Un legislador de Río Negro va a juicio por la causa Techo Digno de Choele Choel

El juez Oscar Gatti de Roca decidió hoy, tras completar la etapa de control de acusación, que un tribunal colegiado juzgue al legislador del PJ y exintendente de Choele Choel, Daniel Belloso, y Alberto Manuel Olivera, funcionario municipal durante su gestión, en un juicio oral y público. No se avanzó en esta instancia contra el empresario Longino Pacífico de Dios por su estado de salud.

La fiscal jefa Graciela Echegaray, con la asistencia de su par Jessica González, solicitó además que se pida el desafuero de Belloso por la inmunidad que tienen como legislador provincial, pedido al que el magistrado accedió. Ahora la Legislatura deberá decidir si habilita el desafuero.

Tanto Belloso como Olivera están imputados por hechos vinculados a presunto fraude contra la administración pública, y en el caso de Belloso también por peculado. Sobre este último delito el juez Gatti rechazó en el inicio de la audiencia un planteo que había realizado el defensor Damián Torres para que Belloso no sea juzgado por peculado. El magistrado dijo que será en el juicio oral cuando se defina si corresponde o no condenarlo por este ítem.

Cuáles son los convenios de Techo Digno Choele Choel

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La causa se centró en la ejecución del programa nacional “Techo Digno”, en el marco de dos convenios firmados entre el Estado Nacional y el municipio: uno de 2013 para la construcción de 110 viviendas y otro de 2015 para 86 viviendas.

Estos acuerdos establecían obligaciones estrictas para el municipio, entre ellas ejecutar las obras conforme a lo planificado, rendir cuentas de los fondos recibidos y utilizar el dinero exclusivamente para los fines previstos.

A Belloso el delito de peculado por haber utilizado fondos del programa con fines distintos a los establecidos. “En definitiva, el intendente Belloso sustrajo con fines ajenos al convenio la suma de $13.802.501,97 mediante sucesivas autorizaciones de débitos con destino a beneficiarios diversos, en el período comprendido entre julio de 2015 y septiembre de 2017”, dijo la fiscalía cuando se reformularon los cargos, en mayo pasado.

El dinero, que debía destinarse exclusivamente a las obras, fue desviado mediante extracciones, transferencias a terceros, constitución de plazos fijos y uso en otras cuentas municipales. Estas maniobras dificultaron el control del destino de los fondos y dejaron montos importantes sin aplicar a las obras ni reintegrar al Estado Nacional.

De qué acusan al exfuncionario municipal de Choele Chole

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En cuanto a Olivera, la acusación lo considera partícipe necesario. Se le atribuye haber firmado certificaciones y documentos que avalaban avances de obra superiores a los reales, así como haber intervenido en los actos administrativos que permitieron los pagos cuestionados, incumpliendo sus funciones de control técnico.

La resolución del juez Gatti confirma que existen elementos suficientes para llevar a juicio a los imputados por maniobras que habrían implicado pagos indebidos, certificaciones irregulares y desvío de fondos públicos en el marco del programa de viviendas nacional.

La investigación central de Techo Digno evalúa el manejo de fondos nacionales para planes de viviendas por parte de una docena de municipios. Las transferencias -que se sucedieron entre el 2013 y el 2015- fueron administradas por los intendentes y las acusaciones judiciales consisten en la relación entre los envíos de la Nación y el efectivo nivel de construcción.