Caso YPF: Burford acude a la Corte Suprema de EE.UU. para reflotar la condena por US$ 16.100 millones
El fondo que litiga contra la Argentina presentó un recurso de revisión para revertir el fallo de segunda instancia que anuló la histórica sentencia. Con nuevos planteos enfocados en la jurisdicción y la legislación federal, los accionantes buscan reflotar la demanda millonaria, mientras la Procuración del Tesoro mantiene su postura para sostener la contundente victoria lograda en marzo.
Foto: Gentileza.
Burford Capital, el fondo que financia el litigio contra la Argentina por la expropiación de YPF, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el objetivo de que se revise el fallo que dejó sin efecto una condena por US$ 16.100 millones más intereses. La solicitud formal fue ingresada el 30 de septiembre, coincidiendo con el último día del plazo legal previsto para recurrir al máximo tribunal estadounidense.
El planteo de los demandantes busca revertir de manera directa la resolución que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictó el 27 de marzo, la cual anuló íntegramente la sentencia previa de la jueza Loretta Preska. En 2023, aquella decisión de primera instancia había responsabilizado al Estado argentino por incumplir el estatuto de la petrolera al no lanzar una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios durante la nacionalización llevada a cabo en 2012.
Los argumentos de la apelación
En la petición de certiorari presentada ante los magistrados, los representantes de las sociedades accionantes definieron la decisión de la Cámara de Apelaciones como «gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes». Los demandantes sostienen que el tribunal de alzada se apartó de la jurisprudencia establecida al darle preeminencia a una interpretación del derecho argentino y a resoluciones de tribunales locales.
El especialista financiero Sebastián Maril desglosó los puntos centrales de la presentación. Según su análisis del documento, los accionantes no le piden a la Corte que reinterprete el estatuto de YPF, sino que formulan dos cuestiones federales de fondo: si un Estado puede utilizar su propia ley para eludir la jurisdicción de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA, por sus siglas en inglés) y cuánta diferencia merece la interpretación que un país hace de su propia legislación cuando la plantea por primera vez en una instancia de apelación.
Para sustentar y reforzar el pedido de revisión, Maril destacó que los demandantes citan una división de criterios entre las cortes de apelaciones de los circuitos 7°, 9° y 11° frente a la del Distrito de Columbia. Asimismo, la estrategia se apoya expresamente en la disidencia redactada por el juez José Cabranes, quien fue el único magistrado que falló en contra de la Argentina durante la instancia de revisión en marzo. El argumento central del recurso apunta a determinar si las protecciones ofrecidas a los inversores por los Estados soberanos en el mercado de capitales estadounidense son jurídicamente exigibles.
El mecanismo de certiorari implica que son los propios jueces quienes deciden de forma discrecional si aceptan o rechazan la revisión del expediente. Históricamente, la Corte estadounidense recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones por período de sesiones y suele conceder el análisis de apenas unos 80 casos. Si el máximo tribunal rechaza el pedido, la decisión que anuló el fallo de Preska quedará firme de manera definitiva; si lo acepta, el caso continuará en la Corte hasta una resolución final.
Anticipándose a la complejidad del panorama en Nueva York, Burford ya inició acciones paralelas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial.
El impacto del litigio y el contexto del fallo a favor de Argentina
Los accionantes en este proceso no son antiguos inversores directos de la petrolera, sino fondos y sociedades que adquirieron los derechos litigiosos de exaccionistas. El fondo dirigido por Christopher Bogart mantiene en su poder el 35% de los derechos económicos vinculados a la quiebra de las sociedades Petersen (pertenecientes a la familia Eskenazi) y el 82% de Eton Park. Tras la derrota judicial de marzo, el valor contable de estas participaciones se desplomó drásticamente de los US$ 1.700 millones a una cifra cercana a los US$ 100 millones.
El fallo de segunda instancia significó un punto de inflexión a favor de la Argentina tras más de una década de disputas. El panel integrado por los jueces Denny Chin y Beth Robinson concluyó que Preska aplicó de forma incorrecta la legislación nacional. En su dictamen, los magistrados fueron tajantes al sentenciar que «las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato no son admisibles conforme al derecho argentino».
La defensa de la Procuración del Tesoro de la Nación basó su exitosa estrategia de apelación en tres pilares técnicos: argumentó que el juicio debió tramitarse en la jurisdicción local, evidenció el error de interpretación de la jueza sobre el derecho societario y administrativo argentino, y planteó subsidiariamente que un eventual pago debía calcularse con el tipo de cambio de 2023, lo que habría reducido la multa a unos US$ 4.920 millones.
Esa resolución liberó al país del pago de la indemnización de US$ 16.100 millones y ratificó que YPF no tuvo responsabilidad legal en el proceso de estatización. Ante la nueva jugada de Burford, según reportó Infobae, desde la Procuración afirmaron que anticipaban este escenario y ratificaron que continuarán ejerciendo la defensa de los intereses nacionales
Burford Capital, el fondo que financia el litigio contra la Argentina por la expropiación de YPF, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el objetivo de que se revise el fallo que dejó sin efecto una condena por US$ 16.100 millones más intereses. La solicitud formal fue ingresada el 30 de septiembre, coincidiendo con el último día del plazo legal previsto para recurrir al máximo tribunal estadounidense.
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