Algo en el Senado

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Por muchos que sean los dispuestos a formular declaraciones ante el juez federal Claudio Bonadío, a esta altura muy pocos pueden esperar que un día quede esclarecido el enésimo caso de «coimas en el Senado». El más reciente de lo que es una serie muy larga fue desencadenado por una nota publicada en el matutino especializado londinense The Financial Times, según la cual un grupo de banqueros extranjeros se había quejado ante los embajadores del Reino Unido y Estados Unidos porque ciertos legisladores les habían pedido dinero a cambio de frustrar un proyecto de ley elaborado por el sindicalista Luis Barrionuevo. Aunque el periodista británico Thomas Catán ha ratificado su versión del episodio, el presidente del Senado Juan Carlos Maqueda ha aseverado que «algo hubo» y el presidente del banco HSBC, Mike Smith, ha comentado que por desgracia las coimas son «algo habitual» en la Argentina, es de prever que los datos firmes seguirán siendo escurridizos y que, una vez más, el asunto terminará con tantas otras denuncias que los más creen ciertas pero que gracias a la ley de «omertà» -del silencio cuando es cuestión de un crimen perpetrado por gente poderosa- nunca dan lugar a un fallo judicial firme. Por supuesto que si resulta imposible esclarecer el caso, muchos imputarán el fracaso del juez a la negativa del periodista a revelar sus fuentes y a la actitud prescindente de los diplomáticos involucrados, pero en última instancia los responsables serían aquellos políticos y funcionarios locales que posean información pero que por lealtad corporativa prefieran no hablar.

La brecha entre lo que casi todos suponen es el país real en el que actos de corrupción son rutinarios por un lado y, por el otro, el país político y jurídico en el que sólo se trata de rumores y de «campañas» está en la raíz de la devastadora crisis de confianza que tantos perjuicios ya nos ha ocasionado y que continúa impidiéndole a la Argentina reaccionar frente a la crisis que la está depauperando. Ninguna sociedad puede funcionar adecuadamente a menos que la ciudadanía confíe en la buena fe de quienes desempeñan papeles importantes, dando por descontado que de producirse hechos ilícitos las autoridades correspondientes harán un esfuerzo sincero por establecer la verdad. En la Argentina, empero, la mayoría propende a creer que todos los políticos y muchos jueces son integrantes de una corporación cuyos intereses anteponen a aquellos de los demás, razón por la que cierran filas frente a las acusaciones que con tanta frecuencia se formulan. Si bien es de suponer que abundan los políticos honestos y los jueces que privilegian la justicia por encima de sus lealtades personales, partidarias o religiosas, el que tantos estén convencidos de que todos son iguales puede atribuirse a que sea casi imposible probar una denuncia de corrupción. Lejos de servir para mejorar la reputación colectiva de los políticos, los resultados casi siempre decepcionantes de las investigaciones han tenido el efecto contrario.

También han contribuido a consolidar la suposición de que la clase política se asemeja mucho a una asociación criminal las palabras de hombres como Maqueda, el que además de decir que sí hubo «algo» de verdad en las notas del Financial Times, un diario muy respetable, señaló que «hay mafias en las estructuras del Senado», entre ellas la responsable de la estafa de la Imprenta que a su juicio nos habrá costado por lo menos cinco millones de pesos, que están conformadas por «funcionarios jerarquizados». Ahora bien, si el mismísimo presidente de la cámara alta entiende que es así pero no obstante ello no ha podido hacer nada para averiguar más sobre lo «algo» que habrá ocurrido y para desbaratar «las mafias», esto quiere decir que el país está en manos de una banda de delincuentes impunes. Después de todo, si Maqueda y otros senadores tienen buenos motivos para formular denuncias tan contundentes, deberían contar con evidencia suficiente como para desenmascarar a los malhechores y asegurar que reciban el castigo condigno. Sin embargo, parecen haberse resignado a la situación aberrante que según ellos mismos impera en las instituciones políticas fundamentales del país como si la creyeran inmodificable, actitud que significa que se justifica plenamente el pesimismo que siente la ciudadanía.