Beneficiado por una ley de Milei, Lazaro Báez fue sobreseído de forma parcial en una causa por evasión fiscal

La entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el gobierno de Javier Milei cambió drásticamente la situación judicial del empresario Lázaro Báez y su familia. En las últimas horas, el Tribunal Oral Económico Nº 3 dispuso su sobreseimiento parcial en el marco de una causa que investigaba millonarias deudas impositivas generadas a través de la reconocida firma Austral Construcciones SA. La decisión también alcanzó a otras 11 personas vinculadas a la compañía patagónica.

El extenso expediente judicial analizaba la falta de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias y la tasa prevista en el artículo 37 de dicha ley, abarcando los períodos fiscales bajo revisión de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

El giro en la causa se produjo porque la nueva legislación fijó que la evasión simple requiere un monto superior a los $100.000.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual, mientras que para los casos de evasión agravada la cifra mínima ascendió vertiginosamente a $1.000.000.000, penalizando además la utilización de facturas falsas solo cuando el perjuicio económico supera la barrera de los $100.000.000.

Frente a este nuevo y favorable escenario normativo, los abogados defensores solicitaron el cierre del caso argumentando que los montos evadidos en el pasado quedaron por debajo de los nuevos límites legales, amparándose en el derecho penal argentino que obliga a aplicar la norma vigente si resulta más beneficiosa para los acusados de manera retroactiva.

El fiscal general Diego Velasco rechazó los pedidos sosteniendo que solo era una actualización por inflación y exigió el juicio oral, pero la querella en representación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero anticipó que no presentaría oposición si los montos quedaban efectivamente por debajo de los flamantes umbrales.

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Los jueces fallaron a favor de Báez, pero su situación procesal continúa

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Ante ese panorama dividido, los jueces Jorge Zabala, Fernando Machado Pelloni y Karina Perilli desestimaron el planteo del fiscal y fundamentaron su decisión en la aplicación obligatoria de la ley penal más benigna respaldada por la doctrina de la Corte Suprema.

Para fundamentar el espíritu de la reforma, la magistrada Perilli transcribió el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional que acompañó el proyecto original y señaló: «Racionalizar la normativa penal tributaria vigente con el fin de ordenar el ejercicio del poder punitivo y castigar de manera proporcional, efectiva y focalizada aquellas conductas que impliquen un perjuicio real y significativo a la hacienda pública».

El fallo judicial desglosó las cifras exactas del conflicto fiscal para Austral Construcciones SA, demostrando que en 2010 los montos alcanzaron $23.959.038 en IVA y $46.461.367 en Ganancias, mientras que en 2011 treparon a $99.964.224 en IVA y $90.014.387 en Ganancias.

La tendencia a la baja se vio en 2013 con $8.753.187 en IVA y $8.495.232 en Ganancias, subiendo nuevamente en 2014 a $59.954.725 en IVA y $22.860.611 en Ganancias. Los peritos confirmaron que absolutamente ninguno de estos números superó el nuevo piso legal exigido de $100.000.000 para ser considerado un delito penal.

Sin embargo, el único año que excedió el límite y complicó a la familia fue el 2012, período en el cual la empresa registró deudas por $113.190.286 en concepto de IVA y $178.037.143 por el Impuesto a las Ganancias.

Por este motivo, el tribunal dictó el sobreseimiento parcial de Lázaro Báez y de sus hijos Martín y Luciana, junto al sobreseimiento total de su hijo menor Leandro, pero ordenó que el proceso judicial principal siga abierto y continúe su trámite únicamente respecto de los hechos ilícitos correspondientes al mencionado ejercicio 2012.