“Tembladeral de imprevisibles consecuencias”
En su último discurso, pronunciado sin la tradicional claque de aplaudidores, la presidenta Cristina Fernández se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que convalidó el fallo del juez Griesa que condena a la Argentina a pagar el reclamo de los llamados “fondos buitre”. En el mismo hizo referencia a la especulación desmedida de los tenedores de esos fondos que comprando barato obtienen ganancias de más del 1.000%, convalidada por la Justicia norteamericana, e historió también el origen de esas deudas producto tanto del plan Brady del menemismo como del megacanje de la Alianza. Explicó su preocupación ante las posibles dificultades que ese fallo –tan injusto como desproporcionado– traerá aparejadas para nuestro país, al cual se vuelve a colocar en situación de default por la imposibilidad de cumplir los compromisos de pago con los bonistas que aceptaron los canjes. La voracidad de los acreedores, así como la ilegitimidad de gran parte de esas deudas, no está en tela de juicio, pero ello no puede hacernos olvidar la responsabilidad de los gobernantes que sin investigar aceptaron las deudas y pactaron la prórroga de jurisdicción que posibilita que sea la Justicia norteamericana la que decida sobre cuestiones, bienes e intereses de los argentinos. Sobre esta última cuestión la presidenta no hizo referencia alguna, quizá por estimarlo políticamente inconveniente a pesar de que tanto en el canje efectuando durante el gobierno de Néstor Kirchner como en el suyo se aceptó sin cuestionamientos la competencia de la Justicia de aquel país. Esa resignación de soberanía es la que hoy genera el grave panorama que se anuncia para nuestro país y de la que la presidenta no se hace cargo. Lo cierto es que la refinanciación de la deuda externa presentada como la gran obra de “ingeniería financiera” del kirchnerismo termina en un tembladeral de imprevisibles consecuencias ya que, como expresó el ministro Kicillof en su discurso del día siguiente, en esas operaciones quedaron “algunas fisuras” que permitieron el reclamo de los holdouts por 15.000 millones de dólares que se pueden extender hasta 120.000 millones más si los restantes acreedores que representan el 92% reclamaran que se les pagara lo mismo por aplicación del principio del pari passu. En definitiva, una vez más otro capítulo del saqueo de la deuda que se pagará postergando necesidades insoslayables de la sociedad argentina. Carlos A. Segovia, LE 7.304.065 Cipolletti
Carlos A. Segovia, LE 7.304.065 Cipolletti
En su último discurso, pronunciado sin la tradicional claque de aplaudidores, la presidenta Cristina Fernández se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que convalidó el fallo del juez Griesa que condena a la Argentina a pagar el reclamo de los llamados “fondos buitre”. En el mismo hizo referencia a la especulación desmedida de los tenedores de esos fondos que comprando barato obtienen ganancias de más del 1.000%, convalidada por la Justicia norteamericana, e historió también el origen de esas deudas producto tanto del plan Brady del menemismo como del megacanje de la Alianza. Explicó su preocupación ante las posibles dificultades que ese fallo –tan injusto como desproporcionado– traerá aparejadas para nuestro país, al cual se vuelve a colocar en situación de default por la imposibilidad de cumplir los compromisos de pago con los bonistas que aceptaron los canjes. La voracidad de los acreedores, así como la ilegitimidad de gran parte de esas deudas, no está en tela de juicio, pero ello no puede hacernos olvidar la responsabilidad de los gobernantes que sin investigar aceptaron las deudas y pactaron la prórroga de jurisdicción que posibilita que sea la Justicia norteamericana la que decida sobre cuestiones, bienes e intereses de los argentinos. Sobre esta última cuestión la presidenta no hizo referencia alguna, quizá por estimarlo políticamente inconveniente a pesar de que tanto en el canje efectuando durante el gobierno de Néstor Kirchner como en el suyo se aceptó sin cuestionamientos la competencia de la Justicia de aquel país. Esa resignación de soberanía es la que hoy genera el grave panorama que se anuncia para nuestro país y de la que la presidenta no se hace cargo. Lo cierto es que la refinanciación de la deuda externa presentada como la gran obra de “ingeniería financiera” del kirchnerismo termina en un tembladeral de imprevisibles consecuencias ya que, como expresó el ministro Kicillof en su discurso del día siguiente, en esas operaciones quedaron “algunas fisuras” que permitieron el reclamo de los holdouts por 15.000 millones de dólares que se pueden extender hasta 120.000 millones más si los restantes acreedores que representan el 92% reclamaran que se les pagara lo mismo por aplicación del principio del pari passu. En definitiva, una vez más otro capítulo del saqueo de la deuda que se pagará postergando necesidades insoslayables de la sociedad argentina. Carlos A. Segovia, LE 7.304.065 Cipolletti
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