Alianzas electorales y acuerdo institucional

ALEARDO F. LARÍA

Una de las consecuencias más inmediatas y notables del 13-S es que obliga a los desvencijados partidos políticos argentinos a “ponerse las pilas”, es decir, pensar en los modos de recuperar protagonismo. Los movimientos de protesta ciudadana sirven sólo para protestar. Pero el único modo de conseguir hacer homogéneas múltiples demandas dispersas es canalizarlas a través de los partidos políticos, que son los instrumentos insustituibles en la democracia para ejercer esa función. La histórica jornada de protesta que ha vivido Argentina pone en el orden del día, de modo impostergable, la realización de dos cometidos de enorme valor estratégico que deben ser asumidos por los partidos políticos. Uno es la reconstrucción de la deteriorada estructura partidaria, que no ha podido recomponerse todavía de la crisis del 2001 cuando la gente reclamaba “que se vayan todos”. El otro objetivo consiste en iniciar un proceso de reconstrucción institucional que establezca reglas de juego limpias en la competencia electoral, que impida el uso faccioso de los enromes recursos del Estado por uno de los contendientes, como ha venido aconteciendo hasta ahora. Las dos tareas deben realizarse simultáneamente, pero requieren herramientas y estrategias diferentes que en ocasiones pueden llegar a ser antagónicas. De allí que sea necesario tener claro que hay que llevar a cabo un trabajo de cuidadosa orfebrería política que permita hacer compatible las alianzas electorales con un necesario y conveniente pacto institucional. Una cosa no debería ir en desmedro de la otra. La reconstrucción del sistema de partidos pasa inevitablemente por la conformación de dos alianzas electorales potentes para competir en el 2013, que lentamente se están ya configurando. Una de centroizquierda podría reunir al actual Frente Amplio de Binner, con la UCR de Alfonsín, el partido de Fernando “Pino” Solanas y la parte más representativa de lo que resta del ARI. La otra alianza de centro, más inclinada hacia la derecha del espectro, se conformaría con el PRO de Macri, la estructura de Francisco de Narváez y las fuerzas del Peronismo Federal. No habría que descartar que a esta alianza se sumaran más adelante Daniel Scioli o Manuel de la Sota, provocando la ruptura del Frente para la Victoria. Estas dos poderosas coaliciones electorales podrían dar lugar en el futuro al nacimiento de dos fuerzas políticas modernas, una socialdemócrata y otra liberal, más homogéneas ideológicamente que los tradicionales partidos populistas “catch-all”, que con sus interminables querellas internas, en algunas ocasiones salvadas a tiros, se han revelado nefastos para el funcionamiento de la democracia. Naturalmente, como es comprensible deben salvar todavía importantes obstáculos. En el caso de la coalición liberal de centro, el obstáculo más evidente es la aspiración latente de varios candidatos a posicionarse mejor frente a las presidenciales del 2015. El sistema presidencialista, dado que entrega un único premio, se revela poco propicio para favorecer estas coaliciones. En el caso de la coalición de centroizquierda, el obstáculo lo genera la acción de un grupo intransigente en el FAP, representado por las figuras de Claudio Lozano y Víctor de Gennaro, que por pruritos ideológicos decimonónicos vienen obstaculizando sistemáticamente los esfuerzos de Binner por ampliar su coalición. La constitución de estas dos coaliciones electorales debe hacerse conjugando al mismo tiempo la conformación de un pacto o acuerdo institucional entre ambas formaciones. El objetivo, en esta primera etapa, pasa por la oposición a la reforma constitucional que busca la segunda reelección de Cristina Fernández. Ese objetivo galvanizador debiera ser enriquecido más adelante con una propuesta más ambiciosa, pensando en el 2015, que ponga las bases de un proceso de reconstrucción institucional en términos equivalentes a lo que significó el Pacto de la Moncloa que dio inicio al proceso de transición en España. Aquí el problema reside en que las aspiraciones a asentar y consolidar cada una de las coaliciones en formación pueden estropear los esfuerzos conjuntos para conformar el pacto que dé lugar al proceso de reconstrucción institucional. Una muestra de estos conflictos laterales es la iniciativa del FAP de juntar un millón de firmas para que se convoque a un referéndum que se pronuncie sobre la necesidad de la reforma constitucional. Esta iniciativa debió ser generosamente ofrecida al resto de partidos para formularla conjuntamente y no utilizada para sacarle rédito electoral por una sola fuerza partidaria. La explosión de protesta popular del 13-S muestra a las claras que existe una fuerte demanda social que reclama mejorar la calidad de nuestras instituciones. Los dirigentes de los partidos políticos tienen ahora que sintonizar con esa demanda social y alcanzar los acuerdos y pactos institucionales que permitan renovar la estructura de los partidos políticos y nivelar el terreno institucional, impidiendo el uso faccioso del aparato estatal. Si esos objetivos finalmente se alcanzan, será una buena noticia para Argentina. Se habrán puesto las bases para construir una autopista que nos traslade directamente hacia la ansiada modernidad.