Imputaron a Lázaro Báez por lavar $390 millones desde la cárcel y lo vinculan con una banda narco

La Justicia Federal de Río Gallegos le dictó prisión preventiva tras detectar que impartía órdenes por teléfono desde el penal de Ezeiza para explotar bienes decomisados. La investigación se destrabó al interceptar cuatro valijas con su pasaporte y documentación contable en un vuelo.

Redacción

Por Redacción

La vivienda donde Lázaro Báez cumplió arresto domiciliario y que fue allanada en el marco de los operativos ordenados por la Justicia Federal de Río Gallegos. (Foto: Expediente judicial / MPF)

La vivienda donde Lázaro Báez cumplió arresto domiciliario y que fue allanada en el marco de los operativos ordenados por la Justicia Federal de Río Gallegos. (Foto: Expediente judicial / MPF)

La Justicia Federal de Río Gallegos imputó al empresario Lázaro Báez por encabezar desde la cárcel una organización dedicada al lavado de activos agravado y asociación ilícita, con un flujo estimado en 390.880.000 pesos y vínculos operativos con una banda dedicada al tráfico de cocaína en Santa Cruz. En el marco de dos causas conexas que involucran a 16 personas, el juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez dictó la prisión preventiva para Báez y otros once acusados.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), a través del portal Fiscales.gob.ar, la acusación fue formalizada por el fiscal federal Julio Zárate y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Jorge Rodríguez Ponte.

Según la hipótesis de los investigadores, el empresario —quien cumple una condena de 15 años en el penal bonaerense de Ezeiza— administraba de manera clandestina propiedades y empresas que ya habían sido embargadas o decomisadas por la Justicia, valiéndose de los cabecillas de una red narcocriminal para mover el dinero.

Escuchas en Ezeiza, una lista escrita a mano y cuatro valijas


La pesquisa se inició a partir de intervenciones telefónicas ordenadas en un expediente por narcotráfico y permitió reconstruir que Báez impartía directivas desde una línea registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal. En las comunicaciones interceptadas, el empresario se refería a sí mismo como «el dueño de la historia», mientras su entorno lo llamaba «Antonio» o «el Tío».

El punto de quiebre de la investigación ocurrió el pasado lunes 9 de noviembre, tras una alerta de Aerolíneas Argentinas sobre el embarque de tres personas de su círculo íntimo hacia Buenos Aires con cuatro valijas de gran tamaño. Efectivos de la Prefectura Naval interceptaron al grupo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y hallaron dentro del equipaje el pasaporte de Báez, un disco rígido externo, teléfonos celulares, seis tarjetas SIM, divisas, tarjetas bancarias con sus claves anotadas y carpetas con rendiciones de cuentas.

Parte de las carpetas y anotaciones contables incautadas por los investigadores durante el allanamiento en la celda de Lázaro Báez, en el penal federal de Ezeiza. (Foto: Expediente judicial / MPF)

Ese hallazgo derivó en 18 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate, estancias santacruceñas y en la propia celda del empresario en Ezeiza. Allí los agentes secuestraron contratos de arrendamiento, listados de deudores y una hoja manuscrita por el propio Báez encabezada con el título «EL CLAN», donde detallaba la nómina y los roles de sus colaboradores.

Los bienes bajo la lupa y el nexo con el narcotráfico


Según la imputación fiscal, la estructura mantenía en explotación activos que por ley Báez tiene vedado administrar, entre los que figuran:

  • Las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike.
  • Las firmas Kank y Costilla y Austral Agro.
  • Unidades funcionales del edificio «Koonek» —cinco de ellas ya inscriptas a nombre de la Corte Suprema de Justicia—, un inmueble en la costanera de El Calafate y dos galpones cuya cesión se habría pactado en 250 millones de pesos.

La conexión entre ambos expedientes se centró en la figura de un hombre identificado por sus iniciales como C.S.I., señalado por la fiscalía como el «administrador territorial» de Báez en Santa Cruz y, simultáneamente, como uno de los líderes de la organización narco.

En una segunda audiencia, el MPF imputó a nueve integrantes de esa banda por haber comercializado alrededor de 60 kilos de cocaína desde diciembre de 2025 utilizando una empresa de transporte y un lubricentro de Río Gallegos como base operativa, para luego blanquear las ganancias mediante billeteras virtuales, testaferros y vehículos de alta gama.


La Justicia Federal de Río Gallegos imputó al empresario Lázaro Báez por encabezar desde la cárcel una organización dedicada al lavado de activos agravado y asociación ilícita, con un flujo estimado en 390.880.000 pesos y vínculos operativos con una banda dedicada al tráfico de cocaína en Santa Cruz. En el marco de dos causas conexas que involucran a 16 personas, el juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez dictó la prisión preventiva para Báez y otros once acusados.

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