La columna semanal: cordones

El análisis sobre el fracaso de la licitación de una obra clave para Bariloche como el colector cloacal Costanera, en la visión del periodista Daniel Marzal.

31 mar 2018 - 15:40

Admitir la necesidad de una infraestructura básica e indispensable, por ejemplo el colector cloacal costanero. Definir el proyecto ejecutivo. Llamar a licitación. Recibir las ofertas. Chequear la aptitud de las empresas cotizantes. Elegir la mejor. Adjudicar, firmar el contrato y luego controlar la ejecución.

Parece fácil. La gestación y concreción de cualquier obra pública no debería apartarse demasiado de esta secuencia.

El año pasado la empresa CPC SA fue seleccionada por el gobierno nacional para construir el colector. Un celebrado paso adelante que llegó luego de demandas y promesas amasadas durante años, como ocurre con la mayoría de las obras públicas.

A pesar de la urgencia por resolver el déficit de saneamiento que arrastra Bariloche, los trabajos nunca comenzaron. La insolvencia económica de CPC y las desventuras judiciales de su propietario, Cristóbal López, tuvieron al parecer mucho que ver.

Contrato rescindido y a empezar otra vez.

El Estado nacional y también el provincial cuentan con profusa legislación que regula los procedimientos licitatorios. Abundan las unidades ejecutoras, las oficinas de auditoría, los equipos técnicos. Aun así los errores se repiten.

Parecido desenlace al del colector y CPC tuvo la obra de modernización de la calle Mitre, adjudicada en 2015 a la constructora Planobra, que incurrió en numerosas fallas de ejecución y dejó los trabajos inconclusos.

Cuando todavía era la mejor alumna de la clase, Planobra también obtuvo de la provincia el contrato local para el mantenimiento de las escuelas barilochenses, que también abandonó.

Al observador común le cuesta entender por qué los funcionarios a cargo de definir una licitación son engañados en serie por empresas fallidas o a punto de serlo. Intriga también por qué esos trámites amañados no suelen motivar denuncias públicas por parte de las firmas perdedoras.

A los beneficiarios frustrados sólo les queda reciclar la paciencia y volver a reclamar.

La impresión es que los responsables de realizar las licitaciones tropiezan, se levantan y al rato vuelven a tropezar, sin atinar al menos a atarse los cordones. O tal vez no sea simple indolencia y existan otras razones negadas al simple observador.

Daniel Marzal

DeBariloche

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