Aguiar calificó de “cobarde” al juez que ordenó la prisión preventiva de Báez



Miguel Baez antes de ser juzgado.

Miguel Baez antes de ser juzgado.

Tras la decisión del juez Maximiliano Camarda de ordenar la prisión preventiva para el dirigente de los desocupados Miguel Báez, la CTA dio a conocer un comunicado de prensa con una serie de agravios que Rodolfo Aguiar lanzó contra el magistrado.

En un principio aclaró que este era un disciplinamiento por parte de la justicia en contra de las organizaciones sociales. Y luego apuntó todos los cuestionamientos al juez Camarda.

Denunció que existe una persecución judicial y política y aseguró que el magistrado utiliza la prisión preventiva como un castigo.

“Este Juez es un cobarde. Una rata con varias denuncias en su contra. Son estos los que dejan que los abusadores y violadores de menores transcurran los procesos en libertad y encarcelan solo a los pobres. Camarda se arrastró para llegar a juez, rindió 20 veces y ahora tiene que devolverle el favor a los políticos. La prisión preventiva de dos meses se aplica solo en los casos de homicidio calificado y no en todos”, señaló Rodolfo Aguiar

Sostuvo que esta justicia es “violencia en su más pura expresión”. “Es la que asegura impunidad a los que generan el hambre y la pobreza”, sentenció.

En el comunicado aclaró que ninguno de los delitos por los cuales se lo acusa a Báez es de una gravedad que amerite su detención por temor a una eventual fuga, sobre la cual tampoco existen indicios.

“El procedimiento del fiscal Romero obvió la aplicación del nuevo protocolo de actuación judicial ante conflictos sociales, establecido a partir de la asunción del procurador Jorge Crespo. Sugiere a los fiscales una mediación entre las partes (en este caso la municipalidad de Roca y la CTA Autónoma) para evitar un desenlace penal”, indica en otro de los párrafos el comunicado de prensa.

“Hoy el juez Camarda en forma arbitraria y antojadiza otorgó esta prisión sin dar los fundamentos que exige el código de procedimientos. El protocolo rector indica que se debe atravesar el proceso con plena libertad. Realmente no se entiende que se haya determinado este otorgamiento. Por otro lado, la medida es desproporcionada: es irracional para el fin que se persigue -que es que el juez pueda llevar adelante el juicio- ya que el imputado se presentó voluntariamente”, completó.

La abogada consideró como una “absoluta arbitrariedad” y señaló que “no tuvo en cuenta la doctrina establecida por el Supremo Tribunal de Justicia, avasallando el principio de inocencia, de defensa y el debido proceso, todas garantías constitucionales que dan cuenta del principio de no restringir la libertad de un ser humano que es lo más preciado”.


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