Autorizaron la prisión domiciliaria para condenado por intento de femicidio en Bariloche

El juez Héctor Leguizamón Pondal admitió el pedido de los defensores particulares del condenado a 11 años de prisión y dispuso el beneficio por 30 días. El fiscal Martín Lozada se había opuesto.

Después de varios intentos, finalmente, los abogados particulares de Pablo Cáceres, que fue condenado a 11 años de prisión por el delito de intento de femicidio de su expareja, Yanina Muñoz, lograron que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria por 30 días.

El juez Héctor Leguizamón Pondal admitió el hábeas corpus que habían presentado los defensores particulares de Cáceres y autorizó -de manera excepcional- la prisión en su domiciliaria para el joven.

Leguizamón Pondal ordenó que Cáceres sea trasladado desde el penal hasta su domicilio, con pulsera electrónica, como había requerido la fiscalía. Aceptó el pedido de la defensa por razones de humanidad y para resguardar la salud integral del detenido. Además, la sentencia condenatoria aún no está firme.

Cáceres fue condenado por haber intentado matar a su expareja a la que le efectuó varios disparos con un arma de fuego la noche del 26 de mayo del año pasado, en el barrio Elflein de Bariloche.

Cáceres podrá permanecer en su domicilio durante 30 días, con control permanente del servicio penitenciario provincial.

El fiscal jefe Martín Lozada se había opuesto a concederle el beneficio de la prisión domiciliaria a Cáceres. Así lo planteó en la audiencia que se hizo este viernes al mediodía. Consideró que se le debe exigir al servicio penitenciario provincial los alimentos que la dieta del interno requiera.

Leguizamón Pondal dirigió la audiencia, que habían solicitado los defensores particulares Horacio Brucellaria y Jorge Olguín, que pidieron la prisión domiciliaria para Cáceres porque advirtieron de que en el establecimiento penitenciario no recibe la atención adecuada a las patologías severas que presenta, ni la dieta pertinente.

El abogado Horacio Brucellaria defiende a Pablo Cáceres (derecha). (Archivo)

Desde el Poder Judicial informaron que el forense Leonardo Saccomano declaró en la audiencia y explicó sobre las condiciones de detención y el sistema de alimentación que Cáceres recibe en el penal 3 de Bariloche.

Además, se consignó el informe del médico del penal Mario Camino. “Del mismo se desprende que Cáceres ha sido revisado, que sus parámetros vitales se encuentran dentro de los límites normales y que sufre dos patologías que ameritan efectivos cuidados, por caso hemorragias, que requieren una dieta adecuada y trombosis crónica por lo que se encuentra permanentemente anticoagulado”, explicaron en el informe.

“En esta ultima patología se detalló que una herida sería un riesgo y también que se dificulta la implementación de la dieta especial por lo que recomienda el arresto domiciliario”, manifestaron.

En la audiencia mencionaron además el informe de la encargada de la dieta del penal local, quien señaló que cuentan solamente con alimentos estandarizados básicos. Por lo tanto, la dieta prescripta a Cáceres se cumple de manera parcial. Saccomano afirmó que las patologías mencionadas requieren una atención que hoy no puede brindar el penal.

Lozada recordó que Cáceres está condenando a 11 años de prisión y que está situación puede transformarse “en una excusa”. Afirmó que podría ser alojado en alguna unidad que cuente con las condiciones sanitarias que se requieren.

Leguizamón Pondal afirmó que, efectivamente, Cáceres fue condenado a 11 años de prisión. No obstante, aclaró que como juez de amparo debe resolver con la inmediatez y celeridad que el caso requiere.

Dijo que tenía razón el fiscal en sus apreciaciones. Sin embargo, y a fin de evitar agravamientos en la salud del interno, dispuso la prisión domiciliaria del interno, la que será revisada en el plazo de 30 días.

“Ello en un marco de excepcionalidad y en mérito a la cuestión humana que se plantea, tal como la salud integral del detenido. Por ello se solicitará la habilitación de la feria judicial”, informaron desde el Poder Judicial.

En la resolución y tal como lo solicitó la Fiscalía se ordenó la colocación de la pulsera previo a la salida del penal con monitoreo permanente. Se oficiará a las autoridades policiales a fin de que efectúen un control diario y se intimará al responsable del servicio penitenciario provincial, Hugo Cecchini, que cumplimente los recaudos necesarios en el plazo de los 30 días dispuestos.


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