Acoso escolar, un tema de Estado

El denominado bullying –los chicos maltratados sistemáticamente por sus pares– tomó fuerte visibilidad en los últimos días con una ley aprobada en el Congreso y nuevas propuestas y directivas de los ministerios de Educación, nacional y de Río Negro. La reiteración de casos, algunos dramáticos, reveló serias falencias en la prevención y el tratamiento del problema por falta de recursos técnicos, legales e institucionales.

Redacción central con informes de las agencias Viedma y Roca

El acoso escolar, el drama de miles de chicos maltratados sistemáticamente por sus pares, pasó a ser una prioridad del Estado. En los últimos meses la reiteración de casos, algunos dramáticos y con fuerte impacto mediático, ha llevado a las autoridades nacionales y provinciales a tomar cartas en el asunto. Nuevas legislaciones y protocolos de acción se han activado en varios niveles, aunque la implementación todavía es muy incipiente y muestra serias falencias, sobre todo por falta de recursos técnicos y humanos en el lugar donde se produce: la escuela. El fenómeno es antiguo y a menudo ha sido minimizado como un “problema entre los chicos”, pero se produce más a menudo de lo que parece y sus consecuencias pueden ser dramáticas. Según una encuesta reciente de la firma privada TNS-Gallup, uno de cada cuatro consultados conoce un caso de violencia escolar. El pasado 11 de septiembre la Cámara de Diputados sancionó una nueva ley denominada “De Convivencia y Abordaje de Conflictividad en la Escuela”, a partir de un proyecto de la diputada del FpV Mara Brawer. La norma “busca prevenir las situaciones de violencia escolar a través de la promoción de instancias de participación de la comunidad educativa”, sostuvo la legisladora. Pretende también paliar dos deficiencias del sistema: impulsa el “fortalecimiento de las instituciones educativas, docentes y equipos especializados, para su intervención ante situaciones de violencia”, y alienta “investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre la convivencia en las instituciones educativas”. El ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, al anunciar la implementación de nuevas medidas para prevenir estas situaciones, consideró que “es un fracaso como sociedad” que se produzcan hechos de violencia y acoso entre alumnos y alertó que “la casa tiene que acompañar” la formación de los chicos junto a la escuela. El funcionario nacional afirmó que “los niños y los jóvenes pueden entender y deben entender la gravedad y la responsabilidad de sus actos” y que “las sanciones deben existir pero deben ser reparadoras”, no sólo como castigo. Respecto del castigo para los jóvenes acosadores, consideró que “es posible que una situación de gravedad profunda indique que un joven deba irse de un establecimiento. Es posible, pero nunca puede irse del sistema educativo”. También se manifestó a favor del “resguardo de las víctimas” y resaltó “la necesidad de la presencia de los adultos. A veces, el dolor es que no hay adultos en el medio”, dijo. Con la nueva norma la cartera educativa nacional debe crear un 0800 “pensado para que aquellos que no se animan a contar lo que les pasó o a quienes la escuela no los escucha puedan hacerlo”, sostuvo Brawer. En tanto, Río Negro anunció el miércoles que debatirá una guía de intervención ante situaciones de violencia que puedan presentarse en establecimientos educativos. El protocolo fue confeccionado en el marco del Consejo Federal de Educación y presentado por el ministro Marcelo Mango. Las pautas, que están accesibles en la web del ministerio, serán remitidas a todas las escuelas rionegrinas para su implementación luego de que sean analizadas y debatidas. “Nuestro objetivo es abrir el debate en toda la provincia para su aplicación en las escuelas, de modo de orientar las intervenciones y actuar con mayor seguridad y certeza ante un cúmulo de situaciones complejas que puedan darse”, explicó Mango. La guía permitirá abordar situaciones de violencia entre las que se encuentran el hostigamiento entre pares, la discriminación –ya sea por condiciones sociales, orientaciones sexuales o ideas, entre otros aspectos–, la violencia de género, el abuso sexual y la mala utilización de las redes sociales, situaciones que pueden presentarse entre estudiantes y docentes o entre adultos, y cómo intervenir ante la presencia de armas en una escuela. Los objetivos de la guía, según el Ministerio de Educación son: • Propiciar espacios de diálogo para incorporar aportes de todos los actores que intervienen en prácticas educativas • Profundizar el carácter pedagógico de las intervenciones en las escuelas • Generar una guía que oriente la intervención educativa institucional ante situaciones de conflicto de carácter local y regional Desde el ámbito legislativo provincial, las legisladoras del FpV de Bariloche Silvia Paz y Beatriz Contreras se encuentran elaborando un proyecto de ley sobre esta problemática. La legisladora Paz señaló a “Debates” que el proyecto está siendo discutido con autoridades de Educación y que también se está trabajando junto a docentes y autoridades del Inadi, ya que “a menudo en la base de estos acosos está la discriminación. Se maltrata a algunos chicos por diferentes: por gordos, por el color de la piel, por el país de origen u otros”, explicó Paz. La idea es generar ámbitos para abordar el tema como “situaciones sociales y familiares que deben ser trabajadas en forma integral”, enfatizando “en la prevención para detectar el problema y tener charlas dentro de las aulas y con las familias”, explicó la legisladora. “A menudo la escuela y las autoridades intervienen cuando el problema ya está avanzado”, señaló. Agregó que “otra de las cosas que vemos es la pérdida del diálogo para solucionar conflictos: a veces por nada, problemas menores, se producen situaciones de violencia”, relató. También el legislador del PPR Claudio Lueiro insistió en una iniciativa ya presentada y que no fue tratada por la Legislatura. “Decidimos volver a presentar este proyecto porque la conflictividad se incrementa día a día. No podemos quedarnos de brazos cruzados y realmente habíamos elaborado este proyecto con un equipo interdisciplinario de trabajo, con un diagnóstico pero también con una serie de acciones para llevar a cabo”, sintetizó Lueiro a los medios al explicar el programa propuesto, que tiene como finalidad la “prevención, detección y derivación médica y psicológica de los casos de acoso y violencia generados en el ámbito escolar”.


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