Actuar con plena autonomía funcional

Por Eduardo Mondino



La Defensoría del Pueblo de la Nación es una institución de rango constitucional que actúa con plena independencia y autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

El objetivo central que constituye la razón de ser de la Institución es la defensa de los derechos fundamentales, y su compromiso está vinculado a la protección de esos derechos tanto en su faz individual como colectiva. En ese sentido, el defensor del pueblo tiene la invalorable atribución de estar legitimado para exigir y demandar el irrestricto respeto a los derechos esenciales de las personas (dignidad, libertad, propiedad, educación, salud, justicia, seguridad, etc.) y actuar frente a los responsables de actos violatorios.

En un tiempo caracterizado por los conflictos, por una multiplicidad de requerimientos, demandas y reclamos por parte de la sociedad y que, en muchos casos, supera la capacidad de respuesta de los organismos del Estado, el defensor del pueblo – desde su posición imparcial e independiente – está llamado a ser el gran mediador para persuadir, incidir y colaborar en la solución de los problemas y favorecer en las relaciones del Estado, las instituciones y la sociedad. Pero es importante aclarar que así como debe actuar como mediador entre las necesidades del pueblo (en su carácter de ciudadano, consumidor, usuario, etc.) y las autoridades competentes; de la misma manera, el defensor tiene que ejercer un estricto control de las funciones administrativas públicas y actuar con firmeza frente a todo aquello que signifique abuso de poder, cualquiera sea el ámbito en que se origine.

Para cumplir con su rol institucional, el defensor del pueblo, sea nacional, provincial o municipal, requiere imprescindiblemente de independencia y autonomía funcional. Esta independencia está fundamentada en el compromiso y la firmeza de quien desempeña sus funciones, pero también se conecta íntimamente con la actitud que asuma el poder político. El defensor no es un opositor, aunque haya autoridades públicas o particulares que así lo consideren. Sin embargo, debe trabajar para hacer cada vez más transparentes las acciones de la administración pública en pos de generar un proceso de efectiva aplicación del Estado a las necesidades de la comunidad, en beneficio exclusivo de la democracia y la estricta defensa de derechos individuales y colectivos inalienables.

Como la democracia es un proceso que se mejora con el ejercicio pleno de los deberes y derechos ciudadanos, es fundamental la activa participación y concientización de la gente para hacer valer sus derechos y, a la vez, exigir a los gobernantes que den cumplimiento a estas demandas.

En esta etapa de consolidación democrática y fortalecimiento de las instituciones, es de enorme importancia que el poder político no obstaculice el libre accionar del defensor del pueblo para que con independencia y autonomía esta institución pueda ejercer sus funciones, actuando con firmeza e intransigencia con todo aquello que atente o vulnere los derechos fundamentales de las personas

En esta tarea de construcción y mejoramiento de los mecanismos democráticos debemos estar todos comprometidos, cada uno desempeñando su rol con libertad y responsabilidad, y como defensor del pueblo de la Nación reafirmo mi voluntad de trabajar en la defensa de los derechos esenciales de todos los argentinos con el único objetivo de contribuir a forjar una sociedad más justa, equitativa y solidaria que promocione la plena realización del conjunto de los integrantes de la comunidad.

(*) Defensor del Pueblo de la Nación. Hágame llegar su queja o denuncia a: Montevideo 1244, (1018) Capital Federal Teléfonos: (011) 4819-1500 Fax: (011) 4819-1581 Correo electrónico: defensor@defensor.gov.ar


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