Los imputaron por varias estafas con casas que vendieron, pero nunca entregaron en Bariloche

Ofrecían construir en tiempo récord casas en contenedores marítimos y varias personas creyeron que habían encontrado la solución para resolver su problema habitacional en Bariloche. Por eso, firmaron contratos y compraron, pero nunca les entregaron la vivienda. Tampoco les devolvieron el dinero. Por eso, las víctimas demandaron a los responsables de la empresa “Eco Hábitat Patagonia SRL”, denominada comercialmente como “El Montañés”.

Fueron nueve estafas por un monto total superior a los 600 mil dólares, según advirtió la fiscalía y la querella en la audiencia de formulación de cargos que se hizo este martes de manera virtual (por zoom).

El fiscal Gerardo Miranda imputó a Nicolás Ruival, Damián Soto, Marina Silvia Rojas y Sofía Ellera Moyano por las nueve estafas en carácter de coautores. El abogado Martin Govetto, en representación de algunos damnificados que se constituyeron en querellantes, adhirió a los cargos formulados por la fiscalía contra los acusados.

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Según la teoría de la fiscalía y de los querellantes, los hechos atribuidos a los imputados ocurrieron entre el 11 de junio del 2023 y el 1 de abril del 2025, cuando se hizo la primera denuncia penal en la sede del Ministerio Público Fiscal, en Bariloche.

Miranda relató al juez de garantías Juan Pablo Laurence que Nicolás Ruival, Marina Silvia Rojas, Sofía Ellera Moyano y Damián Soto, “actuando todos de común acuerdo, y con clara finalidad de quedarse con el dinero de las víctimas, cumpliendo diferentes roles dentro de la sociedad “Eco Hábitat Patagonia SRL”, denominada comercialmente como “El Montañés”, ubicada en el PITBA, en la Ruta Nacional 40, kilómetro 2043 (Ruta de Circunvalación) desplegaron una maniobra defraudatoria sistemática en perjuicio de numerosos particulares, a quienes las desapoderaron de importantes sumas de dinero en dólares”.

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La fiscalía atribuyó a Ruival el rol de socio gerente y era el que ejercía el control de la sociedad. Indicó que Rojas y Ellera Moyano actuaron como apoderadas, vendedoras y quienes tenían a su cargo el cobro del dinero.

Mientras que Damián Soto se presentaba, según la fiscalía y las querellas, como jefe de operaciones, mantenía comunicación con los clientes, exhibía contenedores afirmándoles que eran de su proyecto y concurría a los terrenos en que aseguraban que se instalarían las viviendas.

Los acusadores público y privado sostuvieron que de esa manera los imputados “armaron una puesta en escena para generar confianza y luego engañar a las personas que se contactaban por teléfono o redes sociales y que concurrían a las oficinas”.

Miranda contó que cuando las víctimas fueron a las oficinas, ubicadas en el PITBA, “eran atendidos por alguna de las vendedoras y luego por Rojas o Ellera Moyano, quienes les prometían la construcción de viviendas mediante el sistema de contenedores marítimos con “llave en mano” y las entregas en el terreno en un plazo determinado y muy breve comparando con una construcción tradicional, lo que actuaba como interés principal para los clientes”.

El fiscal destacó que una vez que lograban convencerlos, las víctimas “firmaban contratos en los que se establecían las pautas y modalidades”.

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“Luego, les iban asegurando de manera falsa que la construcción de sus viviendas iba avanzando y estaban en proceso. En algunas ocasiones llegaron a exhibirles los contenedores que en el predio estaban siendo reacondicionados con viviendas, con carteles con los nombres de los clientes”, detalló la fiscalía.

“Así también, les ofrecían adicionales, como pisos, aberturas o instalaciones que cobraban extra y se apropiaban del dinero. Todo ello sabiendo que iban a construir ni a entregar las viviendas por carecer de la capacidad técnica, financiera y operativa”, afirmó el fiscal y los querellantes.

La fiscalía planteó que “en muchos casos, abusando de la confianza y prometiendo cumplir con lo acordado, (los imputados) lograron prórrogas en los plazos de cumplimiento en la entrega de las viviendas, sabiendo que no lo iban a concretar”.

Describió que Soto visitaba los terrenos. Se presentaba a bordo de vehículos con inscripciones de la empresa y como jefe de operaciones de la firma, “para supuestamente revisar las condiciones de instalación de las viviendas, con el único fin generar una falsa sensación de avance para obtener más pagos o prórrogas”.

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La fiscalía y las querellas advirtieron que los imputados con ese ardid “fueron cobrando sumas en dólares como adelantos, en la mayoría de los casos por aproximadamente el 90% del monto estipulado, apropiándose del dinero con destinos desconocidos a la fecha”.

Miranda sostuvo que cada vez que las víctimas efectuaban sus reclamos, “los imputados cortaban la comunicación personal y telefónica, abandonaron totalmente la empresa, dejaron el lugar en que estaban instalados, hicieron desaparecer los contenedores”.

Miranda y los querellantes señalaron que tres de los imputados, con excepción de Ruival, constituyeron en marzo del 2025 otra sociedad paralela denominada “MCM Construcciones Modulares SAS” por medio de la cual comenzaron a desviar los mismos clientes que recibía “El Montañés” hacia la nueva empresa realizando las mismas promesas en cuanto a plazos de entrega y modalidad de construcción, lo que publicitan permanentemente en redes sociales.

La defensora penal pública Blanca Alderete, junto con el defensor adjunto Nahuel Benac, asistieron a tres imputados. Mientras que el abogado Ernesto Saavedra defendió a Ruival.

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Miranda solicitó al juez que declare compleja la investigación por el número de hechos investigados y el volumen de evidencia documental, informática y contable que resta analizar.

Sostuvo los cargos con las denuncias penales presentadas por las víctimas, los contratos firmados, los comprobantes de los pagos que los damnificados hicieron, las conversaciones de WhatsApp extraídas de los celulares de los denunciantes, prueba documental, entre otras evidencias.

La querella acompañó la formulación de cargos, la calificación legal propuesta por la fiscalía y el pedido de investigación compleja.

La defensa pública no se opuso a la declaración de investigación compleja ni al plazo de un año solicitado por los acusadores. Señaló, sin embargo, que algunos aspectos de la acusación deberán ser precisados durante la investigación.

Saavedra avaló el plazo requerido para la investigación y adelantó que tiene una teoría del caso diferente a la planteada por la fiscalía.

Tras escuchar a la fiscalía, la querella y las defensas, el juez de Garantías admitió los cargos formulados contra los imputados por nueve hechos de estafa en concurso real.

Laurence dispuso que la causa tramite como asunto complejo y fijó el plazo de la investigación preparatoria hasta el 2 de junio de 2027.

Además, el juez aceptó el pedido de las medidas cautelares solicitadas por la querella y la fiscalía. Ordenó la prohibición de salida del país para los cuatro imputados, la inhibición general de sus bienes y sociedades alcanzadas por la investigación, la obligación de fijar domicilio y la de estar a derecho.

Laurence aclaró que las medidas regirán mientras dure la investigación preparatoria, sin perjuicio de las revisiones o modificaciones que pudieran corresponder según la evolución del caso.