Absolvieron a acusados del crimen del empresario

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- En un extenso y fundamentado fallo, dictado con anticipación a su vencimiento, los jueces de la Cámara Segunda del Crimen rechazaron la reapertura del debate que habían solicitado los querellantes y absolvieron de culpa y cargo a los tres imputados por el homicidio del empresario retirado Fernando Marti Reta.

Al redactar el primer voto, el juez César Lanfranchi desmenuzó las pruebas, indicios y testimonios aportados a la causa y esbozó un severo reproche respecto de la requisitoria fiscal y las conclusiones arbitrarias que posibilitaron que el hecho llegara al debate oral y público. Y aunque no lo mencionó, puede suponerse que el tribunal advirtió durante las audiencias la insuficiente conexión entre el hecho y alguno de los imputados, porque después del alegato del fiscal de Cámara ya había dispuesto la inmediata libertad de José Manuel Ruiz, quien soportó 13 meses en prisión sólo por haber sido involucrado en la causa por el testigo Wálter Aguerre.

El hecho que quedó sin condena ocurrió el 8 de noviembre de 2002 y fue uno de los que mayor conmoción causó en la comunidad barilochense, por la saña con que los delincuentes golpearon a la víctima -que murió 19 días después sin haberse recuperado- y porque el anciano, de 88 años, era el padre de Graciela Robles, titular de la empresa que por muchos años fue concesionaria de la ladera sur del cerro Catedral. Luego, la causa cobró aún más notoriedad cuando le imputaron haber tenido participación en el hecho a Laura Russo y a Renzo Mongiardini: la primera con varias causas penales en trámite, y el otro un reconocido vecino, constructor y miembro de la colectividad italiana.

Durante la instrucción de la causa, sobre la base del testimonio de Wálter Aguerre, condenado a 25 años de prisión por el homicidio del administrador de la estancia San Ramón, Christian Gsell, se organizó el andamiaje acusatorio que ubicó a Russo y a Mongiardini como ideólogos del asalto que le costó la vida al anciano, y a Ruiz como conductor del auto que transportó a los homicidas.

El abogado Juan Rojas, en representación de la familia de la víctima, consideró suficientes las pruebas y testimonios colectados durante el proceso y pidió 18 años de prisión para cada uno de los acusados. Pero el fiscal de Cámara Eduardo Benjamín Fernández no sostuvo la acusación, pese a manifestar su íntima convicción de que los acusados habían sido los autores del hecho, y pidió la absolución de los tres encartados, por no haber superado el estado de sospecha.

El tribunal justificó la absolución de Ruiz sin argumentar demasiado, aduciendo que si sostenían el reproche no superarían el examen de fundamentación y serían arbitrarios.

Sobre Russo, en cambio, los jueces reconocieron que quedaba la sospecha de que hubiera comentado las tratativas que mantenía con Mongiardini, que Marti Reta era uno de los que les prestaban dinero, «y que a partir de allí personas de su conocimiento se hayan dispuesto para el hecho o comentaran con quienes en definitiva hayan actuado».

Sobre la presunta responsabilidad de Mongiardini los jueces fueron categóricos al señalar que había llegado a juicio en base de «suposiciones infundadas».

El testigo estrella

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Ni siquiera los jueces reconocieron saber con certeza cómo se involucró en esta causa Wálter Aguerre, quien apareció brindando una declaración fundamental para imputar a Russo, a Mongiardini y a Ruiz.

Expuso que conocía a Russo porque le proporcionaba drogas y psicofármacos, y que le había confiado que había contratado gente para que robaran en la casa de Marti Reta, donde habría dinero de la empresa «Robles Catedral».

Explicó que dos días después la imputada le había confesado que las personas habían ido a robar antes que llegara la plata, que el plan había fracasado, y que un amigo de ella había comprado las armas que sustrajeron en la ocasión. Relató que había visto a Mongiardini en la casa de Laura, que ésta lo extorsionaba diciéndole que ambos estaban relacionados con el hecho, a partir de fotografías que había tomado un policía Federal, y que Renzo le había dado un collar de perlas para que lo vendiera y le pagara al policía.

Agregó que Laura le pedía entre 2 mil y 3 mil dólares por mes a Mongiardini, y que presumía que éste había propiciado la conexión entre Laura y el dinero que tenían que robar.

La vinculación entre Aguerre y Russo, había quedado acreditada para la fiscal Mirta Siedlecki y jueza Silvia Baquero Lazcano, por testigos y escuchas telefónicas, y los datos que brindó Aguerre en esa instancia eran coincidentes con los que había ofrecido Russo a José Villalonga, yerno de Graciela Robles.

Otro testimonio, además de las grabaciones telefónicas, reforzaría la hipótesis de la relación amorosa entre Russo y Wálter Aguerre.

El derrumbe de la causa

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Pese a que ninguno de los imputados se prestó a la indagatoria, el debate transcurrió por carriles normales hasta que debió declarar Wálter Aguerre. Este, ante la audiencia, rectificó en lo fundamental su testimonio, asegurando que antes había actuado bajo presión y amenazas, que había sufrido incluso en los pasillos y oficinas de tribunales.

«Mintió groseramente en el debate», expuso Lanfranchi, pero a punto seguido reconoció que «ello no significa que antes hubiera dicho la verdad».

Calificó su testimonio como «una prueba inútil para tener por cierto cómo ocurrió el hecho», y recordó el abultado prontuario del testigo, sobre el que pesa la pena máxima del Código Penal, señalando que «declaró por odio o conveniencia, no en un arranque de compromiso cívico».

Convencidas quizá del resultado absolutorio de la sentencia, los querellantes, hijas y yerno de Marti Reta, no se presentaron a la lectura de la sentencia. Sin embargo, sí estuvo en algún momento el abogado Juan Rojas, quien tratará de lograr que el STJ declare nulo el fallo.