Obras eran las de antes

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Dicen los italianos “piove, governo ladro”, o sea, “llueve, gobierno ladrón”, mofándose así de la costumbre de culpar al gobierno local de hasta las desgracias proporcionadas por fenómenos meteorológicos, pero distan de ser los únicos proclives a politizar absolutamente todo. La semana pasada, simpatizantes de uno de los dos presidenciables peronistas mejor ubicados, el diputado Sergio Massa, aprovecharon la oportunidad brindada por el diluvio que dejó bajo agua extensas zonas de la provincia de Buenos Aires para incomodar a su principal rival, Daniel Scioli. Según el gobernador, los massistas lo hicieron víctima de “una burda maniobra política” al impulsar la difusión de fotos que hacían pensar que se divertía jugando al fútbol cuando miles de bonaerenses luchaban contra las inundaciones, mientras que otros que querían hacerlo tropezar lo criticaban por no haber hecho lo suficiente para preparar la provincia para enfrentar una emergencia de este tipo. Aunque sería injusto insinuar que los estragos provocados por el temporal que se abatió sobre las zonas agropecuarias más importantes del país se debieron a la negligencia de un gobierno determinado, es innegable que el impacto hubiera sido menor de haberse construido a tiempo las obras de infraestructura propuestas décadas atrás por especialistas alarmados por la precariedad de las existentes. Tanto en la provincia de Buenos Aires como en muchas otras partes del país los diques, canales de desagüe, puentes y otras obras que siguen brindando servicios datan de hace muchos años. Aunque sucesivos gobiernos nacionales y provinciales se han comprometido a mantenerlos y suplementarlos por entender que, tarde o temprano, podría producirse una emergencia como la causada últimamente por la caída en un par de días de más lluvia que la prevista para un mes, casi siempre han optado por demorar los trabajos hasta nuevo aviso, ya que han tenido prioridades más inmediatas. Tal actitud puede imputarse a la conciencia de que un gobierno que invierta mucho dinero en grandes obras de infraestructura no necesariamente cosechará los eventuales beneficios políticos. Como ocurre con la educación, la obsesión por el corto plazo hace irresistible la tentación de mantener cruzados los dedos y rezar para que no suceda nada desafortunado. De más está decir que los costos, tanto humanos como económicos, de la miopía que parece inherente a la democracia contemporánea pueden ser elevados. En abril del año pasado, casi noventa personas murieron en La Plata a causa de las inundaciones. Aún no se han estimado las pérdidas ocasionadas por el desastre que acaba de sufrir el campo en la provincia de Buenos Aires, pero podrían alcanzar varios miles de millones de pesos. No es ningún consuelo, pero la resistencia a invertir en proyectos de largo alcance, gastando dinero que de otro modo se usaría para pagar más a los empleados públicos, no se limita a los políticos populistas de países como el nuestro. En Estados Unidos y Alemania, el llamativo deterioro de la infraestructura en regiones aún prósperas ha motivado airadas protestas por parte de los perjudicados, pero parecería que los gobiernos de dichos países, o de los distintos estados y municipalidades que en buena lógica deberían estar en condiciones de emular a sus antecesores, no quieren arriesgarse invirtiendo en el futuro en tiempos de austeridad en que las presiones sociales son muy fuertes. Aunque todos coinciden en que es necesario renovar cuanto antes lo heredado de generaciones anteriores, pocos están dispuestos a actuar en consecuencia por miedo a la reacción de quienes se verían obligados a postergar sus propias pretensiones. Sorprendería, pues, que los sucesores de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, o gobernadores provinciales como Scioli, decidieran hacer obras equiparables con las que, en el pasado cada vez más remoto, emprendieron gobiernos con menos recursos que los actuales. Aun cuando la economía se recuperara lo bastante como para asegurarles los fondos que harían falta, se sentirían inclinados a privilegiar asuntos a su juicio más urgentes que los supuestos por la necesidad de prepararse para enfrentar emergencias que, si tienen suerte, no se producirían mientras estén en el poder.

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