gobernanza”.

Cómo el Acuerdo de Escazú protege a quienes defienden el ambiente 

El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que busca proteger el medioambiente y los derechos de las personas en América Latina y el Caribe. Su nombre se debe a que fue adoptado en Escazú, Costa Rica, en 2018.  

El acuerdo tiene tres objetivos principales: garantizar el acceso a la información ambiental, facilitar la participación de la gente en las decisiones que afectan al ambiente y asegurar la justicia cuando se dañan los recursos naturales. 

Este tratado obliga a los gobiernos a informar de manera clara y accesible sobre el estado del ambiente, los proyectos que pueden afectar la naturaleza y las medidas para protegerla.  

También establece que cualquier persona puede participar en reuniones o procesos donde se decida sobre obras, leyes o políticas que tengan impacto ambiental. Además, el Acuerdo de Escazú protege a quienes defienden el ambiente, como activistas o líderes sociales, ya que en la región muchas veces enfrentan riesgos y amenazas. 

El acuerdo representa un avance porque reconoce el derecho de todos a vivir en un ambiente sano y seguro. Busca que los países trabajen juntos para que ninguna persona quede excluida de decidir sobre el futuro de la naturaleza y para que haya justicia cuando se producen daños ambientales