Fiscalía insistió con llevar a juicio a sindicalistas del Soyem

Fiscalía insistió con llevar a juicio a sindicalistas del Soyem

“Es voluntad del Ministerio Público Fiscal que el caso sea debidamente dilucidado en un juicio oral y público y que haya una sentencia”, afirmó hoy el fiscal Guillermo Lista ante los jueces del Tribunal de Impugnación, Miguel Cardella, Andrés Zimmermann y Mario Altuna.

Lista pidió a los jueces rechazar el recurso de impugnación que el defensor de 9 trabajadores municipales imputados por los delitos de atentado y perturbación de una sesión del Concejo Municipal promovió para que se revoque la resolución que denegó el beneficio de la suspensión de juicio a prueba para los acusados.

Entre los imputados está el secretario general del sindicato de los trabajadores municipales, Juan Fuentes, el secretario gremial, Adrián Arroyo, Facundo Nazareno González y Lucas Richards, que integran la comisión directiva del Soyem. Además, están imputados José Manuel Pincheyra, Juan Evangelista Hermosilla Barrientos, Cristian Ariel Catriman, Víctor Hugo Oyarzo y Sandra Noemí Villanueva. Hoy, sin embargo, no asistieron a la audiencia.

El fiscal recordó que durante los incidentes de la sesión del 11 de diciembre de 2015, cuando fue sancionada la ordenanza que declaró la emergencia económica del municipio, que la fiscalía atribuyó a los imputados, “hubo una afectación al normal funcionamiento de un órgano de la democracia (por el Concejo Municipal) y a sus integrantes que fueron electos por la voluntad popular”.

Advirtió que se trató de “actos gravísimos que no sólo afectaron la dignidad de las personas” además hubo concejales lesionados.

“Aquí no se está inventando nada”, aclaró Lista en la audiencia, que se hizo hoy al mediodía en Tribunales. “No es una decisión antojadiza”, señaló al solicitar que vayan a juicio.

La abogada Marcedes Lasmartres, que representa a la concejala oficialista Cristina Painefil, que es querellante en la causa, adhirió al planteo de la fiscalía y solicitó rechazar el recurso de impugnación.

El defensor particular Gustavo Morlachi planteó los argumentos para que el tribunal deje sin efecto la resolución del juez Gregor Joos, que el 13 de marzo pasado rechazó los planteos de la defensa y confirmó la resolución del juez de garantías Bernardo Campana, que había desestimado conceder el beneficio de la suspensión de juicio a prueba a los acusados.

Tesis amplia para conceder la probation

Morlachi sostuvo que el Código Procesal Penal vigente adhiere a la tesis amplia para la concesión del beneficio de la suspensión de juicio a prueba cuando se dan las condiciones objetivas como no tener antecedentes penales, que no sean funcionarios públicos y que la pena no sea mayor a 3 años de prisión. Enfatizó que en este caso no hay motivación suficiente para que se les niegue a los acusados el beneficio y de esa forma no ir a juicio.

Aseguró que desde la Procuración del Poder Judicial no hay un mandato o una directiva que indique cuáles son los casos donde la fiscalía debe avalar el pedido de una probation o desestimarlo en función de la gravedad del hecho. Sostuvo que la resolución impugnada atacó el derecho de defensa de los acusados.

Por eso, solicitó a los jueces que deje sin efecto la resolución impugnada y que les conceda la suspensión de juicio a prueba a los 9 imputados o declare la nulidad de la resolución atacada para que un nuevo tribunal analice el caso. En todas las etapas que lleva el proceso la fiscalía se opuso a concederles a los imputados el beneficio de la probation.

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Lista señaló que “si optarámos por la tesis amplia”, como indica la defensa, “perderíamos de vista el eje de nuestro Código Procesal Penal que indica que debe haber conformidad del Ministerio Público Fiscal para otorgar la suspensión de juicio a prueba”.

“No sólo los afectados quieren, sino toda la sociedad espera que el caso llegue a juicio y que haya una sentencia para saber cuál es la posición de la justicia. Para que defina si son hechos irrelevantes o aleccionadores”, señaló Lista.

La sentencia del Tribunal de Impugnación, que resolverá si la causa va camino al juicio o no, se conocerá en 20 días.