Tierra abrasada
No es ningún secreto que los kirchneristas más furibundos, sobre todo los vinculados con la organización supuestamente juvenil que se llama La Cámpora, quieran que a ciertos gobernadores provinciales, comenzando con el bonaerense Daniel Scioli, les vaya mal. Suponen que la eventual pérdida de popularidad de Scioli, el cordobés José Manuel de la Sota y otros mandatarios del interior, además del jefe de gobierno de la Capital Federal, Mauricio Macri, como resultado del ahogo financiero que están impulsando beneficiaría a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así, pues, según la lógica imperante en el seno del Poder Ejecutivo nacional, sería muy positivo que el país entero se hundiera en una crisis profunda, ya que a juicio de los kirchneristas, los problemas de toda clase que en tal caso surgirían, para no hablar de los paros constantes protagonizados por docentes y otros empleados estatales, las ruidosas marchas de protesta, los motines policiales y los estallidos de violencia como el que causó estragos en la localidad petrolera chubutense de Cerro Dragón, servirían para potenciar todavía más a Cristina. Por tal motivo, quienes piensan de este modo tomaron por un triunfo propio la decisión de Scioli de paralizar la obra pública, por no tener el financiamiento asegurado, en la jurisdicción que maneja. Aunque es normal que los profesionales de la política procuren atribuirse todos los éxitos y responsabilizar a otros por todos los fracasos, no lo es en absoluto que integrantes de un gobierno nacional se dediquen, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar lo que se han propuesto, a desestabilizar a los mandatarios provinciales más importantes del país con el propósito de desprestigiarlos o, si les resulta posible, destituirlos. Si bien en todas partes son frecuentes los conflictos motivados por la voluntad de un jefe de Estado de frenar el avance de un rival en potencia, por lo común los participantes de tales operativos obran con cuidado porque, caso contrario, correrían el riesgo de caer víctimas de sus propias maniobras. Por cierto, de llegar los bonaerenses, los cordobeses, los porteños y otros a la conclusión de que en última instancia los responsables del estado lamentable de la economía local no son los gobernadores provinciales o los intendentes municipales sino Cristina y los distintos personajes que se han encargado de la economía nacional, la imagen de la presidenta no podría sino verse afectada de manera sumamente negativa. Desgraciadamente para los kirchneristas, a esta altura pocos los creen administradores capaces. Antes bien, gracias a la torpeza extrema del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, el que se las ha arreglado para hacer caer la producción industrial privando a los fabricantes de insumos imprescindibles; la virtual ausencia del ministro de Economía, Hernán Lorenzino; las declaraciones a menudo polémicas del viceministro Axel Kicillof, el escaso relieve de la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, y la ineptitud patente de otros funcionarios nacionales, entre ellos el vicepresidente Amado Boudou, se ha difundido la impresión de que los miembros del gobierno de Cristina están mucho más interesados en temas ideológicos o en su propia figuración, que en algo que a su juicio es tan rudimentario como la gestión. Por lo demás, ya es claro que se ha agotado el célebre “modelo” kirchnerista basado, como está, en acaparar el dinero disponible a fin de emplearlo para comprar voluntades y disciplinar a quienes se resisten a sumarse a su “proyecto” y que, por lo tanto, las dificultades ya insuperables que enfrentan casi todos los mandatarios provinciales se deben a la inoperancia del gobierno nacional. No extrañaría del todo, pues, que la campaña de tierra abrasada que están librando los kirchneristas contra Scioli, De la Sota, Macri y tantos otros dirigentes con mando territorial, terminara perjudicando mucho más a los atacantes que a los atacados. Puesto que según el calendario fijado por la Constitución tendrían que transcurrir más de tres años hasta celebrar las próximas elecciones presidenciales y que, para más señas, todo hace prever que la crisis económica que el país está experimentando siga agravándose, el que los oficialistas ya hayan empezado una ofensiva generalizada, que podrían perder, contra aquellos gobernadores que acusan de “traición” a Cristina, es muy pero muy preocupante.
