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Opinión

El gobernador Jorge Sapag firmó en abril pasado dos decretos, números 689 y 690, que otorgan aportes económicos no reintegrables -o sea, gratuitos- por la suma total de $ 340.700 cada uno, a dos comunidades mapuches, destinados a la compra de un medio de movilidad 4×4 “para la comisión directiva”. El texto es el mismo en los dos decretos, con la sola y necesaria excepción del nombre de las dos comunidades: la primera se llama Chiquilihuin, y la segunda Huayquillán-paraje Colipilli. En este caso, el texto del considerando difiere del primero solo en que “dentro de las actividades que desarrolla la mencionada comunidad se destacan labores operativas de larga y corta distancia respecto a las localidades de El Huecú y Chos Malal, además de realizar traslados de trashumancia a la veranada”. El trámite del primer decreto, el 689, se inició en el año 2014. Lleva, como el segundo, el refrendo del ministro Coordinador de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Claudio Gastaminza, y la firma del ex ministro de Acción Social de Jorge Sobisch, ahora “Secretario Coordinador del Interior”, Jorge Lara, quien de hecho se ocupa de la relación con las comunidades mapuches, que también votan. En el manejo de esas relaciones Lara es un consagrado especialista. > Trámite veloz El trámite del segundo decreto fue más veloz, porque se inició en el mismo año 2015. Como el anterior, esté fechado el ocho de abril, 18 días antes de las elecciones. En el final de los considerandos se afirma que “el presente se encuadra dentro de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por la ley 2141 de Administración Financiera y Control, su decreto reglamentario y demás normas financieras vigentes”. La ley tiene 134 artículos. El decreto reglamentario, firmado por Jorge Sobisch y refrendado por los ministros Pujante, Sapag, Sapag (sí, son dos) y Lara, suma en dos anexos 225 artículos más, lo que hace un total de 359 artículos. Sin hablar de las “normas financieras vigentes” que no se individualizan, el autor de esta nota se declara totalmente incapaz de identificar, dentro de esa masa de normas, a las aplicables, de modo que no queda otra que resignarse. A los loncos (jefes) de las comunidades les habrá bastado con que les entreguen la plata (lo que, es de suponer, sucedió antes del 26 de abril), tal cual lo disponen los dos decretos, que en tono imperativo y tipografía mayúscula ordenan a la Tesorería “liquídase y págase”.

Jorge Gadano | jorgegadano@gmail.com