La decadencia de la representatividad democrática

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gerardo josé tejeda (*)

Nuestra Constitución establece que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”. Este principio, tomado de la Constitución de los EE. UU., fue pensado por los federalistas norteamericanos como “un modelo diferente y superior, basado en el principio aristocrático de selección de los mejores para el gobierno”, incorporando una categoría central para el pensamiento moderno: la racionalidad, cuya ventaja con la democracia directa de los griegos intentaba limitar los efectos nocivos de las pasiones humanas. Originariamente, la teoría clásica de la representación, como fuente de legitimidad del gobierno, tuvo cinco ejes centrales: 1) la necesidad de designar representantes que sustituyan al pueblo y que sean mejores que aquél, 2) la necesidad de atender al bienestar general y no al interés particular, 3) la necesidad de deliberación racional entre argumentos para que triunfe el mejor de entre ellos, 4) la consecuente neutralización de las pasiones y 5) la libertad de los mandatos. A fines del siglo XIX, con el advenimiento de la sociedad industrial y con las sucesivas ampliaciones del sufragio, hasta alcanzar su universalidad, las teorías clásicas de la representación política dejaron de ser una guía clara para el desarrollo práctico de los regímenes democráticos. Fueron los partidos políticos los que cambiaron su fisonomía y los modos de su organización. La democracia clásica del siglo XIX, con sus parlamentarios nobles, ha sido sustituida por la “democracia de partidos”. Esto nos lleva a un problema fundamental: la autenticidad del régimen representativo en su doble aspecto, el primero, que el candidato al cargo a representar es el hombre idóneo en atención a sus propios valores personales, honestidad, aptitud, cultura, vocación, etc. y el segundo, que actúe como su auténtico representante, su intérprete más idóneo, cuidadoso y estudioso de los problemas y de las soluciones a sus representados. Entrando al análisis de nuestra realidad política, hoy los partidos complican seriamente los razonamientos de la teoría de la representación, no cabe duda de la necesidad de su existencia, tampoco hay dudas de que los funcionarios electos provenientes de los partidos tienen fidelidades cruzadas: los votantes y los propios partidos y en épocas corruptas me atrevo a decir fidelidad a las “banelco”, como ocurrió en nuestro Congreso para sancionar una ley laboral. Ante esta realidad, ¿cuál sería el remedio para encaminar la representatividad, como evitar “la corporación legislativa” (entendida como falta de independencia y de apreciación), la que sólo obedece a directivas partidarias verticalistas? Las democracias modernas se están preocupando por operar un sistema que permita un control más amplio sobre los órganos representativos del poder público a través de lo que se conoce como el gobierno semidirecto, en el cual el Congreso vota las leyes “ad referendum”, esto es, con el compromiso de someterlas con posterioridad a la aprobación definitiva en su mandamiento, el que puede ser facultativo, es decir, de aplicación, cuando la trascendencia de las leyes lo estime conveniente el poder legislativo o cuando así se prevea en la Constitución para determinadas materias. No cabe duda alguna lo poco ágil del sistema. Lo que sí se advierte es que sus resultados superan con creces aquella limitación, obligando a los legisladores a prepararse mejor en cada materia que tengan que observar, pues la falta de ratificación por el pueblo –en forma directa– evidenciará su ignorancia, incompetencia, falta de interés o quizás la serie de compromisos ocultos que manejen con empresas, organizaciones o directamente por mandato del jefe del partido mayoritario, que los induce a actuar o dejar de actuar, según corresponda. También y en similares respuestas a la falta de representatividad entre gobernante y gobernado se puede implementar el veto popular, el que supone la existencia de una condición suspensiva para el reconocimiento de una ley votada por el Congreso. Loncopué, pueblo neuquino de 7.000 habitantes, entró en la historia grande de las luchas socioambientales y también marcó un hito en la historia democrática del país. El domingo 3 de junio del 2012 fue el escenario del primer referéndum de la Argentina respecto a la aceptación o rechazo de la megaminería: ocho de cada diez habitantes rechazó la actividad extractiva. Es decir, que cuando existe voluntad política, con un profundo carácter democrático y respeto por autentificar o ratificar la voluntad popular, el referéndum puede y debe aplicarse ante actos legislativos de trascendencia para la comunidad, logrando así enmendar la decadencia de la representatividad democrática. (*) Abogado