No es ningún secreto que los kirchneristas más furibundos, sobre todo los vinculados con la organización supuestamente juvenil que se llama La Cámpora, quieran que a ciertos gobernadores provinciales, comenzando con el bonaerense Daniel Scioli, les vaya mal. Suponen que la eventual pérdida de popularidad de Scioli, el cordobés José Manuel de la Sota y otros mandatarios del interior, además del jefe de gobierno de la Capital Federal, Mauricio Macri, como resultado del ahogo financiero que están impulsando beneficiaría a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así, pues, según la lógica imperante en el seno del Poder Ejecutivo nacional, sería muy positivo que el país entero se hundiera en una crisis profunda, ya que a juicio de los kirchneristas, los problemas de toda clase que en tal caso surgirían, para no hablar de los paros constantes protagonizados por docentes y otros empleados estatales, las ruidosas marchas de protesta, los motines policiales y los estallidos de violencia como el que causó estragos en la localidad petrolera chubutense de Cerro Dragón, servirían para potenciar todavía más a Cristina. Por tal motivo, quienes piensan de este modo tomaron por un triunfo propio la decisión de Scioli de paralizar la obra pública, por no tener el financiamiento asegurado, en la jurisdicción que maneja. Aunque es normal que los profesionales de la política procuren atribuirse todos los éxitos y responsabilizar a otros por todos los fracasos, no lo es en absoluto que integrantes de un gobierno nacional se dediquen, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar lo que se han propuesto, a desestabilizar a los mandatarios provinciales más importantes del país con el propósito de desprestigiarlos o, si les resulta posible, destituirlos. Si bien en todas partes son frecuentes los conflictos motivados por la voluntad de un jefe de Estado de frenar el avance de un rival en potencia, por lo común los participantes de tales operativos obran con cuidado porque, caso contrario, correrían el riesgo de caer víctimas de sus propias maniobras. Por cierto, de llegar los bonaerenses, los cordobeses, los porteños y otros a la conclusión de que en última instancia los responsables del estado lamentable de la economía local no son los gobernadores provinciales o los intendentes municipales sino Cristina y los distintos personajes que se han encargado de la economía nacional, la imagen de la presidenta no podría sino verse afectada de manera sumamente negativa. Desgraciadamente para los kirchneristas, a esta altura pocos los creen administradores capaces. Antes bien, gracias a la torpeza extrema del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, el que se las ha arreglado para hacer caer la producción industrial privando a los fabricantes de insumos imprescindibles; la virtual ausencia del ministro de Economía, Hernán Lorenzino; las declaraciones a menudo polémicas del viceministro Axel Kicillof, el escaso relieve de la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, y la ineptitud patente de otros funcionarios nacionales, entre ellos el vicepresidente Amado Boudou, se ha difundido la impresión de que los miembros del gobierno de Cristina están mucho más interesados en temas ideológicos o en su propia figuración, que en algo que a su juicio es tan rudimentario como la gestión. Por lo demás, ya es claro que se ha agotado el célebre “modelo” kirchnerista basado, como está, en acaparar el dinero disponible a fin de emplearlo para comprar voluntades y disciplinar a quienes se resisten a sumarse a su “proyecto” y que, por lo tanto, las dificultades ya insuperables que enfrentan casi todos los mandatarios provinciales se deben a la inoperancia del gobierno nacional. No extrañaría del todo, pues, que la campaña de tierra abrasada que están librando los kirchneristas contra Scioli, De la Sota, Macri y tantos otros dirigentes con mando territorial, terminara perjudicando mucho más a los atacantes que a los atacados. Puesto que según el calendario fijado por la Constitución tendrían que transcurrir más de tres años hasta celebrar las próximas elecciones presidenciales y que, para más señas, todo hace prever que la crisis económica que el país está experimentando siga agravándose, el que los oficialistas ya hayan empezado una ofensiva generalizada, que podrían perder, contra aquellos gobernadores que acusan de “traición” a Cristina, es muy pero muy preocupante.
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