Espionaje ilegal: Macri se presentará ante la justicia, dijo su abogado y denunció una «persecución judicial»

El expresidente fue convocado por la Justicia a indagatoria para el 7 de octubre en la causa iniciada por familiares de víctimas del ARA San Juan.





El abogado Pablo Lanusse, defensor del expresidente Mauricio Macri, aseguró hoy que el exmandatario “habrá de presentarse oportunamente ante la Justicia”, luego de que se conoció que fue convocado a indagatoria en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal contra los familiares y allegados de los tripulantes del submarino Ara San Juan.

Lanusse lo manifestó a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social Twitter donde, además, sostuvo que el llamado a indagatoria forma parte de “un atropello y una persecución judicial en su contra”.

“Mauricio Macri fue citado a declarar por el juez de Dolores por supuesto espionaje a familiares del ARA San Juan. En respeto al dolor de los familiares, y a la honra de los héroes que allí fallecieron, no se tolerará la utilización del caso con fines electorales ni políticos”, sostuvo el abogado en el primero de los mensajes que difundió esta tarde.

El juez federal de Dolores Martín Bava citó hoy a declaración indagatoria el próximo 7 de octubre y prohibió la salida del país al expresidente. La decisión fue del juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, quien lo convocó para el próximo 7 de octubre a las 11.00.

«Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri», advirtió Bava en el fallo de 166 carillas.

Se trata de la primera citación a declarar en calidad de imputado para Macri desde que dejó la Presidencia de la Nación.

En el mismo fallo, el juez procesó sin prisión preventiva al extitular de la AFI en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, y a la su ex segunda en el organismo, Silvia Majdalani con embargos de 20 millones de pesos para cada uno y a otros imputados.

El espionaje ilegal «se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares quienes para ese entonces, eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional», remarcó Bava en su fallo.

«Todo esto es de una gravedad inconmensurable para nuestro país, nuestra democracia y nuestra historia, y como dije, es deber del poder judicial investigarlo y sancionarlo», agregó.

La «gravedad de los hechos aquí ventilados constituye no solo una conculcación al sistema democrático, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado Argentino, por inmiscuirse en la vida privada e intimidad de éstas mujeres y de las familias que estaban atravesando uno de los mayores golpes de su vida, como es la desaparición de un ser querido», evaluó.


Las sospechas sobre el expresidente


Macri se reunió por primera vez con los familiares de los tripulantes del ARA San Juan el 20 de noviembre del 2017, cinco días después de la desaparición del submarino. Antes de la realización de ese encuentro, consideró el juez, hubo maniobras de espionaje ilegal.

De acuerdo con la información que pudo recabar y analizar hasta aquí el juez con las indagatorias y otras medidas de prueba, se sospecha que Arribas y Majdalani ordenaron seguir e identificar a familiares.

Esto, sostuvo el juez, “Majdalani pretendió justificar adjudicando razones de seguridad presidencial”. Y señaló que las maniobras consistieron en “que los agentes de la AFI realizaron un informe” sobre dos mujeres -esposa y hermana de dos de los tripulantes desaparecidos-.

Sobre ellas, la AFI preparó fotografías y datos de identificación. “Y hasta adjuntaron sus perfiles de redes sociales en las que se indicaban cuáles eran sus opiniones sobre algunos funcionarios del entonces Gobierno Nacional y sobre el manejo que estos tenían respecto la desaparición del submarino”, dice el fallo.

Según Bava, “sostener la idea de que puedan hallarse factores de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional en eventos de este tipo, remonta a inaceptables épocas anteriores a la recuperación de la democracia, en las que se efectuaban similares tareas de espionaje político interno, recopilando información de numerosos ciudadanos en base a su militancia sea esta partidaria, gremial, comunitaria, etcétera”.

Para el magistrado, esa producción de inteligencia ilegal no pudo deberse a hechos en los que las autoridades de la AFI pudieron haber “extralimitado” sino a una directiva precisa emanada de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.

“Este accionar no puede ser admisible y deber del Poder Judicial sancionar, no sólo por imperativo legal, sino como garantía de no repetición de estas prácticas aberrantes”, sentenció Bava.

“¿Qué amenaza a la seguridad interior o a la seguridad presidencial puede presuponer dos mujeres en un predio custodiado por diversas fuerzas policiales y/o militares que lo único que querían era tener unos minutos de la atención de la máxima autoridad de la República en aquel entonces? Sostener que en estos hechos tan banales se encuentra en riesgo la seguridad nacional es de una peligrosidad que deja en estado de indefensión a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas del país, debido a que cualquier persona puede ser sospechosa y así justificar la elaboración de un informe y estar dentro de los archivos de la Agencia Federal de Inteligencia”, escribió Bava en su fallo.


Agencia Télam/Corresponsalía Buenos Aires

En el capítulo de la resolución dedicado a la decisión de citar a indagatoria a Macri, el juez sostuvo que, en principio, «determinar la transgresión a la Ley 25520 (ley de Inteligencia) es identificar los límites del poder del Estado para con todos los ciudadanos de la República Argentina».

«Corresponde detallar que se le imputa desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias», detalló la resolución.


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