Paritarias tristes
Puede que hayan acertado aquellos sindicalistas, como el colectivero Roberto Fernández, que dicen que, para recuperar el poder adquisitivo de los salarios que se ha visto erosionado por la inflación galopante, además de la presión impositiva creciente, sería legítimo pedir un aumento del 50%, pero también tienen razón los voceros gubernamentales, entre ellos el ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando señalan que en tal caso muchas empresas caerían en bancarrota. Según “El chiquito”, como lo llama cariñosamente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está al mando de la economía nacional, los eventuales acuerdos salariales deberían depender “de cómo le va al sector”. Se trata de un planteo que, si bien puede considerarse lógico, es incompatible con las tradiciones peronistas en la materia, ya que los comprometidos con el modelo gremial corporativista que a pesar de todo sigue rigiendo en el país no suelen discriminar entre los distintos sectores o las empresas. De imponerse la tesis insinuada por Kicillof, carecerían de sentido las paritarias anuales en las que sindicalistas, representantes de asociaciones empresariales y funcionarios del gobierno de turno celebran negociaciones tripartitas, ya que, como en otras partes del mundo, algunos trabajadores conseguirían aumentos llamativamente superiores al “piso” propuesto por los gremios y otros tendrían que conformarse con mucho menos, lo que a juicio de los populistas sería muy pero muy injusto. Huelga decir que, en los buenos tiempos, las paritarias convienen a todos los participantes. A los sindicalistas les gusta brindar la impresión de estar luchando por los intereses de los afiliados, a los miembros del gobierno les encanta hacer gala de su generosidad y los titulares de las entidades empresariales pueden disfrutar de un momento de protagonismo. En los malos, empero, las paritarias resultan antipáticas para sindicalistas vinculados con el oficialismo que se ven obligados a elegir entre su lealtad hacia los afiliados y sus deberes políticos, para los funcionarios que han de oponerse a aumentos “desmesurados” y, desde luego, para los empresarios de sectores que ya están perdiendo plata. Es ésta la situación actual. Hasta los gremialistas que han privilegiado su relación con el kirchnerismo están reclamando subas salariales mayores a las que el gobierno está dispuesto a avalar; dadas las circunstancias, no tienen más alternativa, ya que rivales de la izquierda aprovecharían cualquier oportunidad para intentar desplazarlos, pero con toda seguridad entienden que no les será dado impedir que siga cayendo el poder de compra de casi todos los salarios. Los funcionarios del gobierno nacional y popular se sienten aún más incómodos: para defenderse, se ven constreñidos a emplear argumentos que, en los años de las tasas de crecimiento chinas, hubieran denunciado por “neoliberales”, propios de capitalistas desalmados. En cuanto a los empresarios, no quieren discriminar entre los sectores aún solventes y aquellos que han dejado de serlo. Como siempre ocurre, propenden a dar prioridad a los intereses de los más débiles. A menos que se hayan equivocado por completo aquellos analistas que prevén que a la Argentina le aguarda una recesión muy dolorosa en la que se achicará por varios puntos el producto bruto nacional, mantener al nivel actual el poder de compra de quienes trabajan en la economía formal significaría que los demás, los que dependen de subsidios o cumplen tareas “en negro”, pagaran la mayor parte de los costos de la debacle. Es lo que advirtieron aquellos voceros oficiales que calificaron de “solidario” el Impuesto a las Ganancias antes de que Cristina optara por introducir algunas modificaciones menores a fin de apaciguar a los sindicalistas. Aunque el gobierno kirchnerista se ha esforzado por hacer pensar que la extrema pobreza ha dejado de constituir un problema muy grave, conforme a los extécnicos del Indec, los ingresos de más de 10 millones de personas apenas alcanzan a cubrir los costos de una canasta básica. Si bien los que integran el conjunto así supuesto no compiten directamente con los representados por los sindicalistas, por razones evidentes los preocupados por el futuro del país tienen que tomarlos en cuenta aun cuando sus dirigentes, si es que los hay, no puedan participar de las paritarias.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Jueves 18 de diciembre de 2014
Puede que hayan acertado aquellos sindicalistas, como el colectivero Roberto Fernández, que dicen que, para recuperar el poder adquisitivo de los salarios que se ha visto erosionado por la inflación galopante, además de la presión impositiva creciente, sería legítimo pedir un aumento del 50%, pero también tienen razón los voceros gubernamentales, entre ellos el ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando señalan que en tal caso muchas empresas caerían en bancarrota. Según “El chiquito”, como lo llama cariñosamente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está al mando de la economía nacional, los eventuales acuerdos salariales deberían depender “de cómo le va al sector”. Se trata de un planteo que, si bien puede considerarse lógico, es incompatible con las tradiciones peronistas en la materia, ya que los comprometidos con el modelo gremial corporativista que a pesar de todo sigue rigiendo en el país no suelen discriminar entre los distintos sectores o las empresas. De imponerse la tesis insinuada por Kicillof, carecerían de sentido las paritarias anuales en las que sindicalistas, representantes de asociaciones empresariales y funcionarios del gobierno de turno celebran negociaciones tripartitas, ya que, como en otras partes del mundo, algunos trabajadores conseguirían aumentos llamativamente superiores al “piso” propuesto por los gremios y otros tendrían que conformarse con mucho menos, lo que a juicio de los populistas sería muy pero muy injusto. Huelga decir que, en los buenos tiempos, las paritarias convienen a todos los participantes. A los sindicalistas les gusta brindar la impresión de estar luchando por los intereses de los afiliados, a los miembros del gobierno les encanta hacer gala de su generosidad y los titulares de las entidades empresariales pueden disfrutar de un momento de protagonismo. En los malos, empero, las paritarias resultan antipáticas para sindicalistas vinculados con el oficialismo que se ven obligados a elegir entre su lealtad hacia los afiliados y sus deberes políticos, para los funcionarios que han de oponerse a aumentos “desmesurados” y, desde luego, para los empresarios de sectores que ya están perdiendo plata. Es ésta la situación actual. Hasta los gremialistas que han privilegiado su relación con el kirchnerismo están reclamando subas salariales mayores a las que el gobierno está dispuesto a avalar; dadas las circunstancias, no tienen más alternativa, ya que rivales de la izquierda aprovecharían cualquier oportunidad para intentar desplazarlos, pero con toda seguridad entienden que no les será dado impedir que siga cayendo el poder de compra de casi todos los salarios. Los funcionarios del gobierno nacional y popular se sienten aún más incómodos: para defenderse, se ven constreñidos a emplear argumentos que, en los años de las tasas de crecimiento chinas, hubieran denunciado por “neoliberales”, propios de capitalistas desalmados. En cuanto a los empresarios, no quieren discriminar entre los sectores aún solventes y aquellos que han dejado de serlo. Como siempre ocurre, propenden a dar prioridad a los intereses de los más débiles. A menos que se hayan equivocado por completo aquellos analistas que prevén que a la Argentina le aguarda una recesión muy dolorosa en la que se achicará por varios puntos el producto bruto nacional, mantener al nivel actual el poder de compra de quienes trabajan en la economía formal significaría que los demás, los que dependen de subsidios o cumplen tareas “en negro”, pagaran la mayor parte de los costos de la debacle. Es lo que advirtieron aquellos voceros oficiales que calificaron de “solidario” el Impuesto a las Ganancias antes de que Cristina optara por introducir algunas modificaciones menores a fin de apaciguar a los sindicalistas. Aunque el gobierno kirchnerista se ha esforzado por hacer pensar que la extrema pobreza ha dejado de constituir un problema muy grave, conforme a los extécnicos del Indec, los ingresos de más de 10 millones de personas apenas alcanzan a cubrir los costos de una canasta básica. Si bien los que integran el conjunto así supuesto no compiten directamente con los representados por los sindicalistas, por razones evidentes los preocupados por el futuro del país tienen que tomarlos en cuenta aun cuando sus dirigentes, si es que los hay, no puedan participar de las paritarias.
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