¿Seguridad, privacidad o transparencia?

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RICARDO TROTTI (*)

El nuevo escándalo que explotó en las manos de Barack Obama por la revelación de programas para espiar comunicaciones telefónicas y por internet, no debería conducir a un debate nacional sobre seguridad vs. privacidad como el presidente propone. Más bien, las prácticas de vigilancia secreta que realiza la Agencia Nacional de Seguridad y el FBI a usuarios extranjeros de Verizon y otras telefónicas, y de compañías digitales como Google, Facebook, YouTube, Yahoo, Microsoft, Apple y Skype, indican que la discusión debería enfocarse en la cultura del secreto que mantiene el gobierno y en cómo está minando la credibilidad de un internet abierto y sin restricciones, su mejor aliado para promover libertad y democracia en el mundo. Obama está en lo cierto cuando dice que no se puede tener 100% de privacidad y seguridad al mismo tiempo mientras el Estado trata de neutralizar ataques terroristas. Todos somos conscientes de que por los chequeos en los aeropuertos y por la publicidad personalizada a la que estamos expuestos después de navegar internet, todo ha cambiado tras el 11 de septiembre y desde que la comunicación se ha hiperdigitalizado. Pero lo que se debe cuestionar no es la legalidad de la vigilancia que está asegurada por la ley Patriótica para perseguir actos terroristas, sino la secrecía empleada. Lo tenebroso es que esos programas se ejecutan de espaldas a la mayoría de los congresistas y de todos los ciudadanos, y sin conocimiento de las empresas de internet que aseguraron desconocerlos y que sólo –dicen– se someten ante órdenes judiciales. Que la vigilancia esté destinada sólo para extranjeros no es justificación. Muchos actos violentos en EE. UU. fueron cometidos por estadounidenses o nacionalizados. Tampoco es lo mismo vigilar a un extranjero que se comunica con alguien de Al Qaeda, que escudriñar a cualquier francés o español usuario de Facebook, cuando la Unión Europea exige –a modo de reciprocidad– que los datos personales de ciudadanos europeos deben quedar excluidos de las fuerzas de seguridad estadounidenses “salvo en situaciones concretas, excepcionales y revisables judicialmente”. Lo que realmente está en juego es la credibilidad del gobierno en materia de transparencia, algo que el presidente Obama prometió desde el inicio de su presidencia. Instalar ahora un debate sobre seguridad y privacidad es desviar la atención, en especial cuando las preferencias del público son fáciles de detectar mediante encuestas, cuyos resultados varían según la cercanía de tiempo con un acto terrorista. La gente concedió perder privacidad ante mayor seguridad, después del 11 de septiembre o del reciente atentado en el maratón de Boston. El presidente estadounidense debe revisar sus políticas de vigilancia sobre internet, ya que no puede estar escribiendo con la mano lo que borra con el codo. Lo contradictorio es que Obama fue quien ayudó al desarrollo impetuoso de la industria digital, instaló a internet como la panacea para el comercio y el desarrollo internacional, y es quien promociona que las redes sociales sean instrumentos para empoderar cambios democráticos como el de la primavera árabe y despotrica contra todo gobierno autoritario que restringe su uso. Además, lo malo de estas políticas de espionaje es que ofrecen artillería pesada a otros países como China, Irán o Cuba que siempre critican que Estados Unidos quiera mantener el control mundial sobre el tráfico de internet, prefiriendo que esa autoridad la ejerza un cuerpo colegiado de las Naciones Unidas, lo que daría pocas garantías de que la red siga siendo libre e irrestricta. Es lógico que el gobierno debe mantener sigilo para detectar terroristas, pero bien podría hacerlo en forma transparente, explicar sus políticas de vigilancia para que los usuarios de Facebook, Google o Skype sepan a qué atenerse o en qué plataformas pueden sentirse más libres o que no sean tratados como sospechosos. Más que un debate ciudadano sobre seguridad y privacidad, lo que se requiere es una amplia discusión en el Congreso sobre el costo político, comercial y de credibilidad por mantener una vetusta cultura del secreto. Aunque disguste a muchos, tal vez el delator Edward Snowden haya ayudado para que el Congreso se enfoque en legislar a favor de la transparencia gubernamental. (*) Periodista. Director de Libertad de Prensa y director del Instituto de Prensa de la SIP