Una democracia en apuros

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A pesar de las muchas desventajas que le han supuesto ser el país más pobre de América del Sur, Bolivia es una democracia desde hace más de veinte años y si bien en su afán de protagonismo muchas fracciones políticas e incluso étnicas se han mostrado más que dispuestas a hacer uso de la violencia, parece probable que el sistema sobreviva a la crisis actual aun cuando el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se viera obligado a renunciar. Es que, tal y como sucedió en nuestro país hace menos de dos años en circunstancias en cierto modo similares, ninguna agrupación significante confía tanto en sus propias recetas que a fin de poder aplicarlas estaría lista para gobernar sin un mandato constitucional. Bien que mal, en toda América Latina la democratización que se produjo después de la caída en cascada de los regímenes militares que antes eran considerados “normales” se debió menos a los méritos patentes de un orden basado en la convivencia civilizada, la tolerancia mutua y el respeto por las reglas, que al fracaso manifiesto de los esquemas autoritarios de derecha o izquierda que durante décadas habían fascinado a políticos, intelectuales y otros. Sin embargo, el desprestigio así supuesto de todos los autoritarismos voluntaristas aún no ha desembocado en un intento realmente serio de analizar con objetividad las causas del atraso de todos los países de la región sin excepción. Aunque pocos cuestionan la necesidad de defender la democracia contra sus enemigos por comprender que un colapso les supondría riesgos, muchos siguen hablando en términos que serían más apropiados para los militantes de movimientos autoritarios predemocráticos, que para moderados de mentalidad pragmática.  

Los disturbios luctuosos que están produciéndose en Bolivia que ya han segado la vida de muchas personas fueron atribuidos a la falta de sensibilidad del gobierno de Sánchez de Lozada, a las ambiciones de su rival, el dirigente cocalero Evo Morales, y a la decisión oficial -recién suspendida- de exportar gas a Estados Unidos y México a través de Chile, vecino que a juicio de muchos bolivianos es responsable del atraso de su país, por haberlo privado de su costa pacífica. Sin duda que todos estos factores, además de muchos otros, han contribuido a la campaña encaminada a desplazar a Sánchez de Lozada. En un país tan inenarrablemente pobre, dividido y desigual como Bolivia, a los deseosos de encontrar motivos convincentes para embestir contra el gobierno de turno siempre les será fácil encontrarlos. Con todo, hasta ahora por lo menos, los más han entendido que por justos que puedan ser sus reclamos, ninguno serviría para legitimar la toma de poder por medios anticonstitucionales. 

 Como suele suceder hoy en día cuando un país latinoamericano se hunde nuevamente en problemas muy graves, muchos han caído en la tentación de achacarlo al “fracaso de la democracia” o, con mayor frecuencia, a “la economía de mercado”, tesis que tendrían algún sentido si hubiera alternativas claramente mejores pero que, en su ausencia, sólo significan que aún abundan los que hablan y actúan como si a su entender debiera existir una fórmula sencilla que, una vez adoptada, les permitiría solucionar todos los problemas. Por desgracia, no se da tal fórmula porque el desarrollo depende no de creer en la “ideología” presuntamente correcta, sino en una multitud de cambios concretos destinados a hacer más eficaz y menos corrupta la administración pública, mejorar la calidad de la educación, asegurar que la población cuente con servicios mínimos aceptables y así largamente por el estilo. Pese a su condición de país sin acceso al mar -característica que comparte con Suiza- y del hecho de que buena parte de la población aún no se ha integrado plenamente a la cultura occidental dominante, Bolivia podría llegar a prosperar si tanto los dirigentes como los demás se concentraran más en hacer frente a los problemas concretos y menos en las grandes abstracciones tan caras a los oradores políticos, pero a juzgar por la inestabilidad actual, tendrá que transcurrir mucho tiempo más antes de que la mayoría de los dirigentes asuma que por decepcionante que hayan sido los frutos del orden actualmente vigente los costos de una eventual ruptura superarían con creces a los beneficios.