Acusan a un exfuncionario de Andacollo por quedarse con dinero destinado a combustible

El fiscal Víctor Salgado acusó hoy a Eduardo Argentino Zenteno, exsecretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes de la municipalidad de Andacollo, por apropiación indebida de fondos públicos en operaciones de adquisición de combustible.

Es la segunda causa que debe enfrentar. El año pasado fue imputado por asociación ilícita, a raíz de una denuncia que inició el intendente Manuel San Martín.

Según la acusación, Zenteno desplegó un mecanismo sistemático de desvío de recursos entre marzo y octubre de 2025: solicitaba la compra de grandes volúmenes de combustible, pero dado que los tanques municipales ya contaban con el líquido suficiente, no se cargaba la totalidad del pedido.

Los valores remanentes, documentados mediante contravales emitidos por la estación de servicio, eran recibidos por el exfuncionario, quien omitía rendirlos ante la administración, apropiándose indebidamente de los fondos.

Los hechos específicos imputados son:

–31 de marzo de 2025: remanente de $1.000.000  sobre un pedido de 2.795 litros de combustible adquirido.

–6 de mayo de 2025: remanente de $230.000 sobre un pedido de 2.831 litros de diésel.

–3 de junio de 2025: remanente de $2.688.000 sobre un pedido de 2.785 litros de diésel.

–28 de julio de 2025: remanente de $262.000 sobre un pedido de 2.995 litros de nafta y diésel.

–26 de agosto de 2025: remanente de $980.900 sobre un pedido de 2.490 litros de nafta y diésel.

–27 de octubre de 2025: remanente de $529.400 sobre un pedido de 2.445 litros de diésel.

Salgado encuadró el accionar de Zenteno en el delito de peculado, en modalidad continuada y en calidad de autor, y precisó que el perjuicio económico al erario municipal ascendió a $5.690.300.

El fiscal remarcó que en su carácter de funcionario público y con custodia funcional sobre los bienes y fondos involucrados, Zenteno «quebrantó el deber de fidelidad inherente a su cargo y generó un perjuicio económico directo al erario municipal».

La querella, en representación del municipio, acompañó el planteo fiscal.

La jueza de Garantías, Leticia Lorenzo, tuvo por formulados los cargos y fijó el vencimiento del plazo de investigación en sintonía con el de la causa que ya está en trámite, el 27 de junio.

Salgado le requirió a la jueza que, con «el objetivo de garantizar la reparación del daño», fijara un embargo mensual del 10% sobre los haberes del imputado. La magistrada lo rechazó, por lo que Salgado solicitó la revisión de esa parte de la resolución.

Denunciado por el intendente

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Zenteno junto a Carlos Daniel Leiva (director de Redes) y dos proveedores fueron imputados en noviembre pasado por haber formado una asociación ilícita que causó un perjuicio aproximado de $128 millones a la municipalidad.

Según la investigación, los imputados certificaron horas de maquinaria vial nunca realizadas, dispusieron indebidamente de materiales de la cantera municipal y utilizaron personal y bienes municipales para beneficio propio.

Les fijaron embargos por $130 millones para cubrir el monto de las estafas.

El caso se originó a partir de una presentación del jefe comunal, tras detectar una serie de irregularidades en las contrataciones.