Batalla inevitable
Al abogar en favor de una devaluación, el gremialista Moyano se convirtió en “enemigo público”.
El sindicalismo tal como lo conoce la Argentina fue la creación del general Juan Domingo Perón que, inspirándose en el corporatismo que estaba en boga en el sur de Europa durante la primera mitad del siglo pasado, quiso hacer del movimiento obrero uno de los pilares, cuando no “la columna vertebral”, del Estado autoritario que tenía en mente. Aunque incluso los líderes sindicales han evolucionado desde entonces, siguen representando un “modelo” socioeconómico universalmente desacreditado que es totalmente incompatible con el vigente. Para que éste funcione, pues, será necesario que el sindicalismo se actualice o, si esto le resulta imposible, que sea debilitado hasta tal punto que ya no plantee un peligro ni a la economía ni al orden constitucional. Algunos sindicalistas entienden esta realidad pero muchos prefieren no darse por aludidos, ya porque están sinceramente convencidos de que el mundo actual es tan malo que hay que luchar contra él aunque hacerlo no sirva para nada, ya porque son corruptos resueltos a hacer valer su poder chantajeando al gobierno de turno a fin de extorsionarle privilegios.
A juicio de buena parte de la ciudadanía, la mayoría de los sindicalistas locales pertenecen a esta segunda categoría, la de los personajes corruptos que siempre antepondrán sus propios negocios a los intereses de los trabajadores, para no hablar del país en su conjunto, de ahí la imagen pública nada envidiable de la CGT. Esta impresión se ha visto reforzada por la decisión del líder de la MTA, el camionero Hugo Moyano, de proponer el abandono de la convertibilidad como solución para todos los males económicos nacionales. Su exigencia no atrajo a nadie fuera de la burocracia sindical desprestigiada: si bien los caciques gremiales tienen muchos motivos para recordar con nostalgia los decenios de inflación intensa que culminaron con estallidos hiperinflacionarios, los demás no comparten sus sentimientos. Por eso, al abogar en favor de una devaluación, Moyano se convirtió en enemigo público número uno, blanco de las críticas contundentes formuladas tanto por voceros oficiales como por dirigentes peronistas, lo cual brindó al gobierno del presidente Fernando de la Rúa una oportunidad excelente para contraatacar con vigor, lo que hizo quitándole a la CGT el control de 360 millones de dólares que manejan las obras sociales.
Algunos sindicalistas, ante la derogación del decreto hecho a su medida que el presidente Carlos Menem firmó poco antes de irse, han reaccionado amenazando, como es su costumbre, con declarar un paro general, pero sorprendería que a poco más de un mes del inicio de la gestión de la Alianza los trabajadores mismos mostraran demasiado entusiasmo por una huelga política destinada a defender los intereses personales de un puñado de gremialistas notorios. De fracasar un paro de este tipo, el gobierno saldría fortalecido, pero cometería un error si subestimara la capacidad de Moyano para ocasionarle dolores de cabeza. Como nos recordaron hace poco los empresarios transportistas contrarios al impuesto docente, los camioneros están en condiciones de provocar un sinfin de problemas a la sociedad. Se trata de un fenómeno internacional – en Francia este gremio es célebre por su voluntad de causar estragos -, por tratarse de una de las escasas ocupaciones tradicionales que han sido potenciadas por los cambios estructurales recientes.
Por supuesto, el enfrentamiento del gobierno con el sindicalismo no tiene mucho que ver con la convertibilidad, régimen que cuenta con la aprobación de casi todo el país. El pretexto formal consiste en la voluntad de De la Rúa de modificar la legislación laboral para que sea más flexible, lo cual, espera, serviría para que surjan más puestos de trabajo. Desde hace años, tanto aquí como en Europa, los gremios están oponiéndose a medidas de este tipo porque les significarían menos poder: por razones acaso comprensibles, se sienten comprometidos con esquemas laborales centralizados, lo que, al hacerse las economías cada vez más diversas y complejas, los ha convertido en la mayor barrera contra la creación de empleos.
El sindicalismo tal como lo conoce la Argentina fue la creación del general Juan Domingo Perón que, inspirándose en el corporatismo que estaba en boga en el sur de Europa durante la primera mitad del siglo pasado, quiso hacer del movimiento obrero uno de los pilares, cuando no “la columna vertebral”, del Estado autoritario que tenía en mente. Aunque incluso los líderes sindicales han evolucionado desde entonces, siguen representando un “modelo” socioeconómico universalmente desacreditado que es totalmente incompatible con el vigente. Para que éste funcione, pues, será necesario que el sindicalismo se actualice o, si esto le resulta imposible, que sea debilitado hasta tal punto que ya no plantee un peligro ni a la economía ni al orden constitucional. Algunos sindicalistas entienden esta realidad pero muchos prefieren no darse por aludidos, ya porque están sinceramente convencidos de que el mundo actual es tan malo que hay que luchar contra él aunque hacerlo no sirva para nada, ya porque son corruptos resueltos a hacer valer su poder chantajeando al gobierno de turno a fin de extorsionarle privilegios.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
