Código Procesal Penal: ¿Reacción tardía o idea para ganar tiempo?
COLUMNISTAS
La presidenta Cristina Fernández anunció en estos días el envío al Congreso para su aprobación de la reforma del Código Procesal Penal y utilizó un discurso en el que ratificó que, para el gobierno, la situación de inseguridad no existe como tal e intentó sacarse de encima la responsabilidad sobre los hechos delictivos y endilgársela a la Justicia.
“Fíjense que no hablo de la inseguridad, un tema que tiene mucho marketing”, fue el primer fallido presidencial. Sin mencionarlo, Cristina Fernández abonó a la idea de la inseguridad como una “sensación”, al dejar implícito que los hechos delictivos son magnificados por los medios de comunicación.
Sería interesante constatar si la reiteración de una noticia puede ser más importante que la realidad misma. Porque, de ser así, ni la mandataria hubiera obtenido el 54% de los votos en el 2011, ni un 70% de la sociedad rechazaría la gestión de gobierno actualmente, habiendo tantas “usinas” K.
Como si no existiera una ley de Seguridad Interior aplicable a situaciones de inseguridad generalizada como la actual, en la que la presidenta se debe hacer cargo de la prevención y el combate contra el delito, coordinando las fuerzas de seguridad provinciales además de las federales, Fernández de Kirchner acusó a los jueces de todos los males provocados por este flagelo.
“Fue la demanda desde hace muchísimo tiempo”, señaló, en un segundo acto fallido, al reconocer los años que lleva el reclamo por parte de magistrados y de “la sociedad”. De esos años, los últimos once estuvieron a cargo de gobiernos K.
El reclamo por inseguridad durante los gobiernos kirchneristas se remite al 2004, cuando luego del asesinato de su hijo, Juan Carlos Blumberg encabezó una marcha multitudinaria al Congreso nacional.
Rápido de reflejos, pero desde El Calafate, el presidente Néstor Kirchner mandó a su ministro de Justicia Gustavo Beliz a lanzar un Plan Integral de Seguridad, que quedó en la nada. Dato que hoy contradice la verborragia del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien por orden de la mandataria no se cansa de decir que la seguridad es responsabilidad de las provincias, no de la Nación.
Diez años transcurrieron desde entonces. ¿Por qué la presidenta impulsa una medida de esta naturaleza recién hoy, a casi un año de su salida del poder? ¿Una reacción tardía, contribución a la campaña electoral del 2015 o una cortina de humo para ocultar aquello que también desvela a la sociedad: la inflación? ¿Será una casualidad el anuncio por cadena nacional el mismo día en que el papa Francisco recibía y respaldaba el reclamo de las víctimas de la tragedia de Once, quienes responsabilizan al gobierno por lo ocurrido? El kirchnerismo podrá argumentar que “mejor tarde que nunca” y es cierto, porque si es una medida productiva, llegará para quedarse.
No queda claro el protagonismo de los fiscales, toda vez que el Poder Ejecutivo, por no realizar los nombramientos correspondientes, provocó una gran cantidad de vacantes. A ello se suman las dudas sobre el mayor protagonismo de un Ministerio Público Fiscal cuya titular, Alejandra Gils Carbó, responde verticalmente a la presidenta.
¿No hubiese sido mejor, más presentable, que el Ejecutivo hubiera convocado a un grupo de especialistas y legisladores para elaborar un Código Procesal Penal consensuado? Sobre todo porque comenzará a regir cuando la actual mandataria esté dejando el poder.
Durante su discurso, Cristina Fernández se las ingenió para no mencionar la palabra “corrupción”: “También se decía que era para evitar que casos… No, el código se aplica a partir de su sanción y de su implementación para los casos futuros”, dijo, evitando el maldito término.
Obviamente que la situación de su vice Amado Boudou -otra vez repudiado en la sesión del miércoles en el Senado-, así como el avance de las investigaciones sobre el empresario K Lázaro Báez con la “ayuda” de los fondos buitre y que podría rozar a la presidenta, preocupa a cualquier mandatario. Sobre todo si está pronto a dejar el poder y, con él, la inmunidad de la que se goza durante su ejercicio.
WALTER SCHMIDT
Analista político DyN
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