Rajoy quiere proteger a la infanta Cristina
MADRID.- Los 30 metros de rampa que dan entrada al juzgado de Palma de Mallorca en el que el 8 de febrero será interrogada como imputada la infanta Cristina de Borbón centraron ayer la atención en el escándalo de corrupción que salpica a la hija del rey Juan Carlos de España. Un día después de que el juez adelantara la citación en un mes, la defensa de la infanta, así como el gobierno de Mariano Rajoy y su Partido Popular (PP) pidieron que se evite a la hija del rey un paseíllo ante la multitud de medios de comunicación y de ciudadanos que se agolparían en el lugar. Partidos de la oposición y la acusación popular exigieron por su parte que no haya “trato de favor” para ella y que haga a pie el recorrido que han tenido que hacer hasta ahora todos los imputados, entre ellos su marido, Iñaki Urdangarin, protagonista del caso. La infanta Cristina, de 48 años y séptima en la línea de sucesión, se convirtió el martes de la semana pasada en el primer familiar directo del monarca español en ser citado a declarar ante la Justicia como imputada. El juez José Castro, que investiga a su marido desde hace más de dos años por presunta apropiación indebida de seis millones de euros de dinero público, cree que la infanta puede haber cometido delitos fiscales y de blanqueo de dinero en ese caso. Uno de los abogados de la infanta dijo ayer que le gustaría que esta pudiera ahorrarse el “paseíllo” entrando en un automóvil hasta la misma puerta del juzgado el próximo 8 de febrero. (DPA)
MADRID.- Los 30 metros de rampa que dan entrada al juzgado de Palma de Mallorca en el que el 8 de febrero será interrogada como imputada la infanta Cristina de Borbón centraron ayer la atención en el escándalo de corrupción que salpica a la hija del rey Juan Carlos de España. Un día después de que el juez adelantara la citación en un mes, la defensa de la infanta, así como el gobierno de Mariano Rajoy y su Partido Popular (PP) pidieron que se evite a la hija del rey un paseíllo ante la multitud de medios de comunicación y de ciudadanos que se agolparían en el lugar. Partidos de la oposición y la acusación popular exigieron por su parte que no haya “trato de favor” para ella y que haga a pie el recorrido que han tenido que hacer hasta ahora todos los imputados, entre ellos su marido, Iñaki Urdangarin, protagonista del caso. La infanta Cristina, de 48 años y séptima en la línea de sucesión, se convirtió el martes de la semana pasada en el primer familiar directo del monarca español en ser citado a declarar ante la Justicia como imputada. El juez José Castro, que investiga a su marido desde hace más de dos años por presunta apropiación indebida de seis millones de euros de dinero público, cree que la infanta puede haber cometido delitos fiscales y de blanqueo de dinero en ese caso. Uno de los abogados de la infanta dijo ayer que le gustaría que esta pudiera ahorrarse el “paseíllo” entrando en un automóvil hasta la misma puerta del juzgado el próximo 8 de febrero. (DPA)
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