Dañar al Estado

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Existe en la Argentina una opinión bastante consolidada acerca de la importancia del rol del Estado. Sin embargo esta ideología “estatista” se ha revelado como fundamentalmente retórica. Se predica, por ejemplo, la importancia de los servicios públicos que presta el Estado, pero luego en la práctica son numerosos los actores políticos y sociales que atienden exclusivamente a sus intereses particulares y llevan a cabo unas actuaciones que necesariamente se traducen en el deterioro inevitable de los servicios que están a cargo del Estado. La “tragedia de los bienes comunes” ha sido un tema abordado por Garrett Hardin, un científico y ecologista norteamericano, en un conocido trabajo publicado en 1968. Hardin describe una suerte de dilema, una situación en la cual varios individuos, actuando en función de su interés personal, terminan por destruir un recurso compartido limitado, aunque a ninguno de ellos, racionalmente, les convenga que tal destrucción tenga lugar. Si bien los trabajos de Hardin estaban destinados a hacer consideraciones acerca del medioambiente y los efectos de la superpoblación sobre los recursos escasos del planeta, sus consideraciones sobre el comportamiento humano se pueden ampliar a los terrenos de la economía, la política, la psicología y la sociología. El ejemplo que Hardin propone es el de un campo de pastoreo que está al alcance de todos. En principio, parece racional que cada pastor trate de alimentar la mayor cantidad posible de animales de esa pastura colectiva. Cada hombre encerrado en la burbuja de su propio interés se siente inducido a incrementar su rebaño ilimitadamente en un mundo limitado. La ruina es el destino que les espera si todos los hombres se precipitan a alimentar su ganado, agotando el recurso común, al perseguir exclusivamente sus intereses individuales. La enseñanza que se puede extraer del análisis de Hardin es que cuando los individuos se comportan de una manera ciegamente individualista, persiguiendo su propio interés, pierden de vista que la cooperación es útil no sólo para el interés común y de los otros, sino para el propio de cada uno de los individuos. Estas juiciosas opiniones pueden ser trasladadas a otros planos de nuestra realidad, y nada mejor para apreciar su acierto que analizar algunos de los conflictos regionales que en estos días ocupan las páginas de nuestros periódicos. En la provincia de Río Negro el gobierno ha anunciado que se dispone a establecer un sistema de controles privados de licencias médicas concedidas a empleados del Estado provincial. Según las estadísticas recogidas, alrededor de 9.000 estatales no acuden a prestar servicios amparados en licencias médicas, la mayoría de las cuales se considera fraudulenta. Un caso similar se ha denunciado en la Municipalidad de Neuquén, donde psicólogos conceden graciosamente bajas por supuestos estados depresivos a los empleados del municipio. En Neuquén, el gremio docente viene protagonizando una prolongada huelga en reclamo de mayores salarios, con paralización total de actividades, de modo que no ha sido posible iniciar con normalidad el ciclo escolar. Los primeros perjudicados, obviamente, son los escolares privados de recibir la prestación del servicio esencial de brindar educación que está a cargo del Estado. Pero si contemplamos el conflicto desde una perspectiva más amplia, comprobaremos que resultan perjudicados los propios docentes que hacen huelga, puesto que además de no cobrar los días no trabajados están causando un enorme daño a la educación pública. La educación pública no sólo se ve afectada por la lenta migración de los padres que desesperados prefieren llevar a sus hijos a las escuelas privadas donde estos conflictos no se producen. Sufre un grave perjuicio la calidad de la educación impartida, puesto que en este clima de conflictividad permanente es difícil suministrar un servicio que demanda enormes cuotas de paciencia y constancia para romper las inercias de los jóvenes a la molicie y la comodidad. Todas las estadísticas revelan que la Argentina queda cada vez más relegada en las pruebas internacionales de los programas PISA de evaluación de calidad. Si los dirigentes docentes antepusieran al interés individual de sus representados la protección del bien público de la educación, ensayarían otras estrategias. En los países bien organizados, los salarios mejoran como consecuencia de las mejoras en la productividad de los trabajadores. Por consiguiente, si en vez de confiar en los resultados de una táctica consistente en “tirar de la cuerda”, se pusiera el acento en políticas proactivas dirigidas, por ejemplo, a reducir la tasa de ausentismo, las remuneraciones mejorarían. Actualmente, un 20% del presupuesto educativo de la provincia del Neuquén se destina al pago de licencias por sustitución, un peso mucho mayor al que soportan los institutos de enseñanza privada. Es comprensible que los docentes, como el resto de trabajadores, afectados por el fenómeno de la inflación, traten de evitar el deterioro de sus salarios. Pero al tratarse de una situación que escapa al poder de dirección de las autoridades provinciales, –que también sufren el deterioro de sus ingresos por la misma causa (“efecto Tanzi”)– deben arbitrar estrategias racionales que no pongan en riesgo el bien preciado de la educación pública. Cuando finalmente se alcance una solución, –puesto que es impensable que una situación de estas características pueda prolongarse indefinidamente– los responsables de estas actuaciones deberán mirar hacia atrás y hacer un balance de pérdidas y beneficios. La reflexión deberá abarcar no sólo los costos individuales, sino añadir también los costos de los daños producidos a la educación pública. Una mirada omnicomprensiva permitirá, tal vez, que en el futuro los dirigentes no repliquen estrategias equivocadas que a la larga perjudican a sus propios representados.

ALEARDO F. LARÍA aleardolaria@rionegro.com.ar