Denunciaron a un docente del IUPA por «violencia digital»: qué restricciones dictó una jueza de Roca

En una audiencia penal en Roca, la jueza de Garantías María Gadano resolvió imponer de forma excepcional medidas cautelares contra el docente de violín Marco Fattorello. La resolución, de carácter preventivo, busca frenar una escalada de hostigamiento digital y amenazas surgida tras el conflicto gremial en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). La defensa del profesor se opuso.

La fiscal Jessica González y los abogados querellantes, Martín Palumbo y Milton Díaz Villegas, solicitaron resguardo para las víctimas. Según la acusación, el docente utilizó sus perfiles en Instagram —donde tiene más de 137.000 seguidores—, Facebook y YouTube para difundir fotos, teléfonos y datos sensibles de los denunciantes, instigando de forma pública a que sufrieran intimidaciones y amenazas de muerte.

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Un conflicto que saltó a las redes

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La fiscalía expuso que el conflicto en el IUPA comenzó el 17 de marzo de 2026. Inicialmente de carácter presencial, con acusaciones de insultos y empujones, Fattorello trasladó la disputa al plano digital. El caso de una docente es uno de los más graves. Tras la publicación de un video (por parte de Fattorello) con su teléfono personal y lugar de trabajo, comenzó a recibir violentos mensajes anónimos como «te voy a matar» o amenazas de abuso. Como consecuencia del acoso callejero y virtual, la denunciante tuvo que alterar su cotidianidad.

Los demás denunciantes vivieron situaciones similares. Un trabajador de la institución recibió advertencias de golpizas y de que quemarían su vivienda. Por su parte, dos estudiantes también fueron expuestas en las redes del imputado.

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Cautelares de cumplimiento estricto

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A pesar de encontrarse en etapa de investigación penal preliminar y sin formulación de cargos, la jueza Gadano dio lugar al pedido por la urgencia y el peligro de entorpecimiento del proceso. «Los operadores del sistema por lo menos debemos intentar bajarle la espuma al conflicto o por lo menos frenarlo», señaló la magistrada, fundamentando la decisión en el restablecimiento de la paz social regulado por el artículo 14 del Código Procesal Penal.

Las restricciones impuestas a Fattorello regirán por cuatro meses, hasta el 20 de diciembre de 2026. El docente tendrá prohibido acercarse a menos de 30 metros de los denunciantes, incluso en la vía pública. Ante la duda de la defensa sobre la coincidencia espacial en el edificio educativo, Gadano aclaró que el cumplimiento activo implica que, si el imputado se cruza con las víctimas, debe dar media vuelta y retirarse.

Asimismo, la jueza ordenó la prohibición de contacto absoluto —físico o digital— y dispuso que el profesor no podrá realizar ningún tipo de publicación, video o mención pública que haga referencia directa o indirecta a los cuatro denunciantes.

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La postura de la defensa y el imputado

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El defensor oficial Miguel Salomón se opuso a la restricción de acercamiento laboral y a las prohibiciones en redes sociales. Argumentó que afectan la libertad de trabajar de su asistido —reubicado temporalmente en el Museo de Ciencias Naturales— y su derecho constitucional a expresarse. También cuestionó la existencia de delito, afirmando que publicar imágenes de protestas públicas no constituye instigación.

Por su parte, Fattorello rechazó haber agredido a los denunciantes y afirmó que sus publicaciones solo buscan visibilizar el conflicto escolar. «La restricción de acercamiento desde mi punto de vista la piden para eliminarme de la universidad y de esa manera poder seguir manteniendo en las sombras lo que yo intento exponer», declaró el imputado, sosteniendo que busca exponer la utilización política y gremial de los estudiantes.