Pasado y presente
Según el presidente Néstor Kirchner, la reapertura de las “megacausas” contra militares acusados de haber cometido crímenes aberrantes en el transcurso de la guerra sucia nos permitirá “recuperar la justicia perdida” poniendo fin a “la impunidad” que a su entender otros mandatarios, como Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y su propio apadrinador Eduardo Duhalde, intentaron perpetuar. Tal propósito es loable pero, puesto que si bien los militares fueron responsables de los peores crímenes del pasado no fueron de modo alguno los únicos, no es demasiado probable que, aun cuando se celebraran todos los juicios que Kirchner quisiera impulsar, sería posible declarar terminado aquel capítulo miserable de la historia nacional. Para que ello sucediera también sería necesario enjuiciar no sólo a los terroristas y sus cómplices, de los cuales algunos, presuntamente arrepentidos, desempeñan papeles destacados en la vida del país, sino también a los integrantes del gobierno de Juan Domingo Perón y de su tercera esposa, que nos dio la Triple A, una organización paraestatal, o quizás estatal, que estrenó la metodología que después sería perfeccionada por los uniformados. ¿Es esto lo que se ha propuesto Kirchner? Es legítimo dudarlo, pero a menos que la “revisión” del pasado sea completa, sería una exageración hablar de la justicia recuperada y del fin de la impunidad.
Por razones ideológicas, Kirchner y sus allegados parecen haberse convencido de que el país ha sido blanco de una serie de ataques brutales por parte de militares ultraderechistas y “neoliberales”, de suerte que le corresponde castigarlos con severidad y pasar por alto los aportes de otros, trátese del general Perón y sus colaboradores o de los integrantes de las “organizaciones armadas” que, al fin y al cabo, sus eventuales errores no obstante sólo intentaban defender lo nuestro. Este esquema, una versión de las tesis planteadas por los montoneros y sus aliados circunstanciales en la década de los setenta, no meramente contribuyó enormemente a la tragedia que se desató, sino que también se basa en una interpretación decididamente torcida de la evolución del país y del resto del mundo, motivo por el que es un tanto desconcertante verla resucitada por un presidente de la República. También lo es que según parece Kirchner haya optado por basar en ella su política económica que, a juzgar por su retórica, consistirá principalmente en luchar contra “el neoliberalismo”, o sea, contra el capitalismo tal y como lo practican en todos los países desarrollados.
A pesar de haber recibido una proporción menor del voto popular que cualquier otro presidente que haya sido democráticamente elegido, Kirchner cuenta con la buena voluntad de casi todos los habitantes del país. Además de la mayoría abrumadora que conforme a las encuestas de opinión aprueba su desempeño, quienes no se sienten demasiado impresionados por sus iniciativas entienden muy bien que al país no le convendría del todo una nueva frustración. Sin embargo, Kirchner cometería un grave error si se dejara engañar por el apoyo multitudinario así manifestado, dando por descontado que la ciudadanía siempre lo respaldará por confiar más en su capacidad que en lo que le ha enseñado su propia experiencia. Kirchner es popular no porque “la gente” haya soñado con que un día hubiera un presidente como él -en tal caso, hubiera triunfado en abril con mayor claridad-, ni porque repentinamente se haya enterado de que sin saberlo siempre había compartido los puntos de vista políticos y económicos, sino porque es un presidente nuevo y los más se sienten de alguna manera obligados a tener fe en él.
Tarde o temprano, empero, la gente dejará de considerarlo como la encarnación de la esperanza para empezar a juzgarlo por lo que efectivamente haya logrado. Si esto se limita a la reapertura de las causas contra algunos responsables de los crímenes atroces perpetrados antes de que el país decidiera conformarse con la democracia que tantos, entre ellos Kirchner y sus amigos, habían despreciado, y a un intento de limpiar de corruptos a organismos antes manejados por sus rivales políticos, el veredicto popular será bastante distinto del expresado a través de las encuestas de opinión actuales.
Según el presidente Néstor Kirchner, la reapertura de las “megacausas” contra militares acusados de haber cometido crímenes aberrantes en el transcurso de la guerra sucia nos permitirá “recuperar la justicia perdida” poniendo fin a “la impunidad” que a su entender otros mandatarios, como Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y su propio apadrinador Eduardo Duhalde, intentaron perpetuar. Tal propósito es loable pero, puesto que si bien los militares fueron responsables de los peores crímenes del pasado no fueron de modo alguno los únicos, no es demasiado probable que, aun cuando se celebraran todos los juicios que Kirchner quisiera impulsar, sería posible declarar terminado aquel capítulo miserable de la historia nacional. Para que ello sucediera también sería necesario enjuiciar no sólo a los terroristas y sus cómplices, de los cuales algunos, presuntamente arrepentidos, desempeñan papeles destacados en la vida del país, sino también a los integrantes del gobierno de Juan Domingo Perón y de su tercera esposa, que nos dio la Triple A, una organización paraestatal, o quizás estatal, que estrenó la metodología que después sería perfeccionada por los uniformados. ¿Es esto lo que se ha propuesto Kirchner? Es legítimo dudarlo, pero a menos que la “revisión” del pasado sea completa, sería una exageración hablar de la justicia recuperada y del fin de la impunidad.
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