“No logra ocultar su evidente oportunismo”

Sin asumir ningún tipo de responsabilidad por la situación “descontrolada” de la Secretaría de Inteligencia, la presidenta de la Nación anunció su disolución y su reemplazo por un nuevo organismo: la Agencia Federal de Inteligencia. La oscuridad de su actividad, el gasto sin control de fondos y las prácticas cuasi mafiosas de los llamados “servicios” fueron tolerados y hasta, en algunos casos, utilizados durante los gobiernos kirchneristas para espiar a políticos, periodistas y dirigentes sociales. Los “carpetazos”, “aprietes”, escuchas y videos fueron parte de una metodología espuria que, es vox populi, sirvió en muchos casos para condicionar la actuación de magistrados judiciales en causas que afectaron a hombres del gobierno, acerca de lo cual se ha escrito en abundancia. (*) Pero, más allá de esta práctica del esquive perpetuo, la decisión presidencial no logra ocultar su evidente oportunismo, tomada más por necesidad que por convicción, como una forma de salir de la grave crisis institucional, crisis que la oscura y trágica muerte del fiscal federal Alberto Nisman ha expuesto a los ojos de la ciudadanía. Sin embargo, si bien la responsabilidad principal del manejo de la Secretaría de Informaciones le corresponde a la titular del Poder Ejecutivo, en cuya órbita se encuentra ese organismo, una cuota importante recae en el Congreso nacional en razón de que ley 25520 de Inteligencia Nacional le delegaba expresamente la facultad de control a través de una comisión bicameral al disponer en su artículo 31 que “Los organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional serán supervisados por la comisión bicameral, con la finalidad de fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes… La comisión tiene amplias facultades para controlar e investigar de oficio…”. Esa comisión de 14 miembros –siete senadores y siete diputados–, integrada entre otros por los senadores regionales Miguel Ángel Pichetto y Marcelo Jorge Fuentes, no cumplió su cometido específico y se despreocupó de la misión encomendada por ley, cuya importancia quedaba resaltada por ser el único órgano de control y supervisión de la actividad de “inteligencia”. La conducta negligente de la comisión –que ni siquiera se reúne– comprende a todos sus miembros, tanto oficialistas como opositores, y es cuestionada desde hace mucho tiempo por distintos sectores sociales que reclamaron preocupados por su inoperancia ante el creciente avance del peligroso accionar de los “servicios”. En este sentido, el 27 de diciembre de 2012, la Asociación para los Derechos Civiles (ADC) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), preocupados por la falta de transparencia de los mecanismos de control parlamentario, formularon un pedido de informes a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Justificaron esa solicitud “en que la comisión permanece bajo el más riguroso y oscurantista secreto, concepción propia de una doctrina antidemocrática de Inteligencia, por lo que expresamos nuestra preocupación respecto del grado y calidad de cumplimiento de las prerrogativas expresamente reguladas en la ley 25520/01 de Inteligencia Nacional, relativas a las facultades para el control parlamentario del funcionamiento del sistema de inteligencia nacional” y requirieron una serie de informaciones sobre la cuestión planteada, sin obtener ningún tipo de satisfacción al pedido, desconociendo el derecho ciudadano a la información. Vale señalar que esas entidades están integradas por personalidades reconocidas en el tema, como los exjueces que juzgaron a las Juntas Militares León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, el penalista Alberto Binder, la filósofa Diana Maffía y el jurista Eduardo Oteiza, entre otros. Por lo tanto, si bien es cierto –como dice la presidenta– que ningún gobierno posterior a la dictadura se preocupó por ejercer un control democrático sobre las actividades vinculadas con la “inteligencia nacional”, esto no excusa su propia responsabilidad, ya que durante gran parte de su gestión no sólo no hizo nada para cambiar la corrupción existente en el organismo sino que incluso la alentó al poner en la conducción del Ejército al general César Milani, un hombre del espionaje con denuncias por delitos de lesa humanidad. (*) “SIDE, la Argentina secreta”, Gerardo Young (Planeta); “Sr. juez. Una biografía judicial de Norberto Oyarbide”, Daniel Santoro (Ediciones B). Carlos A. Segovia, LE 7.304.065 Cipolletti

Carlos A. Segovia, LE 7.304.065 Cipolletti