Barrios de verdad
Las villas miseria son parte de la Argentina. Fingir lo contrario es una forma de discriminación.
Para muchos, se tratará de un asunto sin importancia, de un detalle meramente anecdótico, pero la decisión del gobierno porteño de dar nombres a las calles de las llamadas «villas de emergencia» -o sea, las «villas miseria»- de su jurisdicción es una señal más de que por fin la clase dirigente del país ha entendido que la política tradicional frente a los asentamientos así denominados ha sido totalmente equivocada. En efecto, como muestra a las claras el eufemismo oficialmente preferido, durante más de medio siglo ha sido rutinario tratarlos como si fueran fenómenos pasajeros, aberraciones que pronto desaparecerían al trasladarse los «villeros» a barrios residenciales más cómodos gracias al crecimiento de la economía o la intervención de políticos bienintencionados. Obvio es decirlo que esto no es lo que ha ocurrido. Pese a los esfuerzos de los resueltos a suprimirlas, las «villas miseria» que se encuentran tanto en la Capital Federal como en otros centros urbanos del país han continuado existiendo y, tal como están las cosas, es más que probable que se conserven muchas décadas más, aunque es factible que andando el tiempo se transformen por completo: son muchos los barrios residenciales ricos que en un momento fueron lo que hoy en día se llamaría una «villa miseria».
La negativa de una larga serie de gobiernos, algunos democráticos, otros dictatoriales, a oficializar los nombres de las calles de las villas reflejaba la resistencia de muchos dirigentes a reconocer las dimensiones de los problemas planteados por la pobreza en la Argentina y lo difícil que sería atenuarlos. Generaciones de políticos de todas las tendencias han procurado en efecto excluir las villas del país formal, como si quienes viven en ellas fueran sin techo en tránsito, no personas que hacían cuanto podían para formar hogares y conseguir construirse una casa permanente. Desde luego que esta actitud miope no ayudó en absoluto a mejorar la suerte de los villeros mismos, los cuales, sin un domicilio con una dirección «normal», siempre se han topado con dificultades adicionales a la hora de buscar trabajo. Asimismo, la idea misma de que las villas de «emergencia» no forman parte de la Argentina real ha hecho de sus habitantes miembros de una minoría reconocida que a juicio de los demás merecen ya la solidaridad, ya el desprecio, pero que de ningún modo deberían considerarse personas comunes.
Finalmente conscientes de que las políticas urbanísticas tradicionales no servían para nada bueno, las autoridades porteñas han elegido la única alternativa sensata, la cual consiste en colaborar para que los habitantes mismos de lo que siempre han sido barrios pobres mejoren tanto sus propias casas como la infraestructura de la localidad. Es decir, quieren que estos barrios -lo mismo que todos los demás- se hagan más prósperos, y parecen entender que convendría aprovechar los vínculos emotivos de los habitantes con su lugar de resistencia en vez de intentar destruirlos. Si bien por razones evidentes se tratará de un proceso muy largo, constituye un avance fundamental cuando se lo compara con los emprendidos por gobiernos anteriores que, por motivos estéticos, propagandísticos o paternalistas, sólo se propusieron «erradicar» los barrios pobres, trasladando a sus moradores a monobloques o, en el caso del régimen militar, forzándolos a subir a trenes que los llevarían a su presunto lugar de origen.
Por ser la Argentina un país relativamente pobre y poco equitativo, de servicios públicos malos, es lógico que abunden las «villas miseria». Aunque la mayoría, comenzando con el grueso de los villeros mismos, preferiría que todos poseyeran casas o departamentos «decentes», se trata de un ideal por ahora inalcanzable. Mientras tanto, hay que reconocer que las villas son parte de la Argentina y que fingir lo contrario, negándoles la condición de barrios auténticos y tratando a quienes viven en ellas como si fueran intrusos que deberían irse a otra parte cuanto antes, es una forma de discriminación que, lejos de atenuar la extrema pobreza, contribuye a agravarla al hacer de los pobres parias en ciudades que son tan suyas como lo son de sus vecinos de ingresos mayores.
Para muchos, se tratará de un asunto sin importancia, de un detalle meramente anecdótico, pero la decisión del gobierno porteño de dar nombres a las calles de las llamadas "villas de emergencia" -o sea, las "villas miseria"- de su jurisdicción es una señal más de que por fin la clase dirigente del país ha entendido que la política tradicional frente a los asentamientos así denominados ha sido totalmente equivocada. En efecto, como muestra a las claras el eufemismo oficialmente preferido, durante más de medio siglo ha sido rutinario tratarlos como si fueran fenómenos pasajeros, aberraciones que pronto desaparecerían al trasladarse los "villeros" a barrios residenciales más cómodos gracias al crecimiento de la economía o la intervención de políticos bienintencionados. Obvio es decirlo que esto no es lo que ha ocurrido. Pese a los esfuerzos de los resueltos a suprimirlas, las "villas miseria" que se encuentran tanto en la Capital Federal como en otros centros urbanos del país han continuado existiendo y, tal como están las cosas, es más que probable que se conserven muchas décadas más, aunque es factible que andando el tiempo se transformen por completo: son muchos los barrios residenciales ricos que en un momento fueron lo que hoy en día se llamaría una "villa miseria".
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora