Corte uruguaya cerró causas de derechos humanos
Afecta a unos 50 procesos. El fallo golpea al gobierno
MONTEVIDEO (DPA).- La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay obligó ayer a cerrar las causas abiertas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura (1973-1985), una decisión que añadió tensión al interior del gobierno y a la relación con el máximo órgano judicial.
Con los votos de cuatro de sus cinco ministros, la SCJ declaró inconstitucional dos artículos de una ley que en octubre del 2011 consideró imprescriptibles esos delitos, por ser de lesa humanidad. El fallo obliga a clausurar las causas judiciales abiertas contra policías o militares por delitos cometidos durante la dictadura en Uruguay, al entenderse que ya caducaron. Los casos están en manos des varios magistrados y exceden los cincuenta.
La decisión de la SCJ causó decepción entre miembros del gobierno y fuerzas sociales, que convocaron a través de las redes sociales a una movilización “en silencio” en Montevideo.
El tema de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura –torturas, encarcelamiento de miles y la desaparición de 120 personas– es una herida abierta en Uruguay. Poco después de restablecida la democracia, en 1986, una ley amnistió a los militares y policías que participaron en la represión. La norma fue refrendada en dos consultas populares (1989 y 2009).
Sin embargo, en años recientes algunos casos fueron excluidos de la amnistía por decisión del Poder Ejecutivo, a partir de lo cual la Justicia investigó y encarceló a cerca de una decena de ex militares y policías, y a dos ex dictadores, Juan María Bordaberry (hoy fallecido) y Gregorio Alvarez. También fueron hallados restos de desaparecidos.
Pero organizaciones sociales y familiares de desaparecidos mantienen su reclamo de “justicia” y “verdad”, mientras que ex represores piden “pasar la página” sobre los hechos de la dictadura.
La relación entre el SCJ y el gobierno ya se había tensado en estos días luego de que esa corporación resolviera el traslado, alegando razones de eficiencia , de una jueza que tenía en sus manos decenas de causas contra represores. Otro episodio de confrontación que tuvo a la Corte como protagonista se produjo el viernes pasado, cuando declaró inconstitucional el Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales creado por iniciativa del presidente José Mujica y que desde el 2011 gravaba a los grandes propietarios de campos en el país.
La derogación del tributo causó, además, una crisis entre grupos de la coalición gobernante. A todo esto, Lucía Topolansky, senadora oficialista y esposa del presidente Mujica, informó que su sector del Frente Amplio convocó a una reunión urgente para evaluar la posibilidad de un juicio político a los miembros de la Corte.
Desde la oposición, el diputado José Cardozo acusó al gobierno: “Les atacó la más peligrosa de las combinaciones, autoritarismo+soberbia+desesperación”.
El máximo tribunal tomó en los últimos días varias medidas que complican la gestión y dividen al gobierno.
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