Kevin Hernández, su desaparición en Lamarque y una trama narco: por qué la causa pasó a la Justicia Federal

En una resolución importante, la Justicia de Río Negro declaró oficialmente su incompetencia material para continuar con la investigación de la desaparición de Kevin Hernández en Lamarque. El magistrado de Garantías, Roberto Gaviña Sánchez, dispuso este miércoles el traslado inmediato de las actuaciones al Juzgado Federal de Roca, fundamentando que el caso presenta una estrecha relación con delitos de narcocriminalidad organizada, lo que desplaza la jurisdicción ordinaria.

La decisión judicial se produce tras meses de una búsqueda intensa que, a pesar de la multiplicidad de recursos técnicos y humanos desplegados, no logró dar con el paradero del joven de 26 años. Hernández fue visto por última vez el 22 de febrero de 2026, momento en que se retiró de su vivienda tras haber llegado a la zona desde Viedma apenas unos días antes. Desde entonces, el caso escaló de una averiguación de paradero a una compleja trama que involucra presuntos delitos federales.

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El peso de la hipótesis narco en la resolución

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El juez Gaviña Sánchez fue contundente al señalar que el avance de la pesquisa permitió orientar la investigación hacia una «posible vinculación del hecho investigado con actividades de narcocriminalidad organizada». Según los fundamentos del fallo, existen elementos objetivos de verosimilitud que indican que la desaparición podría estar encuadrada en conductas alcanzadas por la Ley 23.737 de Estupefacientes.

La reconstrucción de las horas previas a la desaparición indica que Kevin Hernández mantuvo contacto con diversos individuos ligados a ámbitos de consumo y narcomenudeo. El magistrado detalló que se constató que el joven y sus allegados realizaban la venta de bienes personales para la adquisición de droga, referida en los testimonios como «gilada». Este contexto, sumado a los resultados de las diligencias de campo, inclinó la balanza hacia la necesidad de una intervención federal.

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Hallazgo de una plantación custodiada con «tumberas»

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Uno de los puntos de quiebre en la causa provincial fue un rastrillaje efectuado el 17 de marzo en la zona de la Isla, a 7 kilómetros de Lamarque. En ese procedimiento, las fuerzas de seguridad secuestraron 55 plantas de cannabis de gran porte y aproximadamente 16 kilogramos de flores en proceso de secado. Lo que más alarmó a las autoridades fue que el perímetro de la plantación contaba con un resguardo armado mediante dispositivos de fabricación casera conocidos como “tumberas”.

Para la magistratura, este hallazgo «excede claramente una situación aislada de consumo personal y evidencia un posible contexto de organización y protección de actividad vinculada a estupefacientes». En este sentido, el juez argumentó que la investigación ya no puede limitarse a la justicia ordinaria, ya que las estructuras detectadas poseen una complejidad que requiere herramientas específicas de la justicia nacional.

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Una serie de allanamientos que marcan el camino

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A lo largo de la investigación en el fuero provincial, se realizaron múltiples operativos que ya habían dado intervención preventiva a las autoridades federales. Entre ellos, se destacan los procedimientos en dos propiedades, donde autoridades del Juzgado Federal ya habían dispuesto el inicio de actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes.

A estos se sumaron allanamientos en otros domicilios durante el mes de marzo, que resultaron en nuevos secuestros e imputaciones bajo la órbita federal. El magistrado consideró que mantener la causa dividida generaría un «fraccionamiento de pesquisas que aparecen objetivamente entrelazadas«, lo cual atentaría contra una mejor administración de justicia.

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Doctrina de la Corte Suprema y el «Juez Natural»

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Para fundamentar el traspaso, Gaviña Sánchez citó precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el fallo «Torrilla», donde se establece que, ante una pluralidad de delitos, la justicia federal debe intervenir si la víctima integraba o estaba vinculada a organizaciones criminales y su desaparición o muerte aparece enmarcada en disputas territoriales.

El magistrado concluyó resaltando que el criterio del «Juez Natural» debe ser defendido para garantizar la imparcialidad del proceso. Al declarar la incompetencia, invitó al titular del Juzgado Federal de General Roca a dirimir la cuestión ante un superior común en caso de no compartir el criterio.

Por el momento, la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel dejará de intervenir, delegando la responsabilidad de hallar respuestas para la familia Hernández en manos federales.