“Aplican leyes reaccionarias”
Cuando en el 2011 los legisladores oficialistas y sus aliados sancionaron a mano alzada y con festejos entusiastas la ley 26734, llamada ley Antiterrorista, argumentando que era una exigencia de un organismo internacional –el GAFI– necesaria para combatir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico o del terrorismo, diversas voces –inclusive de simpatizantes del gobierno– expresaron sus cuestionamientos por considerarla una herramienta peligrosa en relación a las garantías constitucionales y por su muy posible aplicación a quienes formularan reclamos por derechos conculcados o cuestionaran las políticas gubernamentales. Esos serios reparos pretendieron ser refutados por el oficialismo mediante el remanido recurso de la descalificación y con el sofisma de que, siendo el actual un gobierno “nacional y popular” –como se rotula el kirchnerismo–, jamás aplicaría esa ley a las protestas sociales o casos similares, reiterando el argumento de que reprimir el lavado de dinero era el objetivo principal de la ley. Sin embargo, hasta la fecha y transcurridos tres años de su vigencia no se conocen casos en que se haya perseguido y aplicado esa ley a quienes cometen tales delitos, que a no dudar son bastantes habituales en el país . Pero en cambio sí se cumplieron las referidas reservas sobre su aplicación en los casos de ejercicios de derechos ciudadanos. Así, en la provincia de Santiago del Estero –bastión electoral del kirchnerismo– un fiscal federal acusó al periodista Juan Pablo Suárez por los delitos de “sedición” y de “incitar a la violencia colectiva contra las instituciones” con penas que van de seis a doce años por aplicación de la ley Antiterrorista. Además, está el antecedente de Catamarca, donde en enero del 2012 también otro fiscal federal acusó en el marco de la ley Antiterrorista a un grupo de ciudadanos que protestaban contra la empresa La Alumbrera, que explota los yacimientos de cobre y oro a cielo abierto provocando graves daños en el medioambiente. Vale recordar que dicha empresa estaba siendo investigada por los delitos de contaminación ambiental. Estos hechos muestran la paradoja de que gobierno que presume de “nacional, popular, democrático y progresista”, que cacarea con la defensa de los derechos humanos, no vacila en sancionar y aplicar contra sectores populares que defienden causas justas leyes reaccionarias, leyes que están en las antípodas de tales postulados. Carlos A. Segovia, LE 7.304.065 Cipolletti
Carlos A. Segovia, LE 7.304.065 Cipolletti
Cuando en el 2011 los legisladores oficialistas y sus aliados sancionaron a mano alzada y con festejos entusiastas la ley 26734, llamada ley Antiterrorista, argumentando que era una exigencia de un organismo internacional –el GAFI– necesaria para combatir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico o del terrorismo, diversas voces –inclusive de simpatizantes del gobierno– expresaron sus cuestionamientos por considerarla una herramienta peligrosa en relación a las garantías constitucionales y por su muy posible aplicación a quienes formularan reclamos por derechos conculcados o cuestionaran las políticas gubernamentales. Esos serios reparos pretendieron ser refutados por el oficialismo mediante el remanido recurso de la descalificación y con el sofisma de que, siendo el actual un gobierno “nacional y popular” –como se rotula el kirchnerismo–, jamás aplicaría esa ley a las protestas sociales o casos similares, reiterando el argumento de que reprimir el lavado de dinero era el objetivo principal de la ley. Sin embargo, hasta la fecha y transcurridos tres años de su vigencia no se conocen casos en que se haya perseguido y aplicado esa ley a quienes cometen tales delitos, que a no dudar son bastantes habituales en el país . Pero en cambio sí se cumplieron las referidas reservas sobre su aplicación en los casos de ejercicios de derechos ciudadanos. Así, en la provincia de Santiago del Estero –bastión electoral del kirchnerismo– un fiscal federal acusó al periodista Juan Pablo Suárez por los delitos de “sedición” y de “incitar a la violencia colectiva contra las instituciones” con penas que van de seis a doce años por aplicación de la ley Antiterrorista. Además, está el antecedente de Catamarca, donde en enero del 2012 también otro fiscal federal acusó en el marco de la ley Antiterrorista a un grupo de ciudadanos que protestaban contra la empresa La Alumbrera, que explota los yacimientos de cobre y oro a cielo abierto provocando graves daños en el medioambiente. Vale recordar que dicha empresa estaba siendo investigada por los delitos de contaminación ambiental. Estos hechos muestran la paradoja de que gobierno que presume de “nacional, popular, democrático y progresista”, que cacarea con la defensa de los derechos humanos, no vacila en sancionar y aplicar contra sectores populares que defienden causas justas leyes reaccionarias, leyes que están en las antípodas de tales postulados. Carlos A. Segovia, LE 7.304.065 Cipolletti
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