Historias que se repiten
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La presidenta Cristina Fernández se embarcó en una confrontación con el Poder Judicial por las investigaciones a su persona sobre presunto lavado de dinero y otras irregularidades, que si bien hace olvidar de a ratos los niveles de inflación e inseguridad, en otros momentos rememora la batalla contra los jueces federales que encarnó el menemismo, en el tramo final de su gestión.
Si se traza un paralelo con la década de los 90, en un principio los jueces federales fueron aliados del gobierno de Carlos Menem, pese a graves denuncias -como el Yomagate- contra la administración central. Muchos de ellos habían sido designado por aquel gobierno.
Pero cuando el menemismo expiraba, los jueces federales se mostraron divididos y algunos de ellos avanzaron en causas como la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, que terminaron encarcelando al exmandatario.
Algo similar parece ocurrir hoy. Tanto el juez federal Ariel Lijo, que procesó a Amado Boudou por la causa Ciccone, como su par Daniel Rafecas, apartado por el kirchnerismo en la misma causa, fueron propuestos por Néstor Kirchner.
En el caso de otro magistrado, Bonadio, el cambio de época queda reflejado de alguna manera en la opinión que allá por el 2010 tenía sobre el juez la dirigente ultrakirchnerista y miembro del Consejo de la Magistratura, Diana Conti: “Claudio es para mí un ejemplo de juez independiente. Resuelve de acuerdo con sus convicciones siempre. Desde que Carlos Kunkel y yo estamos en el Consejo él nunca tuvo que presentarse a declarar”. ¿Qué cambió? El poder.
La batalla judicial y la pelea con la oposición, intentando diezmar cualquier posibilidad de que un candidato antikirchnerista suceda a Cristina Fernández en diciembre del 2015, desvelan a la mandataria.
Por eso el gobierno reaccionó con una denuncia por “sedición” contra la oposición, cuando le marcaron la cancha a la presidenta rechazando de antemano cualquier posibilidad de que la Casa Rosada designe a un miembro de la Corte más. Ese límite, no soportado por Fernández de Kirchner, derivó en la presentación judicial de Eduardo Barcesat.
Lo otro es pura lógica. Nadie quiere correr la suerte que corrieron dos expresidentes como Menem y Fernando de la Rúa, que pasaron horas de sus vidas transitando los tribunales de Comodoro Py con resultados divididos: uno fue preso y el otro sobreseído.
La desesperación oficialista por evitar que cualquier avance de la Justicia roce a Cristina Fernández descuidó las formas. A tal punto que el viceministro de Justicia, Julián Álvarez, admitió que “probablemente esté bien procesado” Amado Boudou en la causa por presunta falsificación de los papeles de un automóvil Honda.
El límite del avance judicial parecía ser Boudou, pero el allanamiento de Hotesur elevó el piso para involucrar a la presidenta. ¿Podría judicializarse la campaña electoral en el 2015? Al parecer, tanto la presidenta como Boudou serán noticia durante el 2015 a partir de las acciones que surjan desde Comodoro Py. ¿Cómo afectará eso a los candidatos? Difícilmente desde el oficialismo Daniel Scioli pueda el año que viene repetir la defensa de la presidenta que ejerció públicamente ayer, reclamándole al juez Bonadio “prudencia” y “responsabilidad” por tratarse de una jefa de Estado. No sería electoralmente correcto.
La posición de Mauricio Macri, de Sergio Massa y del eventual candidato fuerte del frente Unen también importarán a los fines del futuro que le aguarda a la cúpula kirchnerista a partir del 2016. Salvo Raúl Alfonsín, ningún mandatario dejó el poder y disfrutó de su retiro.
WALTER SCHMIDT
Analista político de DyN
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