Condenas a exfuncionarios de Lula son consideradas hito jurídico
BRASILIA.- El mayor juicio en la Corte Suprema de Brasil, que ha condenado por corrupción al círculo político del expresidente Lula, sienta un precedente que puede desencadenar una primavera anticorrupción en un país en el que la impunidad es práctica común, indicaron analistas. El juicio “da un mensaje extremadamente positivo de la lucha contra la corrupción, porque la impresión que se tenía es que para (condenar a) altos cargos políticos los tribunales exigían una prueba casi imposible (de conseguir) y no había condena”, dijo la profesora de Derecho de la Fundación Getulio Vargas Tania Rangel. El complicado proceso, que se inició el 2 de agosto en la Corte Suprema, condenó a 25 políticos, diputados, dirigentes históricos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y empresarios por crear una contabilidad ilegal para comprar el apoyo político de partidos aliados del gobierno en el Parlamento. El escándalo conocido como ‘mensalão’ (gran pago mensual) hizo tambalear en 2005 al gobierno de Lula y desmembró su partido, aunque, al igual que Rousseff, el exmandatario consiguió mantenerse al margen, fue reelecto en 2006, y dejó el poder en 2010 con una popularidad de más de 80%. El juicio prosigue en la Corte con la fijación de las sentencias a los 25 condenados, que prometen ser rigurosas. La gran mayoría se definirá en las próximas semanas. Los principales condenados son el exjefe de gabinete José Dirceu -la mano derecha de Lula desde su llegada al poder en 2003 hasta que estalló el escándalo en 2005- y el presidente del PT en la época, José Genoino. Desde que inició su mandato en 2011, la presidenta Dilma Rousseff, también del PT, despidió a siete ministros acusados de corrupción, lo que fue interpretado como una mayor intolerancia ante las malas prácticas. Pero los cambios “son muy lentos”, dijo Claudio Abramo, director de la ONG Transparencia Brasil, para quien el país precisa más regulación, fiscalización y atacar frontalmente prácticas institucionalizadas como la distribución de cargos de confianza a aliados “a cambio de apoyo y de que no haya fiscalización”. El juicio en la Corte Suprema creó un precedente jurídico: simplificó la condena por corrupción, antes casi imposible, al establecer que si se demuestra que un político recibió beneficios indebidos, se entiende que hubo un soborno para que se retribuyan esos beneficios con otros favores, sin que haya necesidad de probar la existencia de esas favores. (AFP)
BRASILIA.- El mayor juicio en la Corte Suprema de Brasil, que ha condenado por corrupción al círculo político del expresidente Lula, sienta un precedente que puede desencadenar una primavera anticorrupción en un país en el que la impunidad es práctica común, indicaron analistas. El juicio “da un mensaje extremadamente positivo de la lucha contra la corrupción, porque la impresión que se tenía es que para (condenar a) altos cargos políticos los tribunales exigían una prueba casi imposible (de conseguir) y no había condena”, dijo la profesora de Derecho de la Fundación Getulio Vargas Tania Rangel. El complicado proceso, que se inició el 2 de agosto en la Corte Suprema, condenó a 25 políticos, diputados, dirigentes históricos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y empresarios por crear una contabilidad ilegal para comprar el apoyo político de partidos aliados del gobierno en el Parlamento. El escándalo conocido como ‘mensalão’ (gran pago mensual) hizo tambalear en 2005 al gobierno de Lula y desmembró su partido, aunque, al igual que Rousseff, el exmandatario consiguió mantenerse al margen, fue reelecto en 2006, y dejó el poder en 2010 con una popularidad de más de 80%. El juicio prosigue en la Corte con la fijación de las sentencias a los 25 condenados, que prometen ser rigurosas. La gran mayoría se definirá en las próximas semanas. Los principales condenados son el exjefe de gabinete José Dirceu -la mano derecha de Lula desde su llegada al poder en 2003 hasta que estalló el escándalo en 2005- y el presidente del PT en la época, José Genoino. Desde que inició su mandato en 2011, la presidenta Dilma Rousseff, también del PT, despidió a siete ministros acusados de corrupción, lo que fue interpretado como una mayor intolerancia ante las malas prácticas. Pero los cambios “son muy lentos”, dijo Claudio Abramo, director de la ONG Transparencia Brasil, para quien el país precisa más regulación, fiscalización y atacar frontalmente prácticas institucionalizadas como la distribución de cargos de confianza a aliados “a cambio de apoyo y de que no haya fiscalización”. El juicio en la Corte Suprema creó un precedente jurídico: simplificó la condena por corrupción, antes casi imposible, al establecer que si se demuestra que un político recibió beneficios indebidos, se entiende que hubo un soborno para que se retribuyan esos beneficios con otros favores, sin que haya necesidad de probar la existencia de esas favores. (AFP)
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