La definición de la Ley de Glaciares se estiró hasta mediados de abril en la Cámara de Diputados

La Ley de Glaciares no avanza con la velocidad pretendida por el Gobierno, algunos gobernadores y las empresas mineras. Una vez finalizadas las audiencias públicas, el esquema que maneja el oficialismo es convocar a un nuevo plenario informativo con gobernadores el 1 o el 8 de abril antes de dictaminar. Con esos tiempos, el tratamiento en el recinto llegaría, en el mejor de los casos, recién a mediados de abril.

Así lo confió a este medio una fuente de La Libertad Avanza involucrada en el tema mientras avanzaba la segunda y última audiencia pública, con una presencia realmente escasa de diputados en la sala de reuniones. A diferencia de la primera jornada, que fue presencial y estuvo cargada de tensión, los expositores hablaron esta vez de manera virtual, por lo que bajó el nivel de expectativa.

Ante los insistentes cuestionamientos por las restricciones a la participación ciudadana, los libertarios aprovecharon para hacer una picardía: llegaron unos minutos antes a la sala de reuniones del Anexo C y se fotografiaron todos sentados, mientras del otro lado las sillas de la oposición lucían, en ese momento, prácticamente vacías. Luego, a lo largo de la jornada, las presencias fueron variando de uno y otro lado.

Ahora, el oficialismo trabaja para concretar un plenario de comisiones más antes de dictaminar, con la complicación logística que implican los próximos feriados de Semana Santa. Convocarán para el 1 o el 8 de abril y citarán a gobernadores: los interesados en la ley son los que integran la Mesa del Cobre (Catamarca, Salta, Jujuy, San Juan y Mendoza) y la del Litio (las tres primeras provincias).

El más expectante es el sanjuanino Marcelo Orrego, quien envió a sus funcionarios a disertar a favor en las audiencias. La expectativa está puesta en el megaproyecto Vicuña, que prevé invertir US$ 7.100 millones en tres años para extraer cobre. Según denunció un abogado ambientalista, para cumplir con el objetivo utilizarán “2.000 litros de agua por segundo”.

En el caso de Catamarca, participantes de la audiencia denunciaron que 30 años de explotación de litio dejaron totalmente seco el Río Trapiche, en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra. Desde Jujuy también se habló de más de 1.700 proyectos mineros con diferentes grados de avance en la región de la puna que utilizan miles de litros de agua por segundo.

“Otro que debe dar explicaciones es el gobernador (Alfredo) Cornejo. En Mendoza impulsa el proyecto megaminero San Jorge, en la cordillera, que enfrenta un fuerte rechazo social y masivas movilizaciones. En el último año, 32 ambientalistas fueron detenidos por su gobierno”, denunció la diputada de izquierda Myriam Bregman. Una de las detenidas, Valentina Spalenza, habló en las audiencias.

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Judicialización asegurada

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La Libertad Avanza confía en tener los votos para sancionar la ley a mediados del mes próximo, con ayuda de aliados del interbloque PRO-UCR-MID, bloques provinciales de Catamarca y San Juan y, probablemente, un puñado de peronistas de provincias mineras. Sin embargo, en el oficialismo saben que lloverán recursos en la Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la futura ley.

Además de su contenido (según advierten la oposición y ambientalistas, viola el artículo 41 de la Constitución) van contra el formato de las audiencias públicas por impedir la participación oral de los más de 100.000 inscriptos. En ese punto reparó una de las expositoras de este jueves, la exdiputada justicialista Graciela Camaño.

Otra de las ponencias sobresalientes fue la de Pablo Villagra, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo que tiene a su cargo la realización y actualización del Inventario Nacional de Glaciares.

Para el funcionario, el proyecto “no representa una mejora respecto de la ley vigente porque deja áreas con hielo sin proteger; no elimina las ambigüedades planteadas sino que, por el contrario, genera nuevas ambigüedades; y desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina a decisiones políticas de las autoridades de cada provincia”.

“Desde el punto de vista glaciológico, todos los cuerpos de hielo cumplen con el rol tanto de reserva hídrica cuando el agua está congelada; de aporte cuando está derritiéndose; y de regulación hídrica en los procesos de congelamiento y descongelamiento”, especificó. En ese sentido, advirtió que habrá “subjetividad” a la hora de definir la “importancia hídrica” de una zona y la “afectación relevante” de los cuerpos de hielo.

En la vereda opuesta, Néstor Rigamonti, presidente del Instituto Argentino de Derecho para la Minería, dijo estar ante “una oportunidad única para mejorar la eficacia del régimen vigente”, ya que “la ambigüedad de conceptos normativos ha generado interpretaciones dispares, conflictos de competencia entre jurisdicciones e inseguridad jurídica”.

También dijo que la nueva ley “no implica una regresión ambiental” porque, a su criterio, “el núcleo de protección de mantiene intacto” y “se propone clarificar su alcance, no reducirlo”. Además, consideró que “las provincias, por su cercanía territorial y conocimiento específico, están en mejores condiciones de aportar información relevante para sus recursos” en lugar de la Nación